INCORPORAR MICROMOVILIDAD ELÉCTRICA AL SISTEMA DE MOVILIDAD URBANO

*Compartir espacios con seguridad y responsabilidad
*Certifican a 77 conciliadores y especialistas laborales
*Disminuyó 0.3% el PIB en el tercer trimestre de 2025

LEGISLAN SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y MODERNA

Con la finalidad de incorporar al sistema de movilidad urbana, el uso de vehículos eléctricos ligeros, como scooters, bicicletas eléctricas, monopatines, monociclos, motocicletas eléctricas ligeras y patinetas motorizadas, como una alternativa de transporte personal seguro, menos contaminante, eficiente y resiliente, el Congreso del Estado llevó a cabo el Foro de Consulta “Por un Guanajuato con movilidad sostenible y moderna”, para reformas diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios para incorporar disposiciones específicas que regulen los vehículos de propulsión eléctrica de alta velocidad y los vehículos de micromovilidad eléctrica.

Karen Jared González Márquez.

La iniciativa planteada por la diputada Karen Jared González Márquez, considera la micromovilidad, como una alternativa de movilidad urbana segura, sostenible, minimiza el impacto ambiental, optimiza recursos y es más resiliente; sin embargo carece de una normativa en el que se precisen temas de prevención, seguridad y responsabilidad en caso de accidentes, así como la necesidad de infraestructura, carriles de circulación, estacionamientos y una forma de convivencia adecuada entre las diferentes formas de transporte y los peatones.

A este diálogo multisectorial se convocó a autoridades estatales, funcionarios municipales, estudiantes, fabricantes, usuarios, colectivos de ciclistas, especialistas en movilidad sostenible y representantes empresariales y prestadores de servicios, considerando que las reformas se tienen que construir entre todo, dentro del marco del parlamento abierto, citó el presidente del Congreso Roberto Carlos Terán Ramos.
En general, los participantes coincidieron en los planteamientos de la reforma, como la inclusión en todas las formas de transporte en lo que se considera movilidad sostenible, para minimizar el impacto ambiental, optimizar el uso de recursos, disminuir la congestión y mejorar la calidad del aire, así como la uso de elementos de seguridad, como casco, reflejantes, frenos, la velocidad y la contratación de seguros de responsabilidad civil, que respondan por daños personales y de terceros.

Asimismo se consideró necesario que el marco normativo transite de un esquema reactivo a un enfoque adaptativo y proactivo; debe prever mecanismos flexibles para incorporar innovaciones tecnológicas, ya que los sistema de micromovilidad evolucionan rápidamente; la protección del espacio público y la integración de la infraestructura, adecuada a la sustentabilidad ambiental; reconocer la micromovilidad como un componente de transformación profunda, que combina transporte y movilidad.
La adecuada regulación debe contribuir a establecer un orden, disminuir la congestión vehícular, reducir las emisiones contaminantes, menor dependencia de los combustibles fósiles, favoreciendo la transición hacia ciudades más modernas y humanas.

Las recomendaciones específicas, planteadas por la titular del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG), Marisol Ruanes Torres, apuntan a:
-Incorporar la micromovilidad como un elemento de la nueva legislación para el estado de Guanajuato.
-Establecer las normas de seguridad que definan criterios de operación, tanto de su uso a nivel nacional, como de su homologación con los estándares internacionales, desde lo más básico, como el uso del casco, hasta las formas vigilancia y control.
-Buscar crear mecanismos de cooperación interinstitucionales para los sistemas de seguridad y tener claro dónde y quién los va a operar.
-Promover la innovación responsable mediante esquemas que permitan ajustar las normas conforme evolucionan las soluciones de movilidad, adaptándolas al contexto.

Debe ser una regulación inteligente y flexible, pero también orientada a no restringir, sino a ordenar e impulsar los avances que contribuyan a mejorar la calidad de las personas y a construir entornos urbanos más seguros, sostenibles, sustentables y equitativos.
También se propusieron estímulos fiscales para las empresas que promuevan e incorporen sistemas de movilidad eléctricos, como a los prestadores de servicios turísticos, que están incorporando estos medios, citó Karen Burstein, de Amexme Guanajuato capital.
También participaron: Kevin Ariel Alvarado Velázquez, estudiante de la Universidad de León, Campus Guanajuato; Luz Gloria Ortiz Lozano, empresaria de una operadora turística; Isaías Arevalo Rangel, coordinador jurídico del Tribunal de Justicia Administrativo del Poder Judicial del Estado, y Daniel Nieto Martínez, secretario del Ayuntamiento de Celaya, entre otros.

GARANTIZAN JUSTICIA Y ARMONÍA LABORAL

En un esfuerzo conjunto, para fortalecer las capacidades y la profesionalización de los conciliadores laborales, especialistas jurídicos y notificadores del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) y el Centro de Conciliación entregaron 77 certificados de competencia laboral a quienes concluyeron con éxito el proceso de evaluación, de acuerdo al Estándar de Competencia EC1374 “Conciliación para soluciones de conflictos en materia laboral individual”. De esta forma, garantizan la justicia y la armonía en el ámbito laboral y ofrecen a la ciudadanía un servicio más humano, eficiente y transparente.

Los 77 conciliadores, especialistas jurídicos y notificadores fueron evaluados en conocimiento, producto y desempeño, obteniendo una acreditación del 100%, lo que respalda su alto nivel profesional y compromiso con la atención pública, reconoció el director general del IECA, Salomón Ceballos Ochoa.

La directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, Haydeé Escobar Porras, reconoció que la conciliación es uno de los pilares fundamentales de la reciente reforma laboral, que tiene como propósito promover el diálogo en la solución pacífica de los conflictos laborales, garantizando así relaciones laborales más justas, armónicas y humanas. A su vez, la certificación consolida la confianza ciudadana en la justicia laboral y en la profesionalización del servicio público.

Entre los servidores públicos certificados, Mayra Lizette Cárdenas Chávez consideró que el reconocimiento no sólo avala sus capacidades técnicas y conocimientos, también refleja la vocación, la empatía y la responsabilidad que cada uno asume al desempeñar su labor en favor de la sociedad guanajuatense. Con la profesionalización, el Centro de Conciliación Laboral garantiza procesos más justos, ágiles y con un enfoque humano, de acuerdo a las políticas públicas que impulsa el gobierno del estado.

CAE EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DEL PAÍS

Al cierre del tercer trimestre de 2025, el producto interno bruto (PIB) oportuno disminuyó un 0.3% en términos reales, respecto al trimestre anterior, y cayó en igual porcentaje en su comparación con el mismo trimestre del año anterior. Por actividades: las primarias crecieron un 3.2% trimestral y un 3.0% anual; mientras que las actividades secundarias cayeron un 1.5% trimestral y un 2.9% anual; las actividades terciarias mostraron un leve crecimiento de 0.1% trimestral y 0.9% anual, de acuerdo a la Estimación Oportuna del PIB (EOPIBT) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado este jueves 30 de octubre de 2025.

Tomando en cuenta los primeros nueve meses de 2025, el PIB oportuno aumentó un 0.5% en comparación con el mismo periodo de 2024. Las actividades primarias y terciarias, en este mismo período, mostraron un crecimiento positivo, mientras que las secundarias mostraron un declive.
Frente a este panorama, según los analistas, México difícilmente alcanzará el crecimiento económico del 1% proyectado por Hacienda en el presupuesto federal de 2025, ya que las inversiones se detuvieron, tanto por los aranceles impuestos y la amenaza de otros, como por el deterioro de la certeza jurídica del país, la que según el Índice de Estado de Derecho (World Justice Project) de octubre, México pasó a ocupar el lugar 121 de 143 países a nivel mundial y el 28 de 32 en América Latina y el Caribe, lo que indica un deterioro en la adhesión al Estado de Derecho.