By *Es la tercera ministración de la primera etapa
*Están pendientes las obras periféricas
*Contribuye UNITESBA con estudio del CIJ
*Alertan sobre Precriterios Económicos 2027
CONCLUIRÁN OBRA DEL CIJ ESTE AÑO: MOLINA
La Secretaría del Nuevo Comienzo (SNC) del gobierno del estado, a cargo de María del Rosario Corona Amador, liberó, esta semana, los poco más de 15 millones de pesos, correspondientes a la tercera ministración de la primera etapa para la construcción de la Unidad de Internamiento del Bajío, del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Celaya, que le había asignado el Fidesseg. El compromiso de la institución es terminar las obras, de esa etapa, en 180 días, objetivo que se logrará sin problemas, según estimación de Salvador Molina Hernández, presidente del Patronato, lo que asegura que, toda la unidad estará concluida este mismo año, salvo las obras periféricas, como el acceso, energía eléctrica, agua y drenaje, que corresponden al municipio de Celaya, de acuerdo al compromiso establecido con la actual y anteriores administraciones, desde el 2014. Sin esos servicios, la unidad no podrá entrar en operación, ni siquiera podrá ser inaugurada.
Los recursos para la construcción de la segunda etapa, por parte del programa Tocando Corazones, de la Secretaría del Nuevo Comienzo, se suministran de manera regular, de acuerdo al proceso establecido en el convenio.
En general, los recursos para la construcción de la obra están asegurados, cumpliendo con todos los requerimientos documentales, administrativos y técnicos, de tal forma que se concluirá este año de 2026, como se tenía previsto en el programa nacional de Centro de Integración Juvenil.
De esta forma, de lograr que se terminen las obras periféricas, en tiempo y forma, la unidad podrá integrarse a la red especializada en internamiento, que actualmente opera con 10 instalaciones en el país; además de los 120 centros operativos, dedicados principalmente a la prevención y tratamiento ambulatorio de las adicciones; son centros que operan de manera profesional y están incorporados al sector público de salud.
La unidad de Celaya contará con 46 camas, comedor, cocina, lavandería, salas de cómputo, biblioteca, talleres de mecánica y de corte y confección, así como áreas deportivas con cancha de basquetbol de usos múltiples y una pista de tartán.
PLANOS Y DICTAMEN ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DEL CIJ
El edificio del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Celaya, ubicado en el fraccionamiento Rosalinda II, cumple con todos los requisitos de seguridad estructural y sistema eléctrico, de acuerdo al dictamen elaborado por alumnos del octavo semestre de la carrera de Ingeniería Civil, de la Universidad del Instituto de Estudios Superiores del Bajío (UNITESBA), avalado por el Ing. Francisco Martínez Cano, profesor de la institución y perito profesional, por lo que planos de la planta física y documentos del dictamen cumplen con la validez requerida por la Dirección de Protección Civil de Celaya, que fue la que hizo este requerimiento, que ya tenía varios años de retraso, debido a su costo.
Salvador Molina Hernández, presidente del Patronato, reconoció la colaboración de la UNITESBA, que se pactó a través del Ing. Joel Aguirre Rodríguez, rector de la institución de educación superior, y estuvo a cargo del profesor Francisco Martínez Cano, quien coordinó a los estudiantes del octavo semestre de la carrera, para realizar el trabajo.
En la ceremonia de entrega de los planos y los documentos del dictamen, Molina Hernández y el director del Centro de Integración Juvenil, Gerardo Abraham Bustos Rendón, hicieron entrega de reconocimientos por la labor profesional realizada por los estudiantes, pues independiente de que esta labor contribuye a reforzar sus conocimientos, también fortalece a la institución que tiene un impacto positivo en la comunidad.
NO INCLUYERON ALGUNOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Sobre los Pre-Criterios 2027, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el pasado uno de abril, “México, ¿cómo vamos?” realizó un análisis de los datos presentados, en relación a las expectativas de crecimiento económico del país, en el que destaca que se esperaba mayor información sobre los proyectos estratégicos: transporte, energía, puertos, agua y salud, contemplados en el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar; la implementación de la inversión mixta, ante la reducción del gasto programable, factible con la preponderancia energética de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros.
Desde el punto de vista oficial y conceptual, el documento de los Pre-Criterios 2027, como instrumento de planeación, presenta las perspectivas macroeconómicas de las finanzas públicas, a través de indicadores, como el crecimiento del PIB, la inflación y el tipo de cambio. En base a ello, el análisis del observatorio, pone su atención en siete puntos, que considera relevantes para que México crezca de forma sostenida e incluyente.
En primer lugar, preocupa la expectativa de crecimiento que plantea la SHCP, de 1.8% a 2.8% para el 2026, y del 1.9% a 2.9% para el 2027, contrario a los resultados de inicio de año y al consenso del mercado, que lo ubica en 1.49%; recuerda que 65 de cada 100 pesos de los ingresos públicos provienen de los ingresos tributarios; pero, sin crecimiento económico, el consumo privado no aumenta y limita la recaudación del IVA; si las empresas no crecen, el empleo formal tampoco, lo que reduce la generación del ISR.
También se estiman menos ingresos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) debido a los subsidios para mantener sin aumentos los precios de la gasolina magna y el diésel, pese a su encarecimiento por el conflicto en el Medio Oriente, aunque el precio de la mezcla mexicana se haya actualizado a la alza, de los 54.9 a 77.3 dólares por barril.
De igual manera, preocupan las expectativas de inflación para 2026, que la SHCP elevó de 3.0% a 3.7% anual, por debajo del consenso del mercado, de 4.2% anual. Según la Encuesta Banxico, el promedio anual de inflación, de uno a cuatro años, será de 3.76%. Presionan también la inflación los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, que en marzo se ubicaron en 6.76% anual, superando el 4.59% de la inflación general.
Entre estas preocupaciones, también se encuentra la contracción de la inversión privada y pública, al cierre de 2025. La privada, se explica por las condiciones de incertidumbre, tanto internas, con las reformas constitucionales que modificaron el Estado de derecho en México; como externas, marcadas por la política comercial de EUA, al que se destina más del 80% de exportaciones de México. En los precriterios, la SHCP reconoce, que la inversión en infraestructura estratégica es el segundo pilar del modelo de desarrollo con bienestar, un motor de crecimiento, tanto en el corto como en el largo plazo, que hoy se encuentra contraída por la incertidumbre en el Estado de derecho, principalmente marcado por la reforma al Poder Judicial.
Reducir la deuda al 4.1% del producto interno bruto (PIB) en 2026 al 3.5% del PIB en 2027, como lo plantea la SHCP, sin una reforma fiscal y sin sacrificar inversión en proyectos prioritarios para el desarrollo económico del país, como el energético, es un reto difícil de conciliar, mientras el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se elevó, tras una revisión metodológica del PIB nominal realizada por el INEGI, que aumentará de 54.7% del PIB en 2026 a 55% del PIB en 2027.
Por su impacto social, tiene relevancia determinar el financiamiento del Servicio Universal de Salud, anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 7 de abril de 2026, ya que en los programas prioritarios para 2027, aparece un incremento para los servicios de salud de sólo 3.4%, con respecto al aprobado en 2026. Mientras que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), muestra que, a partir de 2020, la mayoría de las personas que presentaron problemas de salud recibieron atención médica en el sector privado.
Por último, entre otros puntos relevantes, se cuestiona el no haber tomado en cuenta el Sistema Nacional de Cuidados, si se considera que una estrategia, para lograr la prosperidad compartida, no puede dejar fuera a las mujeres cuidadoras, ya sea de infantes, ancianos o enfermos, que les impide buscar un trabajo remunerado.
Cita el análisis que, los programas sociales, como el Programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras y la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, son deseables, pero no sustituyen el acceso a infraestructura y servicios de cuidados. En especial en una sociedad donde estas labores recaen en las mujeres.