EL AGUA Y LOS COMITÉS RURALES
Por Juan Miguel Ramírez Sánchez
El agua no es solo necesaria para la vida, sino también para el crecimiento y el desarrollo. La responsabilidad de garantizarla debe de seguir dependiendo de los gobiernos, por lo que hay que recordar que llevar el agua al mercado, para que la iniciativa privada la distribuya y por lo tanto que la venda, es la propuesta de los sexenios pasados.
En México el agua, es propiedad de la nación, y el artículo 115 constitucional establece como atribución del municipio la función del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, sin embargo, en la mayoría de los municipios coexisten dos sistemas de distribución de agua: el municipal, donde prestan el servicio los organismos operadores de agua, y el que está a cargo de comités rurales.
Los Comités Rurales están conformados por grupos de personas pertenecientes a las comunidades, asumen la responsabilidad de operar las soluciones técnicas y abastecer a la población rural del servicio de agua. La Asamblea es la principal autoridad del Comité y es ella la que elige a sus integrantes después de una votación popular abierta. Su gestión incluye principios democráticos, así como eficiencia en la aplicación de las reglas y acuerdos.
Los Comités Rurales de Agua Potable y Saneamiento son un modelo de gestión de servicios de aplicación local y comunitaria, de democracia participativa. Estos comités rurales han persistido a lo largo de la historia. Para que la gestión del agua se realice de forma responsable y con visión de futuro es necesario formalizar la participación de los comités de usuarios, no excluirlos ni arrebatarles sus pozos, sino colaborar con ellos y apoyarlos.
Si en algún Comité existe un problema de rendición de cuentas, esto no es suficiente para disolver las estructuras administrativas y operativas de tipo horizontal que los Comités rurales han mantenido por años.
Donde hay conflicto entre comités y ayuntamiento se tendrá que establecer un plan de cooperación y apoyo técnico a los comités de usuarios, condición necesaria para la existencia de relaciones de cooperación y colaboración. La negativa de los ayuntamientos a aceptar trabajar con los comités solo causará más conflictos, mayores reticencias de la población y un riesgo ambiental.
Hay que potencializar la gestión comunitaria con la gestión municipal para la administración responsable del recurso y la efectiva participación social en asuntos públicos. La autoridad municipal debe emplear nuevas herramientas y técnicas para gestionar y guiar esas relaciones, se trata del establecimiento de nuevos mecanismos de coordinación social.
La participación de las comunidades es una ventaja para la gestión pública, por lo que su incorporación y formalización en la gestión del agua debería ser prioridad de las autoridades relacionadas con su gestión.
