By *Autonomía en asuntos de su comunidad
*Gobernadora lanzará proyecto turístico
*Programa de Turismo incluye a municipios
*Reforma electoral, desafíos y riesgos
*Kenia promueve debate electoral
POR AGP
PLAN DE JUSTICIA PARA PUEBLOS INDÍGENAS
La visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este domingo al Ejido del Palmar, en el municipio de San Miguel de Allende, da relevancia a las políticas públicas de su gobierno -acorde a la reforma constitucional de 2018 que crea el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (NPI)- para garantizar los derechos históricos de pueblos indígenas, su reconocimiento como sujetos de derecho público con plena capacidad de decidir sobre su gobierno, desarrollo, resarcimiento de tierras y la entrega directa de recursos públicos, tal como se hizo -por primera vez- en el presupuesto de 2025, acorde a un nuevo enfoque: desarrollo con identidad, respetando la organización social y cultural propia, a diferencia de la política anterior que buscaba la integración del indígena a la cultura nacional.
Para concretar lo que está escrito en la Ley y en el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, la jefa del Ejecutivo Federal presentará el Plan de Justicia para los pueblos indígenas del noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro, que incluye unas 110 comunidades otomíes y chichimecas, en las que durante el 2025 se invirtieron más de 686 millones de pesos, en los cuatro ejes temáticos: Lugares y Sitios Sagrados; Cultura e Identidad; Tierra, Territorio y Medio Ambiente; Gobierno Tradicional, Paz y Seguridad, y Bienestar Común.
El Plan de Justicia para los indígenas es una iniciativa del gobierno de México, que impulsa a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para reparar la deuda histórica, resarcir agravios históricos, fortalecer su autonomía para que sean ellos los que definan su desarrollo, garantizar sus derechos territoriales, culturales, salud, educación, agua, preservar sitios sagrados, lenguas (Chichimeco-Jonaz, Otomí), respetar su gobierno tradicional y procurar el bienestar común.
En asamblea regional reciente, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, junto a autoridades indígenas, se revisaron los avances de los diversos programas, en los que se invirtieron 686 millones de pesos en 2025 y se establecieron compromisos concretos, destacando entre los logros el acuerdo para concluir un conflicto agrario y la creación del nuevo ejido La Cruz del Palmar con una extensión de 569 hectáreas, así como la iniciativa sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025, para establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería en la atención integral materna y neonatal, donde el IMSS Bienestar firmó la adhesión del Centro para los Adolescentes (CASA) en el Municipio de San Miguel de Allende, para convertirlo en el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar; se estableció la revisión y análisis de las reglas de operación de los programas federales, para que estas sean adecuadas al nuevo contexto jurídico de la reforma al Artículo 2 constitucional; igualmente, se acordó que las autoridades indígenas y el equipo técnico del INPI harán recorridos en territorio, a partir del 26 de enero para revisar técnicamente el estado actual de los caminos, identificando las necesidades particulares de cada obra caminera, en seguimiento a la petición para rehabilitar 50 caminos artesanales. En cuanto a la preservación, enseñanza y fortalecimiento de las lenguas originarias, se acordó la creación de 39 Casas Comunitarias de Lengua Indígena (CALI) -31 para el pueblo Otomí y 8 para el pueblo Chichimeca-. Sólo falta definir las sedes.
PROMOCIÓN TURÍSTICA Y DE NEGOCIOS
En esta reunión, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, acompañará a la Presidenta de la República, antes de tomar el vuelo rumbo a España, donde realizará una gira de promoción turística, de inversión y de la cultura de los pueblos originarios, principalmente de los Pueblo Mágicos, destacando su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) -del 21 al 25 de enero de 2026- para fortalecer el turismo, donde presentará la nueva imagen de la promoción de Guanajuato y la nueva ruta de turismo religioso.
Más allá de la FITUR, la gobernadora también busca atraer inversiones y conectar a las empresas guanajuatenses para hacer negocios con los españoles, a fin de consolidar el mercado europeo; además de cumplir con una agenda cultural y de promoción de inversión. España es el segundo país de origen de mayor número de visitantes al estado, además de las inversiones establecidas en la entidad.
COFOTUR APOYARÁ PROYECTOS TURÍSTICOS
Antes de partir a España, el Consejo de Promoción Turística de Guanajuato (COFOTUR) aprobó el Plan de Turismo 2026, que le presentó la titular de la Secretaría de Turismo e Identidad (Secturi), María Guadalupe Robles León, donde se plantea como objetivo principal consolidar a Guanajuato como destino turístico competitivo, generando oportunidades y un crecimiento sostenible, en estrecha coordinación con la Secretaría de Economía, a cargo de Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, para atraer nuevas inversiones al sector.
En el Plan de Turismo 2026 destaca la planificación estratégica y su ejecución coordinada con proyectos municipales de las siete regiones, a fin de unir esfuerzos y optimizar recursos en la promoción nacional e internacional, así como fortalecer la identidad y las tradiciones de cada lugar.
Se abrió una plataforma para que actores del sector turístico presenten y ejecuten proyectos durante el año fiscal 2026. Los proyectos serán evaluados y aprobados por el Consejo, para su ejecución con apoyo de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía.
Como complemento a los programas y actividades de Secturi esta semana se concretaron acuerdos con la empresa Flecha Amarilla, representada por su vicepresidente, Enrique Oviedo Herrera para fortalecer la conectividad y robustecer las rutas de transporte turístico a todas las regiones y rincones del estado, para facilitar el acceso a los turistas.
GARANTIZA PRESIDENTA AUTONOMÍA DEL INE
La reforma electoral que presentará la Presidenta Claudia Sheinbaum a fines de enero o a principios de febrero, tiene varios puntos que presentan desafíos para el gobierno de morena y sus aliados, como la reducción del financiamiento a los partidos políticos, pero no se oponen a la reducción del presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE); de igual forma no están de acuerdo con la eliminación o reducción de los diputados y senadores plurinominales o que sean elegidos por voto directo, como lo propuso públicamente la Presidenta. Para la oposición, entre los temas de alto riesgo para la democracia, se encuentran los que pueden limitar la autonomía del INE, la desaparición de los Órganos Públicos Locales (OPLEs) -como intento para centralizar el control, garantizar la permanencia en el poder y asegurar la expansión de morena en todo el territorio nacional-. La oposición partidista, representada por el PAN, PRI y MC, ha insistido en la necesidad de incluir mecanismos para frenar la participación del crimen organizado en los procesos electorales, aceptarlo implicaría reconocer este hecho criminal.
Por su parte, el INE presentó, el lunes pasado, una serie de propuestas técnicas a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que preside Pablo Gómez Álvarez, pero prácticamente fueron rechazadas por errores técnicos -según se dijo-.
Según la Presidenta, la reforma buscará, entre otros objetivos, reducir costos electorales, disminuyendo el financiamiento a los partidos políticos; modificar la elección de legisladores plurinominales y garantizar la autonomía del INE, a pesar de las dudas de la oposición.
En apoyo a la postura presidencial, la vicecoordinadora de la Cámara de Diputados, María de los Dolores Padierna Luna sostiene que la propuesta contempla cambios de fondo al sistema electoral, orientados a replantear el modelo y a fortalecer el papel de la ciudadanía, ante un sistema de partidos que ya no responde a las condiciones actuales. A la Cámara han llegado cerca de 200 propuestas, en distintos momentos, las cuales contemplan analizarlas en la comisión dictaminadora, conforme a el procedimiento parlamentario, aunque al final será la mayoría legislativa la que determine el rumbo, a pesar de que el objetivo del proceso es abrir el análisis, mejorar las propuestas y permitir que distintas iniciativas compitan y se enriquezcan durante la discusión legislativa.
El proceso tendrá dos etapas: en la primera se analizará la iniciativa constitucional, que iniciará formalmente, en la cámara de origen, cuando se presente la propuesta, mismo que deberá concluir en marzo en ambas cámaras, y la segunda etapa, la aprobación de los congresos estatales, en abril.
La reforma electoral de México, también tiene la presión del Presidente Donald Trump, ligada a la “intromisión” -por decirlo de la mejor manera- del crimen organizado, lo que representa un grave riesgo, no sólo para el T-MEC, sino también para la economía del país y de todos los mexicanos.
NECESITA MÉXICO CONDICIONES DE CERTEZA ELECTORAL
En contraparte, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán busca sumar al debate de la reforma a instituciones y sectores para darle vigencia a su decálogo, en el que establece la necesidad de fortalecer a las instituciones electorales para garantizar que los mexicanos puedan votar en libertad y su elección sea respetada, tema que abordó esta semana con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, con quien precisó la importancia de generar condiciones de certeza democrática en beneficio de los mexicanos; para ello, propone que la reforma electoral sea aprobada por consenso; que las autoridades electorales sean imparciales e independientes; que se blinden las elecciones de la intervención del crimen organizado, y que se fortalezca la profesionalización de quienes organizan las elecciones.
“La reforma deberá buscar el acuerdo, no el avasallamiento, no la rudeza, no el agandalle; sino el acuerdo entre todas las fuerzas políticas para construir las reglas del juego para todas y para todos los mexicanos” -cita-.
La reforma electoral también debe dar certeza a quienes generan empleos y prosperidad en el país. De ahí la importancia de sumar al debate de la reforma electoral al sector empresarial, así como en cuanto al tema de la revisión del (T-MEC), prevista para este 2026: “representa un punto crítico para reafirmar la certidumbre jurídica, la confianza entre socios y la estabilidad de las cadenas de valor de América del Norte, en un entorno global marcado por tensiones comerciales y reconfiguración económica”.
En la reunión con los empresarios, organizados en torno al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, que preside José Medina Mora Icaza, la diputada los instó a participar en el debate de la reforma, dado el momento histórico en que se presenta.