ACUERDAN RESTITUIR A MAESTROS EL 100% DEL ISR EXTRAORDINARIO

*Cancelan mega marcha para el lunes
*Extinguen Fidesseg, sin aprobar finiquitos
*Ajusta el gasto 3.3% del PIB para 2025

POR AGP

TRIUNFO DEL MLM, SIN SECCIÓN 45 DEL SNTE

Los voceros del Movimiento de Lucha Magisterial (MLM) llegaron a acuerdos con las autoridades del gobierno del Estado, supervisadas por personal del Sistema de Administración Tributario (SAT) para que se les restituya, al 100%, el dinero retenido por concepto del ISR extraordinario y que el aguinaldo llegue completo sin descuentos extraordinarios; además, habrá una asesoría permanente de parte de las autoridades con cada trabajador. Asimismo, la aportación que recibirán los trabajadores de la educación por parte del gobierno, deberá ir etiquetada bajo el concepto de “pago extraordinario de previsión social”, mismo que recibirán a través de un cheque, tarjeta, vales de despensa o transferencias bancarias.
Se acordó, también, la actualización de la información ante el SAT para la realización de una declaración complementaria y se entregue la constancia de impuesto real retenido a cada trabajador. Agregar al talón de pago el desglose de percepciones gravables y no gravables, así como la aportación acumulada del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).

Para no dejar cabos sueltos, consignaron en el documentos “Acuerdos y Compromisos”, se libere de toda represalia o responsabilidad legal a todos los maestros y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), derivado de las acciones de protesta, dada la nula intervención del SNTE 45, a las inconformidades de sus representados.

Como complemento de lo firmado, el gobierno del estado dará todas las facilidades para que se clarifiquen los cobros de ISR extraordinarios, a través de mesas de trabajo, que se distribuirán por regiones, a través de una comisión bipartita, integrada por personal de finanzas de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), Sección 45 del SNTE y voceros de asesores contables del Movimiento de Lucha Magisterial.
Para la auditoría solicitada, si se realiza, tendrá el acompañamiento de la Secretaría de la Honestidad y de la Auditoría Superior de la Federación, quienes deben informar públicamente el resultado y dar cumplimiento a las responsabilidades que de ella se emitan en base a los resultados.
Aún con prisas, un festival en proceso y el fin de semana largo, las autoridades estatales trabajaron horas extras, para frenar la mega marcha y la toma de la Alhóndiga, teniendo que ceder en varios de los planteamientos del Movimiento de Lucha Magisterial, que rebasó a los dirigentes sindicales de la Sección 45 del SNTE y tenía preparada la megamarcha y toma de la Alhóndiga de Granaditas para este lunes 18 de noviembre, a las 11:00 horas, para exigir información oportuna y claridad sobre los descuentos, evitando que sean tan elevados y sin previo aviso, asegurándose que en lo futuro se vuelvan a repetir.
La inconformidad implicó el “desconocimiento” de su dirigente sindical Rigoberto Macías Vidales, que de continuar en su intento de destitución, tendrá que seguir otro cauce.

EXTINCIÓN DEL FIDESSEG AJUSTE DE CUENTAS

Tal parece que la gobernadora de Guanajuato tomó una decisión política muy personal -lo cual no es recomendable para ningún gobernante- contra las organizaciones empresariales guanajuatenses, al decretar la extinción del “Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato” (FIDESSEG). La mayoría estará de acuerdo en que la autoridad no se demuestra así; en el caso concreto de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, no necesita ejercer ningún acto extraordinario de legitimación política para reconocerle como la gobernadora electa democráticamente, al menos, no para los guanajuatenses.

 
Su postura sobre el FIDESSEG y ante la Fundación Empresarial de Guanajuato (FE-Guanajuato) y la Fundación Actuando por Guanajuato, tienen un tufo de revancha personal, como lo deja entrever un artículo de José Arturo Sánchez Castellanos, publicado esta semana, en León. Desde otros puntos de vista, es una mala decisión política que ha tomado la Jefa del Ejecutivo Estatal al calor de las presiones internas y externas, locales y nacionales, políticas, económicas y sociales. Que sea la mejor decisión, el tiempo lo dirá, pero hoy tiene varias implicaciones, que se hubieran podido evitar y llevar la fiesta en paz, sólo ejerciendo su derecho de auditar y mejorar lo hecho hasta ahora. En el portal oficial, aún se mantiene la promopción del FIDESSEG, donde se da cuenta de lo ejercido en casi cuatro años.

Extraña a muchos el cambio repentino de visión, pues en campaña reconoció que era un programa exitoso y prometió que iba a continuar, porque las acciones y programas que impulsa el Fidesseg fortalecían las relaciones sociales y la cohesión de las comunidades en beneficio y desarrollo de los guanajuatenses, en un ámbito de paz, impulsando -además- la participación de la misma ciudadanía en la prevención de la violencia.
Independientemente de lo exitoso o no de las acciones, que no le quitaban recursos al Estado, porque el fondo se constituyó con una aportación extra al Impuesto sobre la Nómina, la medida afecta directamente la política de inclusión y participación social de las organizaciones civiles guanajuatenses en el ámbito gubernamental, que en el caso particular de las fundaciones y fideicomiso tenían reglas claras y un ejercicio transparente; que, si bien, era susceptible de mejoras y nuevas auditorías, no ameritaba su desaparición, como tampoco amerita -una vez decretada su extinción- que no se atiendan los compromisos laborales contraídos con el personal administrativo y técnico especializado, que laboró en las dos funcionaciones para darle viabilidad a los proyectos y que fueron aprobados por el comité técnico.

Estos compromisos, según Juan Carlos Usabiaga del Moral, concluyen con la liquidación y finiquito de los 42 trabajadores, que no se ha podido realizar, porque el gobierno del estado se niega a autorizar el cambio de la asignación del presupuesto destinado a salarios, al de los finiquitos. No es un recurso extra, que se vaya a desembolsar, sino sólo el cambio de asignación y por una cantidad menor a la provisión que se tiene para cubrir los salarios hasta marzo de 2025.

MENOS RECURSOS PARA LOS ESTADOS

El gobierno federal registra un gasto desproporcionado del gasto y un incremento en la deuda, de tal manera que el paquete económico para 2025, se ajustará a la baja en un 3.3%, de 9.30 billones de pesos a 9.22 billones de pesos, lo que obliga a bajar el gasto programable que se destina a la provisión de bienes y servicios a la población en un 7.3%, en especial la inversión en infraestructura, que tendrá un recorte del 12.7%, al pasar de 932.4 mil millones de pesos a 848.7 mil millones de pesos.
Esto, desde el punto de vista político, pone al descubierto el gasta excesivo hecho por el que “está que se va y que se va, y no se ha ido”, mientras la sucesora Claudia Sheinbuam Pardo, tiene que afrontar el problema ver limitado su campo de maniobra y aplicar la misma medida con las entidades, recurrir a otras medidas para salir adelante, ya que ni siquiera el monto de la deuda, que se incluye en el paquete del 3.3% del PIB, va a ser suficiente. Tan sólo el pago de los intereses de la deuda crecerá 8.5%, al pasar de 1.23 billones de pesos, en 2024, a 1.39 billones de pesos, en 2025, lo que representará un 14.9% del gasto total.

En tanto que, según el cálculo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Rogelio Ramírez de la O, siendo muy optimista, proyecta un crecimiento de la economía del país de entre 2.0% y el 3.0%, cuando las estimaciones del Banco de Mundial reportan apenas un crecimiento del 1.5%; el más alto que el de otros organismos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un 1.3%; la OCDE, un 1.2%, igual al del Banco de México, pero el más bajo es el de la Encuesta de Citibanamex del 1.0%.
La propuesta de presupuesto para el 2025, propone una disminución del 5.9% del PIB al 3.9%, quedando en 9.30 billones de pesos. Los recortes incluyen las participaciones para los estados, por lo que también tendrían que ir viendo cómo lograr más ingresos propios.

 

El gasto total para 2025, se estima en 9,226.2 miles de millones de pesos, equivalente al 25.5% del PIB, lo que se destina, prioritariamente, a programas sociales, por un monto de 835 mil 705 millones de pesos; casi el 60% del presupuesto de los programas prioritarios sociales se destinan a las personas adultas mayores (pensión para Adultos Mayores y Apoyo a Mujeres de 60 a 65 años); mientras que, sólo el 22% de este presupuesto va a programas de las infancias, adolescencias y juventudes.

Para los programas prioritarios de inversión, le están destinando 189 mil millones de pesos, de los cuales, el 79% se dedicará a trenes, y únicamente 10.5% a obras hidráulicas.