JÓVENES GUANAJUATENSES FORTALECEN COMPETENCIAS GLOBALES

*Vieven experiencia internacional en Canadá
*Demolición del Poder Judial no es vía para mejor

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE EMPRENDIMIENTO

A partir de este lunes 7 de octubre, 40 jóvenes guanajuatenses inician una experiencia internacional en Montreal y Quebec, Canadá, para desarrollar competencias globales y enriquecer su formación académica y profesional, a través de un programa intensivo que combina actividades académicas, culturales y de emprendimiento, además de promover valores, compartiendo la cultura de Guanajuato y de México, al ser nombrados embajadores de Guanajuato en reciente evento, donde los jóvenes fueron abanderados y reconocidos por el gobierno del estado, a través de JuventudEsGto, al haber logrado esta oportunidad que se les ofrece por medio del programa “Jóvenes de Impulso al Talento Canadá 2024”, que realiza el Gobierno del Estado, en colaboración con la asociación civil Vive México y el Programa para el Impulso Internacional de Talentos (PIIT).

El PIIT está sistematizado por JuventudEs y desarrollado en colaboración institucional con Vive México y las redes y organismos internacionales que representa en América, Europa y Asia, con el fin de promover una experiencia formativa internacional, donde se desarrolla y practican competencias internacionales.
Participando en los proyectos del PIIT los jóvenes aprenderán y aplicarán competencias internacionales, como: Capacidades de trabajo en equipos internacionales, Adaptabilidad, Pensamiento estratégico y Planeación Colaborativa y Liderazgo.

Terminada la estancia, que en este caso será de este lunes 7 al domingo 13 de octubre, podrán certificar las competencias desarrolladas, a través de la la Plataforma para Certificación Internacional PROTON, con acceso gratuito (gracias a la alianza con Vive México) para presentar el examen y recibir la Certificación Internacional, reconocida en 25 países del mundo, con la cual pueden mejorar sus posibilidades de desarrollo profesional y acceder a mejores trabajos en México.

Regina Trujillo,.

Con este programa, JuventudEsGTO impulsa la internacionalización del talento y celebra la dedicación y la pasión de los cuarenta jóvenes guanajuatenses, donde sólo el 20% de la comunidad juvenil tiene acceso a la educación superior; por lo que, un compromiso de los ganadores es atraer a que más jóvenes cumplan sus sueños y metas a través de la educación, de acuerdo al mensaje que les compartió Regina Trujillo, directora general de JuventudEsGTO, a nombre de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

PROPUESTA DEBE SER ANALIZADA A FONDO

Norma Piña Herández.

Considerando que la demolición del Poder Judicial no es la vía para mejorar el sistema de seguridad y de impartición de justicia en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difunde su propuesta de “Reforma para un Sistema Integral de Seguridad Pública y Justicia en México”, que parte de un diagnóstico y una amplia consulta con actores y organismos académicos y sociales, y suma las recomendaciones de organismos internacionales e interamericanos, con el fin de generar cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México necesita. “La propuesta, expuesta en dos documentos, no está en función del presente de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial -dijo la Ministra Presidenta-, sino de las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que anhelamos”. Si quieren y hay voluntad, aún hay tiempo de construir el mejor sistema de seguridad y justicia en México para hacer frente a la violencia y crímenes, que afectan especialmente a las mujeres y grupos vulnerables.

Los dos documentos, pesentados en días pasados y que merecen ser analizados con detemiento por expertos,  identifican los principales desafíos y contribuyen con una visión para avanzar hacia una reforma integral al Poder Judicial en México, que va desde el diseño institucional, estándares normativos, prácticas y dinámicas institucionales a nivel federal y local, hasta contemplar condiciones y contextos en las que opera el sistema judicial mexicano; también: “visualizan brechas y desafíos fundamentales en el campo de la protección de los derechos humanos y las garantías de acceso a la justicia para toda la población, en particular de aquellos grupos especialmente afectados por la violencia y la discriminación”.
A su vez: “incorporan recomendaciones y propuestas específicas en las distintas áreas y dimensiones identificadas, que dan cuenta de la necesidad de contar con una mirada comprensiva, multisistémica e integral a la hora de repensar la justicia en México”.

Entre algunas de las propuestas para intentar responder, de manera seria y eficaz, a la violencia y sus consecuencias -por ejemplo-, destacan: derogar figuras jurídicas que propician la privación arbitraria de la libertad, tales como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, entre otras; reorientar las políticas de seguridad pública; promover su desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en su diseño; modernizar los centros de comando y control y dotarlos de recursos humanos calificados y de tecnología de punta, para garantizar su operatividad y funcionamiento óptimo; establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales, para contar con estándares de profesionalismo, eficiencia y respeto a los derechos humanos de las policías, así como mecanismos de evaluación y certificación.

Implementar una estrategia integral de lucha contra la trata de personas, incorporando datos desglosados por sexo y edad sobre las víctimas de la trata; establecer una estrategia global e integral de búsqueda e investigación de los casos de desaparición, incluido un plan de acción y un cronograma para asegurar procesos exhaustivos e imparciales de búsqueda identificando las posibles cadenas de mando, autores mediatos y otras formas de autoría y participación; fortalecer la seguridad, operación y accesibilidad de todas las autoridades que realicen labores en el Registro Nacional de Detenciones, y hacer obligatorio su uso para todos los funcionarios que llevan a cabo detenciones de cualquier naturaleza; fortalecer los servicios de defensoría pública; armonizar el reconocimiento y tipificación legal del delito de feminicidio, así como homologar los protocolos de investigación aplicables, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; simplificar y armonizar en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba, para agilizar la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas.

Los documentos parten de un diagnóstico, donde ponen de relieve la existencia de problemas previos al desarrollo de un proceso judicial, como: la falta de acceso a la posibilidad de denunciar, así 9 de cada 10 delitos no se denuncian y únicamente en 60% de aquellos que sí se denuncian, se inicia una carpeta de investigación; existen problemas durante la etapa de investigación: las personas, víctimas y familiares, se enfrentan a diversas barreras y obstáculos considerables, al no ser tratadas adecuadamente, de acuerdo con sus necesidades y derechos, de manera particular cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, de desaparición forzada contra jóvenes, personas y comunidades indígenas, afroamericanas o en situación migratoria irregular, lo que afecta el proceso de investigación y de sanción; el desarrollo adecuado de las investigaciones se ve afectado por las condiciones y necesidades particulares de las víctimas por la insuficiencia e inaccesibilidad de servicios forenses que apoyen las investigaciones, a lo que se suma la percepción generalizada sobre la lentitud de la justicia, en especial, durante las etapas de investigación.

También saltan a la vista problemas, como: falta de capacitación por parte de las fiscalías para avanzar en procesos de acusación penal, especialmente en lo referido a la capacidad para desarrollar y formular adecuadas teorías de caso, que permitan sustentar la acusación ante la autoridad judicial; falta de enfoques diferenciados y ausencia de tratamiento adecuado para la generación de pruebas en el proceso, particularmente para permitir la prueba anticipada en el juicio, en procesos judiciales en que hay niñas, niños y adolescentes víctimas de delito, la existencia de actos de corrupción que afectan o condicionan el desarrollo de las investigaciones o la acusación de las personas presuntamente responsables.

Durante el desarrollo, se identifican problemas, en casos como: la tramitación de los diversos juicios, a menudo se ve afectada por la falta de independencia judicial y por el despliegue de amenazas en contra de juezas y jueces, lo que puede llevar a decisiones influenciadas por intereses políticos o económicos, agravado por la falta de cumplimiento de sentencias judiciales, pues incluso cuando se emite un fallo favorable su ejecución no siempre se garantiza, lo que deja a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad.

Frente a ello proponen, entre otras posibles asociaciones con un enfoque de las personas: fomentar la articulación de sistemas estadísticos confiables y de constante actualización; asegurar la estandarización nacional de instrumentos de investigación utilizados para investigar los delitos relacionados con la desaparición de personas, la violencia sexual, los feminicidios, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales; promover el establecimiento de un mecanismo nacional de formación y certificación de fiscalías y policías de investigación; establecer estrictos sistemas de selección del personal del Ministerio Público y fiscalías por medio del uso de los parámetros actuales para la selección de magistrados y funcionarios judiciales; crear una Ley General de Servicios Forenses, que instaure una institución nacional de servicios forenses para contar con un marco normativo homogéneo e integral, que articule los esfuerzos estatales y federales en la materia, dotando a las instituciones de recursos y personal suficiente, de tecnologías avanzadas y equipos especializados, y garantizar la formación continua y la certificación de los peritos y expertos forenses; establecer y garantizar el funcionamiento de bases de datos en materia forense y de servicios periciales nacionales; aumentar el personal de las defensorías públicas, con un enfoque en la atención a víctimas; fortalecer la atención médica a víctimas en todas las entidades federativas, con énfasis en las zonas con mayores índices de violencia y violaciones a derechos humanos; reformar el sistema de ayudas inmediatas dentro de la política de atención a víctimas, incluida la simplificación de los procedimientos; ampliar y fortalecer los alcances del juicio de amparo en materia de reparaciones y suspensiones, con el objetivo de asegurar que el juicio se capaz de ordenar reparaciones integrales y no se dilaten más tiempo; generar marcos normativos claros orientados a asegurar el cumplimiento de las sentencias judiciales; fortalecer las figuras procesales que promuevan un acceso colectivo a la justicia, tales como la declaración general de inconstitucionalidad, para que no se limiten únicamente a la expulsión de normas generales del sistema jurídico; y generar condiciones normativas, presupuestales e institucionales para poner en marcha jornadas nacionales itinerantes de justicia, entre otras.