SE CONFRONTAN DIPUTADOS POR SEGURIDAD, DEUDA, PRESUPUESTO Y SALUD

*Puntos de acuerdo sobre recomendaciones levantan ámpula
*Proponen reformas al Código Penal para combatir la violencia
*Reclamo al Presidente por falta de vacunas para los menores
*Proponen definir plazos para dictaminar iniciativas en Congreso

POR AGP


Guanajuato, Gto. (11 de noviembre de 2021).– Este jueves en sesión del pleno del Congreso del Estado de Guanajuato nuevamente se repitió un escenario de confrontación entre los diputados del PAN y los diputados de Morena, que va perdurar durante esta legislatura, porque así lo manifestó la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, de Morena, quien en dos de sus intervenciones, en asuntos generales, “le puso el cascabel al gato”.

Alma Edwviges Alcaraz Hernández.

La primera, al proponer un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo y a la Secretaría Seguridad de Guanajuato para incrementar el estado de la fuerza, a la que respondió Martín López Camacho, pero tuvo la contrarréplica de Cuauhtémoc Becerra González y de Ernesto Prieto Gallardo; la segunda, por el punto de acuerdo para exhortar al gobernador a que no incremente la deuda pública y se garantice la atención a víctimas de la violencia.

A ellos, se sumó el punto de acuerdo, de obvia resolución, también, presentado por Ernesto Prieto Gallardo, sobre un exhorto al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a que realice un presupuesto de manera austera y privilegie a los sectores más desfavorecidos, la respuesta fue de Víctor Manuel Zanella Huerta.
Hubo otros exhortos que sí fueron aprobados, como el formulado a la Secretaría del Migrante, que propuso el diputado David David Martínez Mendezábal, de Morena, para la protección de los derechos humanos de los migrantes indígenas que llegan a trabajar a los campos agrícolas de Guanajuato, pero con el reclamo y añadido del diputado Miguel Salim Alle, del PAN, para que el exhorto también se haga al gobierno federal.
El otro exhorto aprobado fue el propuesto por la diputada Ruth Tiscareño Agoitia, del PRI, que suscribió también Alejandro Arias, por la que se exhorta al delegado del Seguro Social a que difunda y promueva el registro de las trabajadoras domésticas al Seguro Social.

RECLAMO AL GOBIERNO FEDERAL POR VACUNACIÓN

Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.

El diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, de la fracción del PRI, habló de la problemática generada por la pandemia Covid-19, destacando que no era entendible que aprobadas las vacunas no hubiera una inversión importante para adquirir suficientes, sobre todo porque no se ha abierto a toda la población, y no existía explicación clara de por qué la distribución a cuentagotas. Agregó que ahora la Covid-19 está causando mayores muertes en los jóvenes y niños, y el proceso de vacunación tenía poca celeridad, mientras que núcleos de población de los menores no la habían recibido, sin importar que padecieran alguna comorbilidad o enfermedad, teniendo que recurrir a los juicios de amparo interpuestos por los padres de varios menores; y precisó que las razones de metodología por edad, estado y región, parecieran tener un tinte electoral. “Esta reflexión -dijo el congresista- es una invitación al Gobierno Federal para que se tomen las acciones necesarias, en forma inmediata, para proteger a la niñez mexicana de mayores riesgos de pérdida de la vida por el Covid-19”, y formuló su reclamo: “con los niños no, señor Presidente”.

INICIATIVAS DE REFORMAS AL CÓDIGO Y LOM

Leticia González, María de la Luz Hernández y Laura Cristina Márquez.

De las propuestas de reformas a la Constitución, leyes y código penal, destaca la propuesta por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, a nombre de la bancada del PAN, sobre el Código Penal del Estado de Guanajuato para que la extorsión sea considerada dentro de los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas, con el propósito de fortalecer las acciones en materia de seguridad y procuración de justicia; así como proteger a la víctima y garantizar sus derechos. Además, propone especificar, en una de las actuales agravantes de la extorsión, la portación de arma de fuego y se aumente, de una mitad del mínimo a una mitad del máximo, la pena del básico.
También, hubo otra propuesta de reforma al Código Penal, que presentó la diputada María de la Luz Hernández Martínez, en la que se propone establecer agravantes al delito de feminicidio en los casos en que la víctima sea menor de edad, sosteniendo que al imponer una agravante al delito de feminicidio atendía a los principios de razonabilidad jurídica y proporcionalidad, y consideraban que la agravante buscaba brindar una mayor protección a las menores, que por su edad y por el entorno de cercanía o confianza que suele haber entre sujeto activo y la víctima, una niña o adolescente presenta una mayor vulnerabilidad y peligro frente a una persona adulta.
Por su parte, la diputada Leticia González Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, propuso reformas encaminadas a consolidar las capacidades y la legitimidad de la Contraloría Municipal, como ámbito de participación y de supervisión ciudadana. La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, pretende darle atribuciones al Comité Municipal Ciudadano para el proceso y designación del titular de la Contraloría Municipal.

Ernesto Alejandro Prieto Gallardo.

De igual forma, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, para impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares y apoyar a las víctimas de este delito. La iniciativa busca apoyar a las víctimas con la reparación del daño, cuando se compre un inmueble de un asentamiento irregular a base de engaños y falsas promesas, lo cual también traería beneficio a los entes de gobierno que tienen a su cargo la regulación del ordenamiento ecológico y territorial.
“Es un hecho indiscutible que los asentamientos humanos irregulares ocasionan un perjuicio público, especialmente en las finanzas municipales, que son el ente territorial que terminará, con el paso de los años, absorbiendo los gastos de inversión necesarios para dotar de servicios públicos al asentamiento humano irregular”.
Comentó que, en un lapso de 10 años, se tuvo un promedio de 3.4 investigaciones anuales correspondientes a este delito, cuando en el municipio de León se tienen identificados 113 fraccionamientos irregulares; en Celaya, 224, y en Irapuato, otros 48; la fiscalía ejerció acción penal sólo en dos denuncias, sin haber alguna sentencia dictada.

EVITAR EL VETO PARLAMENTARIO DE BOLSILLO

Dessire Ángel Rocha.

La diputada Dessiere Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano, se fue a la parte central del proceso legislativo al proponer reformas al marco jurídico de actuación del Congreso para garantizar a los ciudadanos un proceso legislativo óptimo, transparente y no discriminatorio. Su propuesta de iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato va encaminada a regular los plazos para la elaboración de los dictámenes legislativos como condición “sine qua non” en el proceso legislativo.
Expuso que la legislación guanajuatense es la única de las entidades federativas del país en la que los plazos de dictamen de una iniciativa de ley, decreto o punto de acuerdo, no están regulados, por lo que existe, “de facto”, un “veto parlamentario de bolsillo”, referido como la facultad discrecional, de la persona que preside una comisión legislativa o sus integrantes, que permite negarse a dictaminar una iniciativa, un decreto o un punto de acuerdo.
La propuesta busca subsanar este vacío legal, que lleva, intencionalmente o no, a que las iniciativas presentadas no concluyan su proceso legislativo, truncando el proceso legislativo, con lo cual se afectan los indicadores de eficiencia y transparencia legislativa, y que algunas iniciativas presentadas, que versan sobre temas de derechos humanos, se vean intencionalmente dilatadas en su etapa de dictamen, causando afectaciones por omisiones legislativas, que obligan a los ciudadanos a acudir a figuras de protección como el amparo.