PROSPECTIVA: Hiperpresidencialismo

J. Gerardo Mosqueda M.

Tener todo el poder político, tener alineados a todos los actores políticos, incluyendo algunos de oposición, tener toda la estructura para tener el control del territorio nacional y no saber qué hacer…el gobierno parece poderoso en la tribuna, pero impotente ante el crimen organizado, desconcertante de cara a los resultados, pésimos resultados, de los servicios básicos que demandan la sociedad mexicana.
Los acontecimientos de la semana pasada han agregado a las evidencias de un gobierno que se distingue por su incompetencia, por su fanatismo, por su indolencia, y por el momento no hay indicadores que puedan sugerir que el gobierno mexicano actual, el del oficialismo de la izquierda y de la extrema izquierda, el que ha preferido atender las necesidades de sus afines ideológicos de otros países, el que se empeña en explicar que lo que está grave en nuestro país no es tan grave para su visión ideológica y hace que estemos ante una debilidad institucional en un entorno de hiperpresidencialismo.
El poder político hoy, es contrario a la capacidad del Estado, en la ciencia política se diferencia entre el poder como la capacidad de mandar después de ser votado y la capacidad del Estado como la infraestructura para que las leyes se cumplan. Nadie tiene duda de que en México contamos con un gobierno con legitimidad democrática y aunque haya hecho trampas hoy tiene el control de las cámaras y otros órganos de poder, pero el Estado está hueco.
Se puede tener la voluntad política de acabar con el cártel Jalisco nueva generación, pero si el 90%de los delitos no se denuncian y el 95% de los que se denuncian no se resuelven el poder del Estado no llega a las familias, es decir, es como un gigante con los pies de barro.
Las políticas públicas fallan, porque los tomadores de decisiones no entienden, no quieren o no pueden y los funcionarios son un espectador más del deterioro del poder. En muchos municipios, el crimen organizado ha realizado una especie de captura de funciones: ellos deciden quién es el director de obra pública o el jefe de la policía. El gobierno federal puede enviar 10,000 soldados, pero si las estructuras locales están capturadas, los soldados operan a ciegas. El gobierno “gobierna” el palacio nacional, pero el cartel administra el municipio.
Es un gran dilema, contar con una política pública eficiente que debe ser preventiva y basada en evidencias cuando en México, las políticas de seguridad han sido históricamente reactivas y simbólicas, es decir, se busca el gran golpe (matar al mencho) y se logra dar una sensación de triunfo. Está muy claro que descabezar una organización sin haber desarticulado sus finanzas, ni sus vínculos sociales sólo podrá generar más violencia… saben golpear, pero no saben, o no quieren desmantelar.
Nuestro país es una especie de federación de estados, pero el poder se centralizado tanto que los estados y los municipios no tienen y ya han dejado de invertir en sus propias capacidades de seguridad preventiva, por poner un ejemplo: es una pena que los gobernadores esperan que la Guardia Nacional resuelva, por lo mismo, es inevitable que se rompa la cadena de mando y de responsabilidad y por lo tanto, cuando nadie es responsable de la seguridad; el gobierno federal, por más poder que tenga, se ha vuelto irrelevante para la seguridad cotidiana, para resolver el problema de cualquier ciudadano.
El oficialismo mexicano supo ganar las elecciones, inclusive supo manipular las interpretaciones de la ley para obtener la sobrerrepresentación, a la que no tienen derecho, pero no sabe construir instituciones y tampoco respetar las que hay; como si no supieran que el poder político es efímero, está basado en la opinión pública; la capacidad del gobierno está obligada a ser permanente y que se base en sistemas de justicia, inteligencia y servicio civil de Carrera. Mientras el poder sea personalista y no institucional, la incertidumbre en la sociedad seguirá vigente.
Ante los acontecimientos de la semana pasada, y sólo por poner un ejemplo, se ha demostrado que el gobierno tiene la fuerza, es decir el ejército, pero el crimen tiene la capilaridad, es decir, está en todas partes.
La corrupción burocrática es el lubricante que permite que las maquinarias del crimen organizado funcionen, incluso cuando el gobierno despliega a miles de soldados en una operación, en términos de ciencia política esto se explica como una falla de implementación; el diseño de la política pública es correcto en el papel, pero se corrompe en la ejecución.
Los mandos medios como los directores de área, los jefes de sector o los ministerios públicos son quienes realmente operan el Estado, en realidad el crimen organizado no necesita coaccionar o comprar al presidente municipal o gobernador o al presidente de la República, solamente necesita que los mandos medios le obedezcan, es decir, un jefe de zona o un secretario de juzgado o alguien así, por eso se corren tanto riesgos cuando se fuga la información, porque antes de que un operativo de la defensa nacional llegue a una casa de seguridad, por ejemplo, pues ya hay un mando medio un burócrata local que pudo haber avisado por cualquier otro medio privado con total éxito, así es como la corrupción burocrática puede empezar desde perder expedientes, contaminar pruebas o retrasar órdenes, permitiendo que los operadores financieros hagan su trabajo, muevan el dinero antes de que las cuentas sean congeladas.
Los presupuestos son una de las realidades más oscuras, en las que el crimen organizado ya no sólo vende drogas, también administra recursos públicos; resulta que a través de amenazas o sobornos las empresas vinculadas a los cárteles ganan licitaciones para pavimentar calles o construir infraestructura. El dinero que el gobierno federal debe distribuir a todas las unidades de gobierno, municipios y estados, termina vía empresas fachada, financiando la logística de un cartel y al final, el Estado termina pagando por su propia destrucción.
Existe una brecha insalvable en la discrecionalidad, como el margen de maniobra que tiene un funcionario para aplicar o no la ley; por ejemplo, en zonas de influencia de los carteles, la ley se aplica de forma discrecional, de manera que un inspector de transporte puede no ver un camión con precursores químicos; un jefe de aduana puede no revisar un contenedor en el puerto y todo esto trae como consecuencia que, si el poder central emite órdenes de cero tolerancia; la burocracia local aplica solo la tolerancia pagada.
En México, desgraciadamente más en sus municipios, se cambian funcionarios cada tres años, cuando mucho cada seis años y cada vez que llega un nuevo equipo de gobierno, se corre el riesgo de que despidan a los técnicos para contratar a sus amigos y un funcionario por tiempo definido sabe que su puesto durará poco y es más propenso a aceptar un soborno o acceder ante una amenaza, porque no forma parte de una institución sólida, que lo proteja, ni un futuro profesional que cuidar.
Estas realidades han ido configurando, en muy breve tiempo, lo que sociológicamente se llama un Estado simulador. Por ejemplo, cuando un general dicta en una conferencia de prensa; comunica que tiene todo el control y no es así; tiende más a ser una simulación, se aprueban leyes más severas, con jueces y magistrados más ignorantes y lo más grave es que el ciudadano sigue pagando extorsión, porque los servidores públicos de su lugar, de su localidad, siguen recibiendo una renta del crimen organizado.
Es necesario romper este ciclo perverso y es urgente también, en realidad no hacen falta más balas, sino una reforma profunda a las fiscalías, a las policías preventivas, lo que de modo genérico le llamamos justicia de proximidad, de esa manera dejarán de ser el eslabón más débil.
Una manera clara de pasar del diagnóstico a la acción es que las propuestas requieren enfocarse en reducir la discrecional del servidor público, y, por otro lado, aumentar el costo de oportunidad de los criminales; es decir, no se trata de echarle ganas, sino de rediseñar los incentivos del Estado.
Una de las mayores debilidades en los gobiernos de nuestro país es que cada seis años o cada tres años se reinventa la seguridad. Se requiere crear un servicio profesional de Carrera blindado para ministerios públicos, para jueces, para mandos policiales, en vez del daño que se ha hecho manipulando con acordeones la elección de los jueces y magistrados; se requiere que su permanencia depende de resultados y exámenes de confianza de perfil internacional no se requiere de un político en turno, se requiere de un funcionario que sepa que tiene Carrera y que durante años ha ganado el respeto de la sociedad seguramente tendrá una jubilación digna, pero de este modo los sobornos de los carteles serían menos atractivos, como lo analiza el centro de investigación y docencia económica ( CIDE ).
Es indispensable la digitalización del mayor número de trámites posible, es decir, un gobierno electrónico, se requiere una digitalización radical mediante Blockshein, las licitaciones de obra pública, los permisos de transporte, los trámites aduanales en puertos, etc. con el objetivo de eliminar en la mayor medida posible, el contacto humano, donde el crimen organizado ejerce sus presiones, es decir, si el sistema es automatizado y transparente, el halcón o el burócrata corrupto no tienen margen para extraviar expediente o dejar pasar un cargamento, requerimos gobiernos digitales.
Hace bien fortalecer las unidades de inteligencia patrimonial estatal, el golpe al Mencho fue físico, pero el sistema financiero del cártel que dirigía sigue vivo en las notarías en los registros públicos; rastrear el lavado de dinero-hormiga en negocios locales porque el poder federal no puede ver lo que pasa en un municipio pequeño. Para eso se quiere observar de manera local y luego cruzar datos de impuestos con el nivel de vida de los funcionarios, con la unidad de inteligencia financiera para corroborar qué pasa con el lavado de dinero.
Más del 90% de los ciudadanos no tiene contactos con la Secretaría de la defensa nacional, si acaso lo requiere podría tener contacto con la policía municipal; ayudaría a adoptar el modelo de justicia cívica y policía de proximidad, como ya es un modelo exitoso en ciudades y cabeceras de Estado. Es indispensable que la policía no sólo persiga delitos, sino que resuelva conflictos vecinales antes de que un cartel llegue a ofrecer su justicia paralela a la justicia del Estado; si el Estado resuelve el problema del ciudadano, el cártel pierde su base social.
Estas reformas como propuestas pueden ser difíciles porque quitan poder a los políticos locales y exigen transparencia, sin embargo, tras la muerte de un líder tan poderoso, hoy existe una ventana de oportunidad política para exigir que el vacío de poder no se llene con más menchos pequeños, sino con instituciones de la sociedad que se caractericen por su solidez.
Estas reformas y otras muchas más corren el riesgo de quedarse en un escritorio, si la sociedad civil no se organiza y si los sectores, por ejemplo, el sector empresarial, no dejan de ser víctimas, cuando en realidad se requiere que sean auditores del Estado. En ciencia política, esto se le llama la Cocreación de valor público y tiene varias rutas estratégicas: La primera de ellas tiene que ver con la creación de observatorios ciudadanos que tengan capacidad legal para que no sea suficiente con que señalen el crimen sino que también sea evaluable la respuesta del servidor público, es decir, se requiere que se realicen auditorías, en tiempo real, a las fiscalías locales y a los sistemas de seguridad, también es exigible que los indicadores de seguridad no sean sólo número de detenidos, sino índice de impunidad por delito, es decir, si una fiscalía no resuelve casos, la sociedad civil debe tener el poder legal de solicitar la remoción de mandos por incompetencia técnica.
A la presidente de México, y en particular, a las tribus que manejan y controlan la agenda
presidencial, ya les alcanzó la realidad y al darse cuenta de que las organizaciones criminales tienen mayor control en el quehacer cotidiano de los gobiernos están ante el reto de nuevos escenarios donde las pretensiones de controlar el poder político están resultando su mayor debilidad, el hiperpresidencialismo está evidenciando sus incompetencias, pero sobre todo los niveles de corrupción.

Hasta la próxima en PROSPECTIVA.

J. Gerardo Mosqueda M.