APOYAN INDUSTRIALES PROPUESTA DE CANACINTRA SOBRE REFORMA ELÉCTRICA
*Se debe garantizar un marco regulatorio que dé certeza jurídica, que genere inversiones y empleos, así como precios justos y competitivos, sin que la CFE pierda la rectoría del sector
POR AGP
Celaya, Gto. (9 de febrero de 2021).- El análisis de la reforma eléctrica o contra reforma, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, debe centrarse en un marco regulatorio que dé certeza legal, que genere inversiones y empleos, así como precios justos y competitivos para el combustible y la electricidad, expuso Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dejando en claro que para ello no hace falta una reforma constitucional; sin embargo, de llevarse a cabo, ésta no puede regirse por criterios políticos e ideológicos, sino técnicos y legales, que beneficien a México.
Delegaciones locales y regionales de Canacintra respaldan la propuesta del presidente de Canacintra presentada en el 15avo foro del Parlamento Abierto, donde puso sobre la mesa los puntos de vista y propuestas de los industriales de este país, comentó Víctor Manuel Macías Paredes, vicepresidente de la Región Centro-Bajío de este organismo, reconociendo, como su presidente nacional, que el sector público y privado han logrado importantes avances para impulsar a un sector que es pilar para la economía mexicana, destacando el papel que ha jugado la Comisión Federal de Electricidad, los órganos reguladores, los centros de investigación tecnológica del sector y la coordinación entre la empresa pública y privada.
Sostuvo que, como todo sector industrial, debe haber una evolución, pero se tiene que evaluar lo que ha funcionado y corregir lo que ha fallado, pero no se puede marginar a la inversión privada como eje de la solución.
En este contexto Enoch Castellanos propuso tres elementos estratégicos que deben conducir el debate:
Primero: La necesidad de garantizar certeza legal y el derecho de participar libremente en los mercados lícitos. Respetar el derecho de inversionistas y de los trabajadores de la iniciativa privada, sin la amenaza de cancelar los permisos que fueron firmados bajo la normativa vigente.
Segundo: Alcanzar una reforma después de realizar un profundo análisis del sector, sin la manipulación de datos, por el peligro que representa, como sostener que con una reserva del 15% o 20% es suficiente para operar el Sistema Eléctrico Nacional; que eliminando los contratos privados se podrán desarrollar proyectos de alta eficiencia energética; que las necesidades pueden ignorar las redes eléctricas inteligentes, los sistemas de hidrogeno y la producción de energías limpias.
Y tercero: No sacrificar a la planta productiva privada en aras de las empresas públicas, porque ambas se necesitan y son complementarias.
En la actualidad, hay una inversión privada por 44 mil millones de pesos, por lo que indemnizar a los privados representaría de un uno a un 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), porque no se puede dejar de indemnizar, como opinó el director general de la CFE. La inversión privada no representa ni el 5% de lo que se necesita invertir para responder a la demanda, la cual en un 75% corresponde a la industria, que en un 50% son MIPyMES, y sólo un 25% a la doméstica.
Naturalmente hubo propuestas a favor de la reforma eléctrica, tal como la envió el Ejecutivo Federal, tanto por parte de diputados, como de funcionarios públicos.
Los industriales de este país, confían en que los legisladores federales, que apoyan la reforma tal como les llegó, reconsideren su postura y que se hagan sólo los ajustes necesarios para garantizar la rectoría del Estado, a través de la CFE.