Esperan organismos ciudadanos y oposición que el Senado analice y ajuste reformas del Plan B

*Son seis leyes y 457 artículos los que se modifican y deben cuidar no afectar la integración y operatividad del INE, la democracia y la gobernabilidad del país

 

POR AGP

Celaya, Gto. (7 de diciembre de 2022).- Si la mayoría de Morena aprobó, por la vía rápida (fast track), las reformas a las leyes secundarias del llamado “Plan B” del Presidente, sin siquiera conocerlas, dirigentes de organismos ciudadanos y partidos políticos esperan que, aunque también tienen mayoría en el Senado, los legisladores de la Cámara Alta analicen a fondo las reformas y hagan los ajustes necesarios para no afectar la integración y operatividad del Instituto Nacional Electoral (INE), que ha sido garante de la democracia y de la gobernabilidad del país.

Reconocen que en el Senado de la República hay destellos de sensatez y que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, se comprometió a no sacar la reforma por la vía rápida y a darle el tiempo necesario para su análisis y amplio debate; como resultado de ello, se espera que se puedan hacer los ajustes necesarios, pues así como hay una línea conductora en contra del INE, también hay aspectos positivos en los que se deben profundizar.

En opinión de Víctor Javier García Barajas, presidente Nacional de la Confederación de Colegios y Asociación de México; Gonzalo Hernández Hernández, presidente de la Asociación de Empresas de la Zona Industrial de Apaseo el Grande (ASEZI); Jorge Estopellán Guzmán, vocero del Comité Directivo Estatal del PRI, y Rannier Hernández Ruiz, consejero estatal del PAN, el paquete de reformas, aprobadas por la Cámara de Diputados, que propone cambios en 457 artículos de seis leyes, requiere de un análisis serio y profundo, que ayude al perfeccionamiento de la democracia, el ejercicio pleno de los derechos electorales de toda la sociedad y la certeza jurídica en todo el proceso. 

Coinciden en que una reforma electoral tan amplia, como la propuesta, debe realizarse en el tiempo adecuado -a principios de sexenio-, contar con un amplio consenso de las fuerzas políticas y de la sociedad, y tener el tiempo suficiente para su implementación.

Desde el punto de vista político, García Barajas confía en que en el Senado se pueda llegar a un consenso para no dañar al INE, como institución, pues hay aspectos que son negociables, como los sueldos de algunos funcionarios, pero los cambios de fondo requieren de análisis y de consenso, político y social, así como de tiempo para su implementación y pasar la prueba en un proceso intermedio.

Reconoce que las reformas, tal como se aprobaron en la Cámara de Diputados, son impugnables, de entrada, por no sujetarse a las formas establecidas, sin entrar a analizar el fondo, que seguramente generará una controversia constitucional.

Hay una clara señal de unidad de la oposición al rechazar la reforma constitucional; sin embargo, no le alcanzó para detener las reformas secundarias, que aprobó Morena y sus aliados la madrugada del miércoles, en las que hay una línea clara en contra del INE, que hasta hoy ha demostrado ser una institución garante de la democracia y de la gobernabilidad del país; prueba de ello es que con estas reglas y con este INE ganó la elección el Presidente y se respetó su triunfo; es lamentable que hoy quiera destruirlo, dijo Jorge Estopellán Guzmán, del PRI.

Se espera que al llegar la minuta, aprobada en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República se pueda discutir lo suficiente y que tengan la oportunidad de hacer los ajustes necesarios para no desestabilizar al país, pues para el 2024 se espera una gran elección.

De aprobarse estas reformas en el Senado -porque lo pueden hacer, al tener mayoría-, se tendrá que recurrir a la Suprema Corte, pues hay reformas, planteadas como leyes secundarias, que van contra la Constitución.

 

Para el México democrático, el INE ha sido una institución fundamental para la democracia y la paz social; así lo entiende la ciudadanía que salió a marchar el pasado 13 de noviembre, quienes tuvieron el respaldo de los partidos políticos de oposición, frente al gobierno y el partido oficial, con sus aliados, que pretenden destruir este instituto, logrando detener la reforma constitucional; sin embargo, quedan pendientes en el Senado, las reforma secundarias, donde se espera un debate más fructífero, coindió Rainnier Hernández Ruz, miembro del consejo estatal del PAN.

Por su parte, Gonzalo Hernández Hernández, en base a un análisis somero de especialistas, destacó algunos de los riesgos que se perciben con las reformas aprobadas por Morena en la Cámara de Diputados, como legalizar que los funcionarios públicos puedan hacer campaña mientras están en sus puertos públicos -algo que ellos combatieron tanto, estando en la oposición-.

Fusionar las cuatro secretarías en sólo dos órganos: organización y capacitación electoral, y administración y servicio profesional electoral, en el que se ve un riesgo estando a poco más de un año de la elección federal; es decir, se puede hacer, pero no en este momento, porque requiere de conocimiento profesional.

Elimina el servicio profesional electoral, que ha permitido tener el personal especializado en las diversas áreas, para garantizar técnica y jurídicamente su actuación.

Se comprimen a 260 las 32 juntas ejecutivas y las 300 distritales y en lugar de ser permanentes, se vuelven temporales. Estos cambios -que se hacen sin pensar- ponen en riesgo la elección federal.

Elimina la sala regional especializada en delitos de los funcionarios públicos por actos anticipados de campaña y uso indebido de los recursos públicos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también fijó su postura rechazando la aprobación de las leyes electorales secundarias, por la vía rápida (fast track), sin análisis ni consenso, en el momento menos indicado.

Hizo un llamado al Senado de la República para que no avalen las modificaciones a leyes secundarias en materia electoral que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, en defensa del INE, especificando que “la aprobación del “Plan B”, en un marco de desaseo legislativo, representa un amago en contra de la democracia y un desafío a los ciudadanos que se manifestaron en todo el país. No es fruto del consenso sino de una imposición”.