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*Aumenta trata de personas 200%
*Presencia más engérgica de la FSPE
*Aprueban ley para elección judicial
ANALIZAN ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD EN CELAYA
En Celaya y la región hay una sensación de mayor inseguridad, acorde al incremento general en la incidencia delictiva, que registra el Sistema Estatal de Seguridad Pública de un 5.51% en el primer cuatrimestre de 2026, a pesar de la disminución de 1.8% entre marzo y abril. En el mismo sentido, se percibe la necesidad de una participación más enérgica de los grupos especiales de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en coordinación con el gobierno municipal, la guardia nacional y el Ejército para abatir delitos de alto impacto. Preocupa, particularmente, el incremento del 14.29% en las extorsiones, entre enero y abril, y las desapariciones, de las que no se lleva registro, en el que uno de sus compentes es la trata de personas, que se incrementó en un 200% en el mismo período.
En reunión del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, presidido por Jorge Luis Gámez Campos, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, a cargo de Adrián Mata Osio, y representantes del Escuadrón Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado, se expusieron los programas y estrategias de seguridad pública y se revisó la estadística delictiva de Celaya, con sus avances y áreas de oportunidad, así como acciones en las que puede incidir la población.
En el marco de la estrategia integral de seguridad pública, que ha implementado el gobierno del estados, se destacó la importancia de los arcos carreteros que permite detectar e identificar los vehículos que pasan por diferentes sitios, así como dar seguimiento a los que sean de algún interés en cuanto a la prevención de delitos.
Sin embargo hay limitantes que no se han podido superar, como la inscripción en el Registro Público Vehicular (Repuve) del total de unidades con domicilio en el estado, como parte de la estrategia integral de seguridad; un programa en que los empresarios pueden participar, promoviendo entre las organizaciones y entre sus colaboradores la importancia de este mecanismo para fortalecer la seguridad.
En este tema, los empresarios abundaron en la necesidad de implementar también el registro de las motocicletas, que se ha convertido en el medio de transporte personal más generalizado, acorde con el planteamiento del delegado del IMSS, sobre una mayor incidencia de accidentes y atenciones de trauma en las clínicas.
Sobre el incremento de las personas desaparecidas, de la que no existe una estadística específica y que pudiera tener una relación inversa a la disminución de los homicidios dolosos, tomó nota para abordar el asunto con la Secretaría de Seguridad y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP, a fin de implementar un registro y un indicador.
A la vez, el Secretario Ejecutivo informó que en el ámbito estatal, también ya se trabaja en protocolos ciudadanos para la prevención de la extorsión, además de los mecanismos y sugerencias que compartieron los elementos del Escuadrón Antiextorsión, así como los medios de contacto para la atención oportuna y adecuada.
CIFRAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO
Con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Celaya registró un incremento general en la incidencia delictiva del 5.51% de enero a abril y una disminución mensual entre marzo y abril de 1.8%. Aunque los homicidios dolosos han disminuido, de enero a abril 77.69%, comparado con el mismo período de 2025 y un 40.00% en abril respeto a marzo de 2026; el robo a casa habitación con violencia se incrementó un 100% entre marzo y abril, aunque en el período de enero a abril de 2025 contra 2026, hubo una disminución del 60.00%. El robo a casa habitación sin violencia se incrementó 20.00%, comparando enero-abril de éste con el año anterior y registra una disminución del 12.50% de abril contra marzo.
El narcomenudeo, presenta una disminución anual del 37.70% de enero-abril y del 4.76% en abril respecto al mes anterior. La extorsión registró un incremento anual 14.29% de enero-abril y una disminución del 11.54% entre marzo y abril.
ANDAMIAJE JURÍDICO PARA ELEGIR JUECES MAGISTRADOS
El Congreso del Estado puso el andamiaje jurídico para implementar, en Guanajuato, el nuevo modelo de elección popular de personas juzgadoras, estableciendo reglas específicas para la postulación de candidaturas, campañas, fiscalización, medios de impugnación, cómputos, asignación de cargos y declaración de validez de las elecciones judiciales.
Las reformas aprobadas, que se ajustan a las reformas constitucionales federal y estatal, precisan la implementación de mecanismos institucionales de coordinación entre poderes públicos y autoridades electorales, delimitando competencias y procedimientos, para garantizar la observancia de los principios constitucionales de: legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, objetividad, máxima publicidad, transparencia y paridad de género.
En lo estrictamente jurídico, la reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se incluyen nuevas figuras procesales para la protección de los derechos político-electorales, como: el juicio electoral, el juicio de inconformidad en materia judicial y el juicio general.
Entre las reglas que regirán la contienda, se establece expresamente el principio de paridad de género, la prohibición de intervención partidista y el uso de recursos públicos, la regulación de topes de gastos personales, la prohibición de propaganda pagada en medios de comunicación y redes sociales, mediante mecanismos de posicionamiento artificial, y la obligación de transparencia y difusión pública de perfiles y trayectorias de candidaturas, mediante entrevistas públicas, lo que fortalece los principios de máxima publicidad y acceso a la información pública.
Para los Comités de Evaluación de los tres poderes del Estado, como órganos técnicos temporales encargados de verificar requisitos y evaluar la idoneidad de las personas aspirantes, se prevén reglas -pero aún no se define-.
De acuerdo a lo expuesto por la autora del dictamen, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, esta reforma cumple con el principio constitucional para su publicación, al menos, 90 días antes del inicio del proceso, para garantizar certeza jurídica, estabilidad institucional y reglas claras, sin modificaciones sobre la marcha por intereses políticos coyunturales.
FACULTADES AL IEEG
Esta reforma, que surgió del trabajo técnico y político, a través del diálogo y el consenso, de las fuerzas representadas en el Congreso, implica una armonización en materia de elección judicial y otorga al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato las facultades para organizar, desarrollar y vigilar dichos procesos bajo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad e independencia.
Las reglas abarcan, desde convocatorias, las campañas, fiscalización y restricciones al financiamiento indebido en campañas judiciales.
Los diputados se abstuvieron -responsablemente, dijo la ponente- de incorporar propuestas ajenas a criterios técnico-jurídicos y alcanzó el consenso para suprimir el concepto que pretendía regular la violencia política como una institución jurídica diferenciada de la violencia política en razón de género.
IMPLICA CAMBIAR MODELO DE JUSTICIA
La reforma aprobada, no es menor, surge sino de una obligación constitucional de armonizar el marco jurídico local a una reforma federal que modificó de manera radical el modelo de impartición de justicia, reconocieron, en lo general, la diputada Susana Bermúdez Cano y el diputado David Martínez Mendizábal, al exponer sus puntos de vista a favor del dictamen, precisando que, aunque éste incorpora mecanismos importantes para proteger principios fundamentales, como: la legalidad, la certeza, la imparcialidad, la transparencia y la paridad de género, no dejan de ser legítimas las preocupaciones jurídicas, democráticas e institucionales, que han surgido a lo largo del análisis, porque la justicia no debería depender de popularidades, de estructuras político-electorales, ni de dinámicas propias de una campaña; sin embargo, avaló la incorporación de medios de impugnación específicos que permitirán garantizar la tutela judicial efectiva y brindar certeza jurídica a quienes participen en estos procesos.
David Martínez Mendizábal destacó el trabajo realizado para armonizar las 424 hojas que integran el dictamen, dividido en dos grandes rubros: la elección habitual de diputaciones y presidencias municipales; y la elección de los integrantes del Poder Judicial y jueces, para ser elegidos directamente por la ciudadanía.
El dictamen se aprobó en lo general, mientras en los particular se desecharon las reservas propuestas por Carlos Abraham Ramos Sotomayor y María Eugenia García Oliveros, relativas al financiamiento público a los partidos políticos. En el debate se precisó que está mecanismo está diseñado para fortalecer la vida democrática y garantizar condiciones de equidad en la competencia electoral; mientras la propuesta de los diputados de morena, proponen se ajuste a los principios básicos de austeridad y racionalidad presupuestal y destinar el recurso, de ese ahorro, al bienestar social, seguridad e infraestructura escolar.
La propuesta también fue rechazada porque sólo se encuadra en el populismo legislativo, pues se propone sabiendo que no es viable y que carece de un análisis a profundidad; es un contrasentido con la propuesta de una elección federal para el 2028 que costará miles de pesos. En el debate salió a relucir el financiamiento del narco.