APRUEBAN ENTREGA-RECEPCIÓN Y EXHORTO A AYUNTAMIENTOS SOBRE SEGURIDAD

*Cuestionan uso de Impuesto de nóminas
*Reforman Ley de Justicia Administrativa
*Reactiva Guanajuato el GIM de la alerta

PLENO DEL CONGRESO APRUEBA DICTÁMENES

El pleno Pleno del Congreso local aprobó los dictámenes sobre los procesos de entrega recepción de los 46 municipios, así como reformas al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios con las que se mejora la impartición de justicia administrativa; mandó al archivo definitivo cinco propuestas legales, entre ellas una sobre el reconocimiento legal de la personalidad de las comunidades indígenas; avaló reformas a diversas leyes y recibió nuevas propuestas de reforma a otras disposiciones legales, así como propuestas de exhortos.

Destacan las reformas a la Ley de Justicia Administrativa y a la Ley Para La Búsqueda de Personas Desaparecidas a través herramientas jurídicas eficaces que garanticen la adecuada búsqueda y localización de personas desaparecidas, ésta última presentada por el diputado Alejandro Arias; reformas a la Ley de Cultura Física y Deporte, a fin de garantizar legalmente que mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, de la tercera edad, de la diversidad sexual y cualquier otra, de clases sociales no visibilizadas, puedan acceder al deporte; así como reformas a la Ley para las Juventudes del Estado de Guanajuato para abordar el problema de la falta de oportunidades de empleo formal y salarios dignos a los jóvenes, entre otras.

También se presentaron iniciativas ley y reformas legales, como: la iniciativa de Ley de Fomento a la Lectura y el Libro en el Estado de Guanajuato, presentada por la diputada Noemí Márquez Márquez, y reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que pretende regular el uso de la Inteligencia Artificial en el proceso legislativo, por la diputada Carolina León Medina, entre otras.
Se aprobó el exhorto dirigido a los 46 ayuntamiento de Guanajuato para que emitan o actualicen en su caso, los instrumentos y programas municipales en materia de seguridad pública y de la prevención social de la violencia.
Se presentaron dos exhortos dirigidos a la gobernadora: uno para que informe al Congreso sobre el destino de los recursos del Impuesto a la Nómina, que se maneja a través de un consejo, cuya información, de las últimas cinco actas acaba de reservarse, el segundo para que ordene una serie de medidas para la conclusión de la modernización de la carretera federal 51, tramo San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo o bulevar Independencia y exigir el cumplimiento del contrato.

EXHORTO A LOS 46 AYUNTAMIENTOS

En lo relativo al exhorto aprobado por el pleno, dirigido a los 46 ayuntamientos de Guanajuato, se solicita emitan o actualicen en su caso, los instrumentos y programas municipales en materia de seguridad pública y de la prevención social de la violencia, en el marco del programa nacional y estatal en materia de seguridad pública, y de las acciones de coordinación entre la federación, los estados y los municipios, previstas en las leyes y disposiciones federales y estatales, a las que muchas veces no se cumplen ni hay consecuencias para los ediles, convirtiéndose en letra muerta, según el planteamiento del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, quien habló a favor de la propuesta. Tampoco se trata de que le rindan cuentas al Congreso, sino a las personas que gobiernan, a quienes les tienen que decir qué van a hacer para resolver los problemas que enfrentan.

Por su parte, el diputado Ernesto Millán Soberanes apoyó el dictamen del exhorto porque es un reflejo de la preocupación sobre las medidas y acciones que se deben de tomar para regresar la seguridad a la entidad y a los municipios. Aprovechó para referirse a Silao, donde -dijo- los homicidios dolosos han aumentado un 35% y que el homicidio con arma de fuego ha aumentado un 23%, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo que permiten ver la realidad de lo que ocurre en el mencionado municipio; además, no existe evidencia de que Silao cuente con el programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y donde no se tiene un titular en el área.
Se aclaró que el dictamen no implica cargas novedosas o fuera de contexto ordinario del quehacer de la administración pública municipal, únicamente exhorta a que cada municipio haya lo que la ley ya les exige, lo que es su deber ante los ciudadanos, pero que no han hecho: publicar y actualizar sus instrumentos de planeación en seguridad y prevención, coordinarse con el Estado y la Federación y rendir cuentas de ello.
Entre las normas legales que contemplan esta disposición se encuentran: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley general para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus Municipios y la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

PROPUESTA DE EXHORTO A LA GOBERNADORA

Sobre las propuesta de exhorto dirigido a la gobernadora sobre el Impuesto a la nómica y cedulares, presentado por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se solicita a la jefa del Ejecutivo remitir al Poder Legislativo los acuerdos, información y actas de sesión de los años de 2021 a 2024 y las correspondientes a 2025, así como los informes trimestrales, sobre el uso y aplicación de los recursos recaudados por los impuestos a nóminas y cedulares, establecidos en el artículo 64 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, en cumplimiento a la obligación de informar trimestralmente al Congreso sobre la utilización de dichos recursos; obligación que, no sólo no se ha cumplido, sino que ha clasificado como reservadas las últimas cinco actas del Consejo de ese organismo, vulnerando así, de manera flagrante, el derecho de acceso a la información pública y de ejercicio de los recursos públicos.
El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero, quien presentó el exhorto, citó como referencia histórica que ese impuesto se empezó a aplicar formalmente a partir del 27 de diciembre de 2004, fecha en que se publicó en el Periódico Oficial del Estado como parte de las reformas a la Ley de Hacienda de Guanajuato, quedando reconocido desde el artículo primero de dicha normativa.

Según expuso ante el pleno por el diputado, la reserva se debió, “a decir de la presidenta del Comité de Transparencia, Aura Fabiola Romero Fonseca, las actas contienen información que forma parte del proceso técnico-deliberativo del Consejo sobre las inversiones y proyectos y su difusión implica un riesgo grave y tangible para el desarrollo del Estado al verse comprometida la ejecución de esta, de ahí la determinación”.
Para el diputado, no permitir el acceso a esas actas, no sólo provoca el desconocimiento de los acuerdos tomados, sino que también da pauta para que se presuma el uso discrecional de los recursos a favor de unos cuantos.
El punto de acuerdo se turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.

REFORMA MEJORARÁ JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Sobre las reformas al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato aprobadas por unanimidad en esta sesión, tienen como objetivo de mejorar y fortalecer la impartición de justicia administrativa del estado. Se precisa que los procedimientos administrativos deberán resolverse en un plazo máximo de dos años; se indica que el recurso de reclamación podrá ser promovido por cualquiera de las partes, entre otros aspectos.
Como autora y del dictamen, la diputada María Eugenia García Oliveros, dijo que las reformas mejorarán la impartición de justicia administrativa en la entidad, ya que se ajustan los plazos máximos para resolver los procedimientos administrativos de las autoridades y se abre la posibilidad de analizar y regular la duración máxima para resolver los procesos ante el Tribunal de Justicia Administrativa y de los juzgados administrativos municipales.

Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano, quien habló a favor del dictamen señaló que la relevancia de las reformas planteadas incide, primordialmente, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y perfeccionamiento de la justicia administrativa en Guanajuato, al implementar reglas procesales que faciliten el acceso a la justicia de los ciudadanos que en la defensa de sus derechos acuden ante la autoridad jurisdiccional, para la solución de sus conflictos con los poderes públicos.
Asimismo, sostuvo que las nuevas reglas procesales administrativas permitirán a la autoridad jurisdiccional administrativa ejercer un control jurídico de los actos de autoridad en condiciones de igualdad frente al particular, así se brindará una mayor protección y tutela a los derechos de los particulares en su defensa frente a la conducta administrativa de los órganos públicos.

PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO DE LA AVGM

Una vez aprobada la matriz de indicadores, para medir el avance de las 40 acciones, implementadas para cumplir con las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Guanajuato, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) podrá iniciar la evaluación de lo realizado en un año, a fin de presentar su primer informe el próximo 25 de octubre.

El interés de gobierno del estado en reactivar el GIM, permitirá, no sólo contar con la matriz de indicadores para la evaluación de las acciones de la alerta, sino que fortalecerá el mecanismo para que no sólo se actúe ante la urgencia, sino que permita transitar de lo extraordinario y lo urgente, a lo ordinario y cotidiano, de acuerdo a lo expuesto por la titular de la Subsecretaría por el Derecho a una Vida Libre de Violencias, de la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal, Ingrid Gómez Saracíbar, durante la sesión de reinstalación del grupo, convirtiéndose así en el primer estado del país, con una alerta joven, en lograrlo, luego de la desaparición del Instituto de las Mujeres (INMUJERES) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

La Alerta de Violencia de Género incluye a los tres poderes del estado, a los organismos autónomos y a 17 de municipios del estado. En el caso del Ejecutivo estatal, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, llevó el mensaje de la gobernadora, quien tiene el compromiso de construir el movimiento interinstitucional más importante por la defensa de la vida y la tranquilidad de las mujeres de Guanajuato, reconociendo que “la violencia de género contra las mujeres es una realidad dolorosa e intolerable, que no admite pretextos y requiere una respuesta efectiva y transversal”.

Más allá de los discursos sobre explicaciones y compromisos, la Secretaría de las Mujeres del Estado de Guanajuato, a cargo de Itzel Balderas, presentó el Sistema de Avances para el seguimiento y evaluación de las 40 acciones recomendadas en la Alerta de Violencia de Género. A esta plataforma con la matriz de recomendaciones, donde se suben los avances de cada acción y donde se podrán revisar los resultados obtenidos durante los últimos 12 meses de trabajo, tendrán acceso las personas integrantes del GIM y la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal.

INTEGRANTES DEL GM

-Tania Galicia Carmona, Directora de Seguimiento a las Declaratorias a Alerta de Género de la Secretaría de las Mujeres a nivel federal.
-Amanda del Rocío Llivichuzhca Pilco, representante de la CNDH.
-Itzel Balderas Hernández, Secretaria de las Mujeres del Estado de Guanajuato.
-Iovanna Rocha Cano, representante de las organizaciones de la sociedad civil.
-María Guadalupe Fernández Aguilera, especialista en Derechos Humanos de las Mujeres
-Abraham Sánchez Ruíz, especialista en Derechos Humanos.
INVITADOS PERMANENTES CON DERECHO A VOZ
-Jorge Jiménez Lona, Secretario de Gobierno.
-Alejandro Sierra, Consejero Jurídico de la Gobernadora.
-Karla Alcaraz Olvera, procuradora de los Derechos Humanos
-Graciela Amaro Hernández, titular del Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato.
-Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del Estado.