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DA CERTEZA JURÍDICA Y ELIMINA LA RETROACTIVIDAD
El pasado lunes 15 de junio se realizó una mesa de trabajo en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside Juan Carlos Romero Hicks, para escuchar opiniones sobre la iniciativa de reforma, que el Congreso del Estado pretende enviar al Congreso de la Unión, en cuanto al límite de las jubilaciones y pensiones de las Entidades Públicas y su aplicación retroactiva, de acuerdo a la reforma federal, publicada el pasado 10 de abril de 2026, en el Diario Oficial de la Federación el Decreto, por el que se reformó y adicionó el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está vigente desde esa fecha. Lo que se busca es brindar certeza jurídica en cuanto a la determinación de las pensiones y jubilaciones y la no retroactividad de la reforma.
En otras palabras, el Congreso del Estado pretenden corregirle la plana al Congreso de la Unión, porque, al pretender eliminar la “Pensiones Doradas” -tema en el cual están de acuerdo-, se incurrió en violaciones a principios fundamentales del derecho, como: certeza jurídica, irretroactividad de la ley, progresividad de derechos adquiridos y la renuncia a los derechos laborales. Pero sí estableció excepciones: a las Fuerzas Armadas de México, a los órganos autónomos y los que llegaron por derechos sindicales.
La iniciativa de ley, con la que el Congreso del Estado pretende hacer valer su derecho como órgano iniciante, tiene dos objetivos fundamentales: eliminar el efecto retroactivo en materia de límites a jubilaciones y pensiones de personas servidoras públicas, y fortalecer la certeza jurídica y la protección de derechos adquiridos, empezando por definir el concepto de “Remuneración Anual Máxima”, la cual no puede estar sujeta a la mitad de la remuneración de la Presidenta del Ejecutivo, porque queda al arbitrio de la persona titular.
Al hacer la introducción del tema, el diputado Juan Carlos Romero Hicks destacó la coincidencia de los legisladores que las pensiones doradas deben desaparecer; pero hay violaciones a los principios indicados, y principalmente a los derechos humanos y a los principios convencionales de las organizaciones internacionales de los cuales México es parte, lo que abre la puerta, por ejemplo, a la intervención y pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tribunal judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La exposición de motivos de la iniciativa, amplía el sustento jurídico, tanto sobre el derecho del Congreso del Estado para presentar la iniciativa, y sobre la responsabilidad Congreso de la Unión para atenderla, como sobre la viabilidad de la reforma con proyecto de decreto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para subsanar las fallas en cuanto a la seguridad jurídica de los pensionados, para no quedar sujetos al arbitrio de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, que en cualquier momento decida bajarse el sueldo, lo cual impactaría directamente en el monto de sus pensiones.
La mayoría de los representantes de las dependencias y órganos autónomos participantes, como la Consejería Jurídica, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobierno, del Instituto de Seguridad Social del Estado, del Instituto Estatal Electoral, del Tribunal de Justicia Administrativa, coincidieron principalmente en que se debe precisar el concepto y establecer la Remuneración anual máxima de manera objetiva y previamente determinada en la legislación aplicable.
En este sentido se aclaró que la Consejera Jurídica del Gobierno Federal Luisa María Alcalde Luján, envió un oficio, principalmente a los órganos autónomos, donde precisa algunos puntos de la reforma a las pensiones y jubilaciones, precisamente sobre la Remuneración anual máxima; sin embargo, éste es un escrito administrativo, que no tiene impacto en la reforma y ampliación de la ley.
En base a ello se concluye que la iniciativa del Congreso de Guanajuato, mantiene su pertinencia y es oportuna, ya que los congresos locales del país tienen hasta el 8 de julio próximo para armonizar las leyes locales a la reforma constitucional federal.
Asimismo, es acorde al marco nacional vigente; se reduce el margen de discrecionalidad política sobre topes salariales; se fortalecen los principios de transparencia y seguridad jurídica; entre otros aspectos.
En resumen sobre lo expuesto, Juan Carlos Romero Hicks destacó la preocupación que existe en materia de derechos humanos, sobre la aplicación de la remuneración anual máxima y el tema de la retroactividad de los derechos, que se van a precisar en la iniciativa que se enviará al Congreso de la Unión.
Se recordó que también ya se envió otra iniciativa para cuando se trate de la reformas constitucionales federales, el Constituyente Permanente, (Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), como órgano reformador de la constitución, tenga una participación más directa y no una simple votación de sí o no.
En esta sesión participaron Juan Carlos Romero Hicks, María Eugenia García Oliveros y Susana Bermúdez Cano.
INICIAN APLICACIÓN DE PRUEBA RIMA
Este miércoles 16 de junio inició en Guanajuato la aplicación de la prueba RIMA 2026, a 655 mil estudiantes: 442 mil 282 de tercero a sexto grado de primaria, y 213 mil secundaria, de primero y segundo de secundaria, de 5,581 planteles. La evaluación es una herramienta estratégica que permite conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes en Español, Matemáticas y Ciencias, para diseñar estrategias de mejora y atender de manera oportuna las necesidades de cada escuela.
La prueba RIMA (Recopilación de Información para la Mejora de los Aprendizajes), desarrollada por la Secretaría de Educación de Guanajuato desde 2020, es un referente nacional por su capacidad para medir avances y se ha consolidado como una herramienta estratégica para:
-Orientar decisiones pedagógicas.
-Fortalecer la formación docente.
-Mejorar las políticas educativas.
RIMA, además, recopila información sobre factores escolares, familiares y socioemocionales que influyen en el desarrollo integral de las y los estudiantes, lo que permite tener resultados válidos, contextualizados y confiables, para identificar, con precisión, qué requieren aprender los estudiantes y cómo fortalecer su desarrollo desde la escuela, el hogar y las políticas educativas, reafirmando la importancia de la participación de madres, padres de familia y tutores, como aliados fundamentales en la formación y el acompañamiento de sus hijos.
Los resultados obtenidos durante sus seis aplicaciones muestran avances sostenidos: En 2025, Guanajuato registró una mejora promedio del 5% en Español y del 4% en Matemáticas respecto al año anterior; el 68% por ciento de las escuelas evaluadas mejoró sus resultados en Español y el 64% en Matemáticas, superando incluso los niveles observados antes de la pandemia.
Durante el arranque de RIMA 2026, la gobernadora estuvo acompañada del Secretario de Educación Luis Ignacio Gómez Sánchez; el Secretario General de la Sección 13 del SNTE, Raúl Espinoza Alonso, y el Secretario General de la Sección 45 del SNTE, Juan Rigoberto Macías Vidales, quienes reconocieron el sentido pedagógico de la evaluación, que permite conocer la realidad de cada estudiante y fortalecer la toma de decisiones, en colaboración de docentes, directivos, supervisores y jefes de sector.
En este evento, también se entregaron reconocimientos a 46 escuelas públicas que obtuvieron los resultados más sobresalientes y los mayores avances entre 2024 y 2025.