RED CIUDADANA 4.0: Se suman dirigentes de la Begoña a reclamó de vecinos de Neutla
*CONSUME MINERA 270 MIL LITROS DE AGUA AL DÍA
*LA PANDEMIA AVANZA, EL GOBIERNO LA POLITIZA
*REACCIONA LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN
DEBEN INTERVENIR LA SMART Y LA PAOT
María Isabel Ortiz Mantilla.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de María Isabel Ortiz Mantilla, y la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, que preside Karina Padilla Ávila, están obligadas a intervenir en protección y apoyo de los habitantes de las comunidades de Neutla, Delgado de Abajo, Delegado de Arriba y Don Diego, del municipio de Comonfort, que elevaron su queja por daños al medio ambiente y a la propia población, causados por la Minera Adularia Exploración, que lleva unos meses haciendo labores de exploración en la zona de Neutla, principalmente, al afectar la zona natural protegida. Pero no sólo eso, tiene permiso para hacer exploraciones en cuatro polígonos, de acuerdo al programa denominado “Celaya 2”, en el que se verá afectado también el municipio de Juventino Rosas y, seguramente la zona norte de Celaya, aunque esto no está confirmado, pero se puede prever por el nombre del programa.
Los campesinos, ganaderos, ejidatarios y pobladores de Neutla, que es la principal comunidad afectada, en este momento, a quienes se sumaron los representantes del Distrito de Riego 085 de la Begoña, de Celaya, pidieron a las autoridades que paren estas obras, porque ya les está afectando el alto consumo del agua de la minera, que según los vecinos llega a 270 mil litros al día; mientras los pobladores del lugar tienen que comprar pipas para abastecerse del vital líquido. Además, las exploraciones se realizan a mil metros de profundidad de manera transversal, lo que está dañando los veneros que alimentan los mantos freáticos de donde se abastecen los pozos actuales, que ya han visto disminuido su nivel. Esperan que las autoridades intervengan.
LA PANDEMIA AVANZA, LOS POLÍTICOS SE PELEAN
Si durante meses, por no decir años, tanto el gobierno federal, como el estatal y el municipal, no han tenido la voluntad política para coordinarse de manera efectiva y solucionar el problema de la inseguridad en Guanajuato y en otras partes del país, pese a la Guardia Nacional, al Ejército en las calles y a las demás corporaciones, resulta innecesario, sacar a relucir el tema en medio de la pandemia, cuando la prioridad en este momento es atender la salud de la población y salvar vidas, sin descuidar el de la inseguridad, naturalmente, porque también afecta a las comunidades, los estados y al país. Pero en este tema de la seguridad, mientras no haya voluntad política, no se va a avanzar.
Entrando al asunto del COVID-19, este viernes, la Secretaría de Salud de Guanajuato, a cargo de Daniel Alberto Díaz Martínez, reportó que la cifra de fallecidos llegó a 19 personas, casos confirmados 240 y en investigación 494, recuperados 59 y descartados 2,510.
En tanto que en el país van: 1,221 defunciones, 12,872 casos confirmados acumulados, 4,502 confirmados activos y 7,889 sospechosos en investigación. En el mundo ya son: 2´637,314 casos confirmados, 183,559 muertos y 715,191 recuperados.
LEVANTAN LA VOZ LOS CONSTRUCTORES DEL PAÍS
Eduardo Ramírez Leal.
Los empresarios formales de la construcción, afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), difundieron este viernes un comunicado de prensa, firmado por Eduardo Ramírez Leal, presidente del organismo, donde acusan recibo de los expresado por el Ejecutivo Federal en contra del gremio y manifiestan su preocupación al ser excluidos de la obra pública, cuando la inmensa mayoría son profesionales, que ponen al servicio de la sociedad sus conocimientos y su experiencia. Denuncian, que la obra pública se ha dado a actores que no son sujetos a la aplicación de la “Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Misma”, afectando el desarrollo nacional y la rentabilidad de los proyectos. Le aclaran al Presidente, que esto no genera ahorros, sólo aumenta la opacidad en el manejo de los recursos públicos, excluye a los trabajadores de los beneficios sociales e incucmple con el pago de impuestos en detrimento de las finanzas públicas y las capacidades gubernamentales; destruye el crecimiento de las constructoras, especialmente de las MIPyMES.
Se unen a la demanda de los demás empresarios del país, de un paquete de medidas para superar la emergencia y reactivar la economía, aprovechando la facultad contracíclica del sector, por su capacidad para generar empleo formal, activar las cadenas productivas y brindar obras de calidad. Esperan que el presidente los tome en cuenta.
