PROSPECTIVA: No hace falta explicar nada…

J. Gerardo Mosqueda M.

La presidente de México decidió defender a sus aliados, amigos, cómplices y generar una convocatoria para que la escucharan, en 32 plazas del país, decir que no es presidente de todos los mexicanos, que primero es la líder de su movimiento y que prefiere renunciar a ser la jefe del Estado mexicano y pretende engañarnos a todos dando su propia versión de soberanía.
Encarnada en el populismo de izquierda de los años setenta con una ensalada de nacionalismo, estado de bienestar e historia de agravios construyó un discurso institucional. Utiliza la repetición de datos y apela al pueblo como sujeto colectivo y después de todo eso se imagina que transmite tranquilidad y orden, sigue creyendo que su objetivo es consolidar el proyecto de la cuarta transformación, aunque desde hace meses prefiere no usar el concepto del segundo piso, prefiere darle un Matiz técnico, pero no quiere perder su arraigo
y todavía cree que con eso conserva la popularidad de su antecesor.
Enmarcó su mensaje en la defensa de la soberanía nacional frente a injerencias extranjeras, entiéndase bien, así les llama a las presiones de Washington y sigue en el énfasis de que los problemas internos de nuestra nación deben resolverse sin tutelajes extranjeros.
La presidente ha utilizado la reivindicación histórica, exigiendo disculpas por agravios pasados para consolidar la identidad y dignidad nacional, pero su visión política deposita la responsabilidad de la justicia social en un estado fuerte y centralizado, apoyado por programas del bienestar y ha marcado unas diferencias en la sociedad, dividiéndola entre un pueblo, históricamente marginado, y lo que ella llama élites corporativas corruptas, con lo cual pretende legitimar la intervención estatal en la economía y la política para equilibrar las
desigualdades… (sic)
En términos de ciencia política, el mensaje de la presidente contribuye a la disputa global entre el Populismo Identitario y Progresista, donde la señora Sheinbaum habla para legitimar un movimiento de masas, buscando la cohesión social a través de la épica de la transformación y la soberanía.
No está demás una breve referencia a las raíces teóricas, siempre será un paso fundamental para entender cualquier debate moderno, especialmente el tema de la soberanía porque es el concepto que define el nacimiento, la identidad y el poder absoluto del Estado moderno, Juan Bodino en su obra “los seis libros de la República” 1576, es el primero que acuña el término de forma sistemática y define la soberanía como el poder
supremo, perpetuo e indivisible sobre los ciudadanos y los súbditos. Para Bodino, el soberano está por encima de las leyes humanas, porque él es la fuente de la ley, aunque sigue sujeto a las leyes divinas y naturales. En la base jurídica del Estado un territorio no es un Estado sino existe un poder central unificado que tenga la última palabra.
En Leviatán 1651 Thomas Hobbes justifica la soberanía, no por derecho divino, sino a través de un contrato social; en el estado de naturaleza, los seres humanos viven en una guerra de todos contra todos, para evitar la muerte violenta, ceden toda su libertad y poder a un tercero: el Leviatán, es decir, el estado, y a partir de allí la soberanía debe ser absoluta e incuestionable si el poder del soberano se divide o se debilita el Estado colapsa y la sociedad regresa al caos y a la violencia, por lo tanto justifica el monopolio de la fuerza coercitiva y es el único que puede usar la violencia legalmente para garantizar la paz y el orden.
En el contrato social 1762 Rousseau revolución el concepto al cambiar al titular de ese poder, por tanto, la soberanía no pertenece a un monarca, ni un gobernante, sino al pueblo entero. Es la manifestación de la voluntad general, es inalienable, es decir, no se puede ceder, no se puede vender, es indivisible, por tanto, los gobernantes no son los dueños del poder, sino simples ejecutores o comisarios del mandato del pueblo. Es la piedra angular de la democracia moderna y de los procesos de autodeterminación nacional.
Dicho todo esto, la soberanía se resume en independencia hacia el exterior. Ningún otro estado puede mandar en tu territorio y supremacía en el interior. Ningún actor interno tiene más poder que el Estado.
Desde la perspectiva de la doctrina social católica, el concepto de soberanía se aborda desde una óptica ética y personalista distanciándose del absolutismo de Hobbes o del estatismo radical, es decir, el Estado es una institución necesaria, pero su poder no es ilimitado, ni constituye la fuente última de la moral o del derecho.
Por tanto, se sostiene que toda autoridad legítima proviene en última instancia de Dios, quien es el único soberano absoluto, es decir, al no ser el estado, la fuente originaria del poder, su soberanía está estrictamente limitada por la ley natural por los derechos humanos fundamentales y por el orden Moral, una ley civil que contradiga la justicia esencial carece de fuerza moral.
El Estado no posee soberanía para beneficio propio, para acumular poder o para servir a una ideología. Su única justificación es la promoción del bien común, entendido como las condiciones sociales que permiten el desarrollo integral de todas las personas. Por lo tanto, la soberanía es legítima únicamente si busca la paz, la justicia, el bienestar social y la protección de los más vulnerables.
Se entiende la soberanía desde su muy clara responsabilidad de proteger los cuerpos intermedios. Este principio fundamental establece que comunidades de orden superior, como el Estado, no deben absorber las funciones, ni destruir la autonomía de las comunidades inferiores, como la familia, los municipios o las organizaciones civiles. Frente a la soberanía centralista y absoluta de Bodino. El pensamiento social cristiano propone que el poder debe estar distribuido. El Estado soberano sólo debe intervenir cuando los ciudadanos o los grupos locales no puedan resolver un problema por sí mismos, actuando como ayuda, no como sustituto.
El ser humano es el fin, no el medio y a diferencia de teorías contractualistas clásicas, donde el individuo se disuelve en la voluntad general, como sería la propuesta de Rousseau o se somete por completo al Leviatán, según Hobbes, el pensamiento social cristiano, afirma la primacía de la persona humana.
El estado soberano existe para servir a la persona y nunca la persona para servir al estado. Y desde el pensamiento social cristiano, el respeto a la soberanía de las naciones y su derecho a la autodeterminación rechaza de manera categórica el nacionalismo egoísta o absoluto. Por lo tanto, reconoce que los estados forman parte de una sola familia humana. Por ello, la soberanía nacional debe armonizarse con los deberes de solidaridad internacional, con la búsqueda de la paz mundial y con la colaboración con autoridades internacionales legítimas para resolver problemas globales, como la pobreza, por ejemplo.
Desde la perspectiva del pensamiento social cristiano, la soberanía es una función de servicio público, regulada por la ética, no es un poder absoluto para mandar. Es un instrumento intermedio diseñado para organizar la convivencia, condicionado siempre al respeto de la dignidad humana y al principio de subsidiariedad.
El discurso de la presidente mexicana se fundamenta en el populismo de izquierda, la rectoría del Estado y una especie de justicia social redistributiva, el lema insignia de su movimiento: por el bien de todos, primero los pobres, guarda una cierta similitud retórica y conceptual con la opción preferencial por los pobres plasmada en encíclica sociales, aunque la visión de Sheinbaum, en el sentido de que el Estado debe intervenir en la economía para garantizar derechos básicos como educación, salud y vivienda, coincide con la premisa de pensamiento social de que la propiedad privada está subordinada al destino universal de los bienes y el bienestar colectivo.
Sin embargo, la presidente de México promueve un estatismo absoluto, la centralización del poder en el Estado federal y subestima y manipula las organizaciones de la sociedad civil o intermedias; esta posición choca frontalmente con el principio de subsidiariedad, el cual dicta que el Estado no debe absorber las funciones de la familia, ni de los municipios ni de las asociaciones independientes.
Si adoptáramos la lógica de Rousseau de la voluntad general encarnada en su partido, el discurso oficialista lleva a dividir a la sociedad de forma polarizada: el pueblo bueno frente a las élites; el pensamiento social cristiano rechaza esta dialéctica de confrontación, promoviendo en su lugar, la concordia social, el pluralismo y el bien común universal.
La defensa irrestricta, que, en su conferencia sobre soberanía, hace la legisladora española, Cayetana Álvarez, de las libertades individuales, el mérito y el estado de derecho resuena, con la visión del pensamiento social de que el ser humano es el fin y no el medio de la política.
El Estado existe para servir a la persona y salvaguardar sus derechos inherentes; la legisladora hace una dura crítica al paternalismo gubernamental y al intervencionismo. Su conferencia se alinea con la advertencia del pensamiento social cristiano sobre los peligros de un Estado asistencial que anula la iniciativa personal, la responsabilidad y la dignidad del trabajo, convirtiendo a los ciudadanos en sujetos dependientes.
El discurso de la legisladora se acerca al individualismo de los méritos de corte liberal y conservador para el pensamiento social cristiano, la libertad sin una fuerte dosis de solidaridad y responsabilidad hacia el prójimo corre el riesgo de legitimar desigualdades estructurales salvajes, como siempre se ha criticado fuertemente.
En el pensamiento social cristiano es una exigencia que las fuerzas económicas y los mercados estén fuertemente regulados por la ética y la justicia social.
Las posturas económicas afines al espacio político de la legisladora Álvarez de Toledo defienden una mayor desregulación y la soberanía de libre mercado como motor óptimo de asignación de recursos y aunque defiende las raíces culturales cristianas de occidente frente al relativismo, el enfoque de la diputada Álvarez de Toledo rescata la soberanía de la ley, las instituciones democráticas y la libertad individual, pero también subordina la solidaridad comunitaria a la lógica del mérito individual y una fría estructura legal. Sin embargo, la diputada española tiene una muy superior idea de soberanía y su conferencia en México demostró que su cultura política es muy superior a la de las tribus de izquierda que le siguen instruyendo la agenda a la presidente de México.
Por si fuera poco, en la teoría clásica, el Estado se define por tener el monopolio de la violencia legítima y una autoridad indivisible, pero es el crimen organizado quien rompe por completo este esquema; si el ciudadano cede su libertad al Estado a cambio de seguridad y el Estado no puede protegerlo de la violencia de los carteles, el contrato social se rompe.
La realidad del crimen organizado genera lo que en ciencia política se conoce como soberanía, fragmentada o gobernanza criminal. El Estado comparte el control del territorio con actores armados ilegales.
Teóricamente la soberanía no se puede dividir, sin embargo, en las regiones controladas por las mafias, la soberanía se fragmenta; el Estado formal cobra impuestos, imita tener leyes, pero el crimen organizado impone el derecho de piso y decide quien abre un negocio y administra su propia justicia. sumaria, de manera que cuando los carteles imponen candidatos, asesinan a políticos, compran votos o someten a los votantes, la soberanía popular se extingue.
El pueblo ya no decide el poder de las armas.
El crimen organizado representa la antítesis absoluta de la soberanía. Porque el Estado sólo tiene legítima soberanía si genera las condiciones para que las personas prosperen en paz. Al sembrar el terror, el desplazamiento forzado y la muerte, el crimen organizado destruye el tejido social y vacía de contenido, la justificación moral del Estado. El crimen organizado somete y coloniza a los cuerpos intermedios mediante el miedo, cuando el Estado central abandona las comunidades a su suerte frente a los carteles, viola
flagrantemente el principio de protección subsidiaria, por lo tanto, la corrupción sistémica y la violencia de las organizaciones criminales que deshumanizan tanto a quienes las ejercen, como a quienes las padecen, reduce la vida humana a una mercancía descartable.
Es en este punto donde todos los enfoques y todas las narrativas chocan con mayor violencia en el plano analítico, es decir, el discurso oficialista defiende una estrategia de soberanía enfocada en atender las causas para quitarle bases social al crimen organizado, evitando la confrontación directa a gran escala, pero la realidad es que sólo prioriza los programas sociales mientras los grupos criminales expanden su control territorial y el cobro de piso debilita la soberanía formal del Estado y eso permite que los carteles consoliden ejércitos privados que desafían la autoridad pública de manera cotidiana.
La prueba de la realidad es contundente, el crimen organizado demuestra que la soberanía no es un concepto estático que se posee por derecho de nacimiento, sino un ejercicio diario de control, legitimidad y protección.
Cuando el crimen organizado toma posesión de grandes extensiones de la nación mexicana, es indispensable la denuncia de la pérdida absoluta de la dignidad moral y del orden social y los proyectos políticos contemporáneos tienen que elegir entre el dilema de contener a la violencia, atacando las raíces sociales del problema o restaurar la soberanía, mediante la imposición inmediata y estricta de la autoridad.
La autoridad en este país ha decidido primero defender a sus cómplices y olvidarse de la sociedad. Ha decidido proteger a sus cómplices, sin importarle la sociedad, es decir, la corrupción institucional en el país no tiene propósito de contener la violencia, ni tampoco restaurar la soberanía, sino simplemente protegerse ante la velocidad con la que se van descubriendo las evidencias de la complicidad.
Morena hizo todas las negociaciones con el crimen organizado para financiarse, y ahora es parte del problema de la nación mexicana, no es parte de la solución.

Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
J. Gerardo Mosqueda M.