By *Positivo, desde la retórica
*Presupuesto, insuficiente
*Más lejos de la meta de 2018
PROPÓSITO: OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD
Establecer un Servicio Universal de Salud, como el que pretende el decreto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es positivo desde la retórica, pero su implementación práctica presenta retos, no sólo operativos y logísticos, sino también administrativos, financieros y de infraestructura, para sostener un sistema que ofrezca servicios de calidad a toda la población, sin saturar las instituciones existentes, al sumarse la población sin afiliación pública -que tan sólo entre 2018 y 2024 se duplicó, de 22.2 millones a 47.7 millones de personas-. Desde el punto de vista político, la oposición sostiene que es una medida irresponsable y que con ello pretende evitar reconocer las fallas de los problemas anteriores y actuales, generados por la desaparición del Seguro Popular, porque ni el INSABI ni el IMSS-Bienestar han dado resultados.
La iniciativa de ley para el Servicio Universal de Salud, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, no sólo ha marcado un debate polarizado entre la defensa oficial sobre su impacto social y las críticas de la oposición y expertos sobre su viabilidad financiera y operativa, sino que mantiene la confrontación social y política, campo fértil para el avance de la 4T, en su intento de centralización y control absoluto del gobierno federal sobre estados y sociedad.
El plan de la Presidenta busca unificar el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, para que cualquier mexicano reciba atención en cualquier institución, utilizando una credencial única a partir de 2026. Para ello, iniciarán de inmediato -a partir del 13 de abril del 2026- con la credencialización de las personas de 85 años y más, que cerrará el 30 de abril, a través de 2,059 módulos de la Secretaría del Bienestar, que tampoco cubren todo el país.
De acuerdo a lo que explicó el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, la credencialización es el primer paso para la atención en todas las instituciones de salud pública, además, funcionará como identificación oficial y reemplazará paulatinamente los carnets del IMSS y del ISSSTE.
Esta credencial contará con una aplicación móvil, que en 2026 permitirá acceder a una versión digital de la credencial, consultar en tiempo real la derechohabiencia y la visualización de unidades de salud y hospitales disponibles. En 2027 permitirá gestionar citas; información para servicios específicos; historial médico y expediente digital; seguimiento de Salud Casa por Casa; salud digital con IA y teleconsulta.
En cuanto a los servicios, el subsecretario especificó: el 1 de enero de 2027 iniciará la primera etapa de intercambio de servicios generales y de urgencia, que contemplan:
1. Atención universal en Urgencias y continuidad de hospitalización.
2. Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia.
3. Implementación del Código Infarto con servicios de hemodinamia.
4. Implementación del Código Cerebro para eventos cerebrovasculares.
5. Universalización de atención y diagnóstico para cáncer de mama.
6. Continuidad de Tratamientos en padecimientos como insuficiencia renal, cáncer y trasplantes.
7. Vacunación.
8. Consultas de Atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.
De acuerdo a su cronograma, en el segundo semestre de 2027 iniciará el intercambio de servicios especializados, mientras que, en 2028, se implementará el surtimiento universal de recetas médicas, consultas externas de especialidad y hospitalización referenciada y el primer nivel de atención de manera abierta para padecimientos crónicos.
La Iniciativa busca centralizar y hacer eficiente la atención médica, que el gobierno y morena consideran un paso histórico, para garantizar la salud como derecho humano con atención integral para la población sin seguridad social; pero, tendrá que demostrar mejoras reales en la atención al paciente y la disponibilidad de recursos para su ejecución, porque hasta hoy ni el Instituto Salud para el Bienestar (INSABI), que sustituyó al Seguro Popular, ni el IMSS-Bienestar han dado resultados.
EL CIEP PUBLICA ANÁLISIS SOBRE COBERTURA UNIVERSAL
En el marco del Día Mundial de la Salud, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), publicó un análisis sobre la cobertura universal en salud, en el que analiza tres pilares: los afiliados, los servicios que reciben y el financiamiento público del sistema de salud mexicano entre 2018 y 2024, considerando la afectación al bolsillo de las familias y los retos que enfrenta el presupuesto público. En su conclusión destaca que los datos muestran que “hoy estamos más lejos de la meta que en 2018”, empezando por el incremento de 22.2 millones a 47.7 millones de personas sin afiliación pública a un sistema de salud.
Hay desigualdad en el presupuesto destinado al IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE. En el IMSS el gasto anual por personas es de 10,074 pesos, en tanto que para alguien del IMSS-Bienestar es de 4,412 pesos. Quienes no tienen seguridad social reciben menos de la mitad de recursos, lo que aumenta su gasto de bolsillo, es decir, tienen que pagar de sus propios recursos, debido al bajo financiamiento público. Ejemplo de ello: en personas afiliadas al ISSSTE, el gasto de bolsillo, promedio, es más alto que su gasto público per cápita.
Otros retos a enfrentar, desde la perspectiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene 1.1 de camas hospitalarias por cada mil habitantes; el promedio OCDE es de 4.3. El personal médico y de enfermería aumentó, pero México aún registra 2.3 de personal médico y 2.7 de personal de enfermería por cada mil habitantes, frente a 3.7 y 9.2 en promedio en países de la OCDE.
El gobierno pone énfasis en la credencialización universal, cuando lo primero es garantizar que existan medicinas, personal médico y de enfermería disponibles y protección económica para los hogares. Sin un presupuesto equilibrado, el derecho humano a la salud -como lo plantea la Presidenta- seguirá siendo desigual para millones de mexicanas y mexicanos.
Además de la falta en número de camas, el avance en financiamiento del gasto público, que pasó de 2.3% a 2.6% del PIB, ha sido limitado, ya que las brechas respecto a indicadores internacionales mínimos persisten; además, las tasas de atención pública siguen estando por debajo del 50% y el gasto de bolsillo aumenta más que el gasto público.
El mayor retroceso se observa en la afiliación, dado que se duplicó el número de personas que no reportan tener ninguna afiliación, pasando de 22.2 millones en 2018 a 47.7 millones en 2024.
La conclusión del CIEP especifica que para avanzar en la cobertura universal, se requiere fortalecer el sistema en: afiliación, acceso y financiamiento, tomando en cuenta que, ampliar la cobertura, no sólo implica incrementar la afiliación, sino garantizar que los servicios estén disponibles y sean accesibles para toda la población.
Se debe fortalecer la capacidad resolutiva del sistema: mayor disponibilidad de personal de salud, infraestructura y equipamiento médico; ampliar la oferta de servicios, mejorar su distribución y su capacidad para responder a la demanda de atención de la población.
Avanzar hacia una mayor protección financiera de la población, fortaleciendo la inversión pública en salud y orientando el gasto hacia servicios y medicamentos esenciales que reduzcan los pagos directos de la población (WHO, 2023).
Asimismo, se requiere mayor inversión en infraestructura, personal médico y sistemas de información, que permitan monitorear el acceso y el desempeño del sistema nacional de salud. (Gobierno de México, 2023).
El Partido Acción Nacional (PAN) y diversos expertos han calificado el plan como una “medida irresponsable” o un “fraude”, argumentando que no contempla un aumento presupuestal claro para cubrir la demanda extra que recibirán las instituciones, como el IMSS. Ven un plan insostenible sin un aumento drástico en el financiamiento y una mejor gestión de la infraestructura.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, destacó en su opinión que la realidad que vive el país, en Salud, no se tapa con frases. La salud no es propaganda. La salud no se resuelve con discursos ni decretos. La salud es un derecho… y una responsabilidad del Estado.
Los especislistas advierten que obligar a instituciones como el IMSS e ISSSTE a atender a der echohabientes de IMSS-Bienestar podría colapsar los servicios existentes, afectando la atención de los trabajadores que sí cotizan. En tanto, la propuesta evita reconocer las fallas profundas de la administración anterior, como el desabasto de medicamentos y la caída en la cobertura tras la desaparición del Seguro Popular, que tenía mayor cobertura, que los del bienestar.
Advierten que, a pesar de la narrativa oficial, la realidad refleja una brecha persistente en la calidad, oportunidad de atención y disponibilidad de recursos, por lo que la “universalización” podría quedarse en una aspiración.