MORENA Y 4T… ¿DELINCUENCIA ELECTORAL?

G. C. Samayoa Madrigal

El 22 de octubre de 2019 el presidente emitió memorándum pidiendo a los servidores públicos del Gobierno de México “abstenerse por completo de actuar, en su carácter de funcionarios públicos, en asuntos partidistas” y les prohibió “utilizar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público, que deben destinarse sin ninguna distinción y, exclusivamente, al beneficio de los ciudadanos”.

Tal orden deriva de la experiencia de López como opositor, según lo expresa… “enfrentamos y padecimos fraudes electorales cometidos desde el poder; es decir, sufrimos las injerencias del gobierno y el uso de recursos públicos para favorecer a candidatos y partidos. De modo que nosotros, por ningún motivo, podemos actuar de la misma manera. No es congruente, moral ni legal mantener éstas deleznables prácticas políticas. Nada de partido de Estado”.

Sostiene el memorándum que “ser de izquierda significa ser honestos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo” y que es propósito de la cuarta transformación “hacer realidad una auténtica democracia”, advirtiendo que “se pedirá la renuncia al cargo a quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática” y puntualizando que “el fraude electoral, por iniciativa nuestra, ya está tipificado en la Constitución como delito grave”.

Pero resulta que las acciones e instrucciones presidenciales finalmente anulan los términos de dicho documento, pues es el propio López el que alienta a sus servidores públicos a violar las leyes, normas y regulaciones electorales, igual o peor de como lo hicieron sus antecesores. De ello ha quedado muestra clara en los ejercicios comiciales de esta administración, empezando por las intermedias del 2021 y la ridícula consulta popular para “enjuiciar” a los expresidentes.

Y se soltó una verdadera andanada de agresiones a las leyes electorales, por parte de los miembros de Morena y de los servidores públicos de la 4t, en el proceso de revocación de mandato y últimamente en las campañas proselitistas del ejercicio comicial de este domingo 5 de junio.

Derivado de las infraccione cometidas en el proceso revocatorio, el Tribunal Electoral confirmó que durante el periodo de prohibición en el proceso de revocación de mandato, 16 gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, adscritos a Morena, hicieron propaganda al publicar en redes sociales un desplegado con logros de gobierno y apoyo al Presidente.

Señala como mandatarios infractores a los de Baja California, Campeche, Guerrero, Colima, Tlaxcala, Chiapas, Navarit, Sinaloa, Baja California Sur, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Incurrieron en promoción personalizada y vulneración al principio de imparcialidad, con otros mensajes difundidos en redes sociales y sus perfiles personales, la Jefa de Gobierno de la CDMX, la Gobernadora de Baja California y los gobernadores de Chiapas, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Puebla.

Asimismo, los magistrados determinaron una nueva multa a Mario Delgado, líder de Morena, de 300 UMAs, equivalentes a 28 mil 866 pesos, y al partido Morena de 500 UMAs, equivalentes a 48 mil 110 pesos, por infracciones a la veda electoral con mensajes en sus redes e invitación a traslado de electores el día de la jornada electoral.

Así, Mario Delgado vulneró las reglas de promoción y difusión de la revocación de mandato al difundir una publicación en redes sociales y conceder diversas entrevistas exhortando a la ciudadanía a participar en el ejercicio revocatorio, además de que ofreció transporte para trasladar a los centros de votación a quienes quisieran acudir.

El Tribunal también tuvo en consideración el desplegado que firmaron los gobernadores de Morena para promover la consulta de revocación.

A lo anterior hay que agregar la presencia de servidores públicos, distinguiéndose la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal, entre otros, en diversos actos de campaña para apoyar a los candidatos de Morena, especialmente los que aspiran a una gubernatura.

También es nocivamente destacada la intervención de los llamados servidores de la nación, empleados de la Secretaría del Bienestar, quienes amenazan a la gente con despojarles de pensiones y becas que les otorga el gobierno, si no participan y votan según la tendencia que les indiquen estos promotores.

Para dar una idea de las violaciones en que incurren tales actividades, baste echar una miradita a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

“Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien… (VII) Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación… De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición…”.

“Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que… (I) Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma… (VIII) Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación…”.

“Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que… (I) Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas… (II) Condicione… el cumplimiento de programas gubernamentales… (IV) Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato… (V) Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política…”.

“Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley”.

“Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo”.

Por todo lo anterior, se puede concluir que Morena y el gobierno de la 4t son refugios o plataformas de presuntos delincuentes electorales, con el aparente impulso, apoyo y aval de su mesías.