PROSPECTIVA: Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad

J. Gerardo Mosqueda M

Como usted recordará estimado lector, en la colaboración editorial de su servidor de la semana pasada, estuvimos haciendo un recuento acerca de los índices de desapariciones, la movilización de colectivos, especialmente de mamás buscadoras, y por desgracia, de una narrativa irresponsable indolente y cargada de mentiras por parte del gobierno mexicano, específicamente la presidenta de México.
El comité contra la desaparición forzada de la organización de Naciones Unidas emitió un informe de abril de 2026 sobre México, se centra el informe en la persistencia de una crisis humanitaria que el Estado mexicano se resiste a reconocer plenamente.
Hay algunos puntos que se consideran críticos, porque representan los principales motivos de alarma en el informe de expertos de las Naciones Unidas:
-Existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas en México son sistemáticas y generalizadas, lo que podría constituirse como crímenes de lesa humanidad, según el estatuto de Roma.
-Es particularmente preocupante la evidencia de colusión sistémica entre fuerzas de seguridad en todos los niveles con grupos delictivos y aunque el gobierno federal atribuye la mayoría de los casos al crimen organizado, el comité de Naciones Unidas sostiene que la falta de acción o el apoyo de funcionarios públicos configuran la desaparición forzada.
-Hasta febrero de 2026 se han registrado más de 132,000 personas desaparecidas, pero existe un rezago forense de más de 72,000 restos humanos sin identificar.
-La impunidad es casi total, con lo cual se fomenta la repetición de estos delitos.
-El comité sostiene que los despliegues militares para tareas de seguridad civil ha sido una estrategia inadecuada que trae, como efecto, que se agravan las crisis en lugar de solucionarlas.
-Es más grave todavía la respuesta del Estado mexicano. En voz de la presidente de México, el informe es calificado como tendencioso, y, por otro lado, los intentos de modificar o reducir las cifras oficiales a través de revisiones se percibe como una estrategia de popularidad política, haciendo de lado la descripción de la realidad técnica, pero sobre todo el dolor de las familias, que sin ninguna ayuda oficial salen a buscar y escarbar con sus propias manos.
En estos momentos debería estarse poniendo en acción el artículo 34 de la convención de Naciones Unidas, donde se solicita formalmente la intervención de la asamblea general para prevenir y erradicar este crimen, porque da la impresión de que las autoridades mexicanas quieren dar por agotada su capacidad o su voluntad de respuesta efectiva.
Quizás es importante una reflexión más precisa respecto a la elaboración del informe de expertos de Naciones Unidas, mejor conocido como comité contra la desaparición forzada; este comité está apegado en un seguimiento riguroso a la metodología que se deriva de los tratados internacionales y estándares de derechos humanos; no es una suma de opiniones, ni tampoco un ejercicio de auscultación aislada, por el contrario, es un análisis técnico jurídico que integra distintas fuentes y etapas de verificación.
Trataré de resumir en unas cuantas líneas la descripción de esta metodología:
-Debe existir una recopilación de información que provenga de múltiples fuentes y los expertos no dependen únicamente de una voz. El informe se construye triangulando, datos de por lo menos tres fuentes:
-La primera proviene de informes del propio estado, es decir, el gobierno presenta sus avances, sus cambios legislativos y sus datos oficiales, según está establecido en el artículo 29 de la convención.
-La segunda fuente es información que proviene de la sociedad civil, es decir, los colectivos de víctimas y las organizaciones no gubernamentales, envían sus propios informes con datos independientes.
-tres organismos internacionales aportan datos de otras agencias de las Naciones Unidas y sistemas regionales como por ejemplo la corte interamericana de derechos humanos.
-Para casos de gravedad el comité realiza visitas al país como lo hizo en el caso de México y la metodología incluye la ubicación física en el sitio donde ocurrieron hechos de desaparición forzada. Se complementa este ejercicio con entrevistas directas a todos los niveles de autoridades, a familiares de víctimas y al personal forense. También se incluyen visitas a centros de detención, instituciones de búsqueda y servicios periciales. Se da un ejercicio de desplazamiento a distintos estados para entender las problemáticas regionales.
-Se complementa este método haciendo un análisis de contexto y de indicadores técnicos, es decir, evalúan en primer lugar la sistematicidad, es decir, si las desapariciones ocurren siguiendo un patrón repetitivo o una política implícita. Además, se comparan las leyes vigentes con su implementación real en campo y se evalúa si el Estado ha cumplido con observaciones de informes anteriores
-Antes de hacer una publicación del informe, se le envía un borrador o una lista de cuestionamientos al gobierno en turno para que aclare puntos específicos. El Estado tiene la oportunidad de presentar información actualizada, que inclusive sirva para corregir posibles errores de hecho y los expertos independientes, que deben de ser 10, en total deliberan a título personal para adoptar las observaciones finales
-Si después de este análisis, el comité detecta indicios de crímenes generalizados o sistemáticos, su metodología les permite activar el artículo 34 de la convención, elevando el caso a la Asamblea General de la organización de las Naciones Unidas para una acción internacional. Urgente.
El comité contra las desaparición forzada emite informes periódicos sobre diversos países, recientemente, es decir, en el mes de marzo y lo que cursa de abril se han publicado hallazgos sobre varias naciones, generando reacciones que van desde la cooperación técnica hasta el rechazo diplomático absoluto: Ecuador, por ejemplo, el comité publicó hallazgos en marzo de 2026, la situación en Ecuador ha cobrado relevancia debido al aumento de la violencia interna y las recomendaciones están enfocadas en fortalecer las instituciones forenses ante el incremento de muertes y desapariciones ligadas al crimen organizado; Irak es históricamente el país con el mayor número de casos registrados ante las Naciones Unidas, más de 16,000, el informe más reciente, analiza el trabajo de búsqueda en un contexto de post conflicto, señalando que la falta de un registro centralizado sigue siendo un obstáculo crítico.
Las respuestas de los gobiernos a estos informes suelen clasificarse de tres tipos:
1. De rechazo directo y descalificación. México es el caso más evidente, donde el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum calificó el informe como tendencioso y sesgado. La administración gubernamental argumentó que el comité reinterpreta la convención y que sus hallazgos no reflejan los avances institucionales logrados desde 2019, además cuestionó la metodología por extrapolar datos antiguos a la realidad de 2025.
2. Otros estados como Uruguay o Tailandia han mantenido diálogos para implementar recomendaciones forenses, aunque con lentitud en la persecución penal de los responsables.
3. Naciones con ratificaciones recientes, como Estonia o como Sudáfrica, suelen mostrar una postura de apertura como parte de su proceso de adhesión a los estándares de la convención.
La reacción del gobierno de México es considerada como excepcional por expertos, ya que en el comité se solicitó por primera vez elevar el caso a la Asamblea General de la organización de las Naciones Unidas, ante la gravedad de los indicios de crímenes de lesa humanidad y la falta de anuencia gubernamental para corregir el rumbo de deterioro en el que se encuentra este caso en nuestra nación.
La presidenta de México ha expresado un rechazo, por lo menos irresponsable descalificando el objetivo, la metodología y el perfil profesional de los expertos independientes subestimando que los integrantes de los comités se distinguen por ser el resultado de una selección que se basa fundamentalmente en tres características principales:
1. El Franco, reconocimiento de su integridad moral.
2. Su reconocida, competencia en materia de derechos humanos.
3. Su experiencia jurídica relevante, es decir, los expertos tienen trayectorias que combinan su alto rango de desempeño académico con la práctica judicial internacional, de manera que muchos de ellos son doctores en derecho internacional en ciencias políticas o sociología con algunas décadas de investigación en desapariciones forzadas, de igual manera se integran personas con años de práctica en las cortes nacionales e internacionales, incluyendo tribunales penales y misiones de observación de las Naciones Unidas o bien, y por último, consultores para organismos como el comité internacional de la Cruz Roja o la Comisión interamericana derechos humanos.
Los miembros de un comité son elegidos por los estados que han ratificado la convención. Actualmente, han ratificado 78 países para mandatos de cuatro años con posibilidad de una reelección, esta independencia es lo que les permite emitir dictámenes técnicos, incluso cuando contradicen la postura oficial del gobierno, como es el caso de México.
Bueno, pues todos estos antecedentes y formularios que genera los comités de expertos de las Naciones Unidas no han sido suficiente argumento para que la presidente de México asuma y en vez de descalificar reconozca al menos que se le está haciendo una descripción objetiva del tamaño del problema y las alternativas de solución.
Por desgracia, al gobierno mexicano, no le ha importado en absoluto un dictamen y prefiere mantenerse en una posición ambigua y mentirosa que asumir el carácter vinculante que se genera a partir del valor legal de las recomendaciones y de las acciones urgentes que se derivan del informe.
Es importante destacar que el valor legal de las conclusiones del comité es un tema de gran relevancia jurídica para nuestro país, donde la suprema corte de justicia de la nación ha jugado un papel determinante para elevar su estatus, de tal manera que las recomendaciones y las acciones urgentes tienen un carácter vinculante, es decir, obligatorio, y así como en otros años, la suprema corte de justicia de la nación ha emitido sentencias históricas, donde reconoce que las acciones urgentes del comité son obligatorias para todas las autoridades encargadas de la búsqueda en el presente y lamentando una vez más el deplorable nivel de expertís técnico de la actual suprema corte, pues pareciera que el gobierno mexicano no está preocupado porque la suprema corte tenga una actitud de hacer valer el carácter vinculante del informe.
No obstante que el gobierno mexicano ha ratificado la convención internacional México tiene estas obligaciones integradas a su bloque de constitucionalidad y esto significa que un juez mexicano puede ordenar a una fiscalía cumplir con lo que el comité solicita en un caso específico, pero a diferencia de las acciones urgentes, que son órdenes inmediatas, las recomendaciones de los informes generales funcionan como una hoja de ruta técnica; si el Estado la ignora incurre en responsabilidad internacional y puede ser sancionado en foros diplomáticos
En estricto sentido, no existe un plazo de caducidad, sino tiempos específicos, según el mecanismo:
-Seguimiento de recomendaciones. El Estado tiene un plazo de hasta 24 meses para informar sobre los pasos tomados según las recomendaciones instruidas.
-Acciones urgentes en caso de búsqueda individualizada el Estado debe responder en plazos que suelen ir de 90 a 180 días sobre los avances de localización
-Para la activación del artículo 34, si el comité determina que las desapariciones son sistémicas y el Estado no atiende las recomendaciones, procede que se actúe de la siguiente manera: 1. Se pide al estado aclarar la situación de gravedad. 2. El comité lleva la cuestión a la consideración de la asamblea general de la ONU a través de su secretario general. 3. Procede un ejercicio de presión internacional, este puede derivar en resoluciones de condena global, misiones de investigación especial o sanciones diplomáticas que afectan la reputación y las relaciones exteriores del país.
Por eso la reciente reacción del gobierno mexicano al rechazar el informe que propone el uso del artículo 34 marcando un precedente, donde la ONU busca que la comunidad internacional presione al Estado mexicano para que la búsqueda de más de 132,000 personas sea una realidad efectiva y no sólo un discurso.
Ante la postura de rechazo del gobierno mexicano, al informe de abril de 2026, los colectivos de madres buscadoras y otros cuentan ya con herramientas legales robustas, respaldadas por precedentes de la suprema corte de justicia de la nación, para obligar a las autoridades a actuar; aunque el ejecutivo federal desestima, el informe general, la suprema corte de justicia de la nación ha determinado que las acciones urgentes emitidas por el comité de la ONU, son obligatorias y vinculantes para todas las autoridades de búsqueda en México.
Las familias mexicanas pueden promover juicios de amparo para exigir que las fiscalías cumplan con las medidas de búsqueda e investigación ordenadas por la ONU en casos específicos y el Amparo en revisión 1077/2019, significa que un juez federal puede sancionar a funcionarios que ignoren las peticiones del comité, independientemente de la retórica política del momento.
Frente a la descalificación del informe por parte de la presidente Claudia Sheinbaum, quien argumentó que el documento extrapola datos y omite avances institucionales los colectivos pueden adoptar cualquiera de las siguientes rutas:
1. Litigio estratégico internacional. Los colectivos respaldan la activación del artículo 34 por parte del comité, lo que eleva el caso a la asamblea general de las Naciones Unidas.
2. Contraste de cifras organizaciones como el movimiento por nuestros desaparecidos. Por ejemplo, utilizan el informe para denunciar públicamente la eliminación de registros en el censo oficial estimado, en 31,000 casos al menos, según el criterio de los grupos o colectivos de búsqueda.
3. Fortalecimiento de la búsqueda ciudadana, ante lo que perciben como una traición institucional, grupos como “guerreras en busca de nuestros tesoros” o “hasta encontrarte” continúan sus labores de búsqueda independiente, utilizando el informe de la ONU como validación técnica de que la crisis es sistemática y requiere intervención forense externa.
A pesar del conocimiento de toda esta argumentación, el gobierno mexicano ha preferido negar la realidad y demostrar una vez más que no le importa servir a la sociedad mexicana y que el uso de su autoridad pasa solamente como el espacio de poder con el que justifica la conducta autocrática. en un asunto de tal trascendencia, de una importancia generacional para la nación mexicana, las tribus de izquierda en el poder, sin un focalizador en el abuso del poder, y no en el servicio a la Sociedad, que lamentable.
Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
J. Gerardo Mosqueda M.