By *Revés sobre las boletas planchadas
*Discrepancias con función fiscalizadora
*Partidos, en Verificación de integridad
*En declive asistencia al Cervantino 2026
*La nueva Agencia Estatal de Simplificación
*Escuchan a OSC y GE para agilizar trámites
*Rezago en armonización de reglamentos
POR AGP
DONDE EL DOBLEZ SÍ ES BUENO Y CUENTA
El Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Guadalupe Taddei Zacala, avanza en la organización del proceso político electoral 2026-2027. Lamentablemente, pretende poner criterios donde no debe y no tiene el arrojo necesario para entrarle a temas de fiscalización de las precampañas o campañas anticipadas, sobre los que sí debería actuar, según opinión surgida en el mismo seno del consejo. Si se arriesgan a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le corrija la plana por medidas que atentan contra principios fundamentales del proceso, como la transparencia, al pretender dar por válidos los votos de las boletas planchadas; por qué no arriesgarse a entrarle a la fiscalización de los recursos de los gastos de las precampañas anticipadas, una práctica que sí afecta la equidad de la contienda -otro principio básico del proceso- y la fiscalización de los recursos es una de sus atribuciones principales. Las dos caras de la moneda se exhibieron esta semana en el marco del proceso, dando paso a juicios incriminatorios sobre la presunta parcialidad en la actuación de un grupo de consejeros a favor del partido en el gobierno. Eso afecta la confianza ciudadana en el proceso electoral, aunque hay confianza en que no alcance a los resultados finales.
El primer hecho, vino de la Sala Superior del TEPJF, la que determinó que las boletas planchadas que se hallen dentro de las urnas marcadas a favor de un partido, no deben ser contabilizadas como votos, porque, como lo advirtieron algunos consejeros y representantes de partidos durante su discusión en el Consejo General del INE, es un indició evidente de fraude electoral, ya que no hay forma de que entren las boletas sin ser dobladas.
El tribunal electoral, en respuesta a las impugnaciones de partidos políticos y organizaciones ciudadanas, ordenó al CG-INE corregir la regla que permitía su contabilidad y dejar a criterio del tribunal determinar si se contabilizan o no. La resolución de la Sala Superior da certeza al respecto, estableciendo, en su resolución al expediente SUP-JDC-473/2026 y acumulados: “la contabilidad de las boletas electorales es la piedra angular de nuestro sistema electoral y no puede haber la más mínima duda respecto de qué y cómo se cuentan”.
Esta decisión de la Sala Superior del TEPJF fue proclamada como un triunfo del PRI, PAN, MC, Somos y Paz, así como de organizaciones de la sociedad; pero es apenas una batalla de las muchas que les esperan, ya que no es el único lineamiento que fue observado en el Consejo General, también hay otros relativos a la selección y capacitación de los funcionarios de casillas, donde se abre la puerta a los Servidores de la Nación y a Jóvenes Construyendo el Futuro, incluso a militantes de partidos políticos, para que puedan ser parte de las mesas directivas de casillas.
De igual forma se planteó como riesgo a la organización del proceso electoral, a la reducción a los presupuestos del INE y de los OPLE de cada estado, donde hay recortes hasta del 60%, como el caso de Hidalgo; en Morelos, el 42%, y Tabasco, el 42%, entre otros de los citados en la sesión del Consejo General.
Partidos Políticos y organismos de la sociedad van a tener que agudizar sus facultades de observación y fortalecer su especialización en derecho para garantizar, como dice la legislación de la materia, un proceso apegado a los principios constitucionales rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
INE, CONSERVADOR EN FACULTADES DE FISCALIZACIÓN
El segundo suceso ocurrió en el seno del mismo Consejo General, en el que la consejera Carla Humphrey Jordan y los consejeros Arturo Castillo Loza y Martín Faz Mora presentaron una propuesta de directrices para fiscalizar, desde ya, los gastos relacionados con los procesos políticos, de tal manera que si llegaran a constituir actos anticipados de precampaña o campaña, puedan ser contabilizados dentro de los topes de gastos respectivos, atendiendo a la facultad fiscalizadora que tiene el instituto.
Entre los argumentos en contra se refirieron a una posible invasión de ámbitos de competencia de los Organismos Públicos Locales (OPL); algunos de los criterios y obligaciones propuestos requieren una valoración técnica y jurídica más profunda; además, cuestionaron el proceso de construcción del documento y por la falta de discusión previa con todas las consejerías, de acuerdo a lo expuesto por la consejera Norma De La Cruz Magaña y los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona y Arturo Chávez López, a los que se sumó la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala al sustentar su voto en contra, reconociendo que el documento incorporó ajustes en materia de procesos locales, protección de datos personales, fiscalización e Inteligencia Artificial; pero, como en la primera versión que ya se había rechazado en mayo, pretende establecer un régimen especial de obligaciones y controles para los llamados “procesos políticos”, pero falta identificar con claridad el fundamento y alcance de las obligaciones propuestas y su relación con las facultades previstas actualmente en el marco jurídico. Además, el proyecto no fue trabajado previamente con las consejerías ni socializado con las representaciones partidistas. “Esa forma de proceder termina por dinamitar la colegialidad que todos invocamos”; sin embargo, también precisó que el debate en torno al proyecto de lineamientos sobre procesos políticos no supone una disminución de las atribuciones de la autoridad electoral nacional, ya que el INE conserva sus facultades de fiscalización, investigación y vigilancia conforme al marco jurídico vigente.
PREVENCIÓN DE ACCESO A DELINCUENCIA
Dada la importancia de prevenir factores de riesgo, asociados a la delincuencia o la corrupción, para evitar infiltraciones a espacios de decisión pública, el CG del INE aprobó la participación de representaciones de los partidos políticos en la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, con voz, pero sin voto, en los mismos términos de las consejerías del Poder Legislativo.
También avaló las modificaciones a los Lineamientos del Reglamento de Comisiones y a otras disposiciones, para armonizar la normativa con la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordena incorporar mecanismos que garanticen la confidencialidad, reserva de la información y protección de datos personales, mediante la suscripción de compromisos específicos por parte de quienes participen en los trabajos de la Comisión, evitando la identificación de las personas sujetas al procedimiento de verificación.
El trabajo de la Comisión, que preside el consejero Arturo Chávez López, permitirá a partidos políticos y aspirantes a candidaturas independientes, solicitar, de manera voluntaria y con autorización previa de las personas interesadas, la evaluación de perfiles por parte de instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera. Mientras, la determinación sobre la existencia o inexistencia de un riesgo razonable corresponderá exclusivamente a las autoridades competentes, garantizando absoluta secrecía de las listas y resultados, así como el respeto a la presunción de inocencia y a los derechos político-electorales.
DECEN QUE SE “MORENIZÓ” LA FIESTA DEL ESPÍRITU
La realidad de cada semana, va dando la razón a aquellos que advirtieron una nueva caída en la llegada de visitantes y turistas, con baja ocupación hotelera y caída en las ventas. Era previsible para los críticos de la cultura, así como para los prestadores de servicios, pues además de las restricciones para la movilidad que impuso el municipio, la falta de promoción y el costo elevado de los eventos, también bajo la calidad de las presentaciones, aunque cuidan no referirse a este punto para no herir la susceptibilidad de los invitados.
La democratización de la cultura, impulsada por la secretaria de Cultura, Lizeth Galván Cortés, aunque es un derecho de las personas, comunidades, colectivos y de todo organismo de esta temática, hay espacios, lugares y tiempos; el Cervantino se había significado por la presentación de funciones de alto nivel.
Para la crítica política, el evento se “morenizó”. El escenario por excelencia, en América, de la fiesta del espíritu, atraviesa, en el mejor de los casos, por un bache, que debe ser motivo de análisis en el marco de la democratización de la cultura, la que no sólo implica abrir espacios a muchas agrupaciones, sino también llevar al público común a escenarios de mayor nivel: es decir: democratizar los costos.
La crítica política no se queda ahí; también ha empezado a cuestionar el desempeño del gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo, en varios ámbitos; donde los resultados no han sido claros o no terminan de impactar positivamente en la sociedad. Ha habido descuido por parte de las autoridades estatales en la problemática concreta que enfrentan los municipios con el tren de pasajeros, pero rehuyen acompañar los planteamientos, con tal de no afectar el proyecto del acueducto Acámbaro-León, que es un proyecto emblemático de la federación y del estado, con un futuro incierto porque cuando no llueva, no va haber agua ni para sostener el riego tecnificado.
La cercanía con la gente debe significarse más en la solución de sus problemas y atención a sus necesidades, que en andar apapachando a todo mundo; en el acompañamiento realy escucha activa que brinden las dependencias a los grupos vulnerables y a las comunidades apartadas. Los proyectos de “Manos a la obra” todavía no empiezan, cuando se supone que se aprobaron porque ya tenían todo resuelto. El secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, debe agilizar los procesos y rendir cuentas más claras.
Electoralmente, también el gobierno debe poner a operar su estructura, de manera institucional, para evitar sorpresas en el 2027. No se trata de hacerle campaña a los candidatos; pero sí a funcionar bien para que sirva de ejemplo.
FACULTAD REGULATORIA A SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD
Una muestra de la necesidad de introducir mejoras es la creación de la Agencia Estatal de Simplificación y Digitalización, para acelerar la transformación digital y reducir cargas administrativas, que se sustenta en las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo aprobadas por la LXVI Legislatura en su sesión del jueves, pues aunque se trata de una armonización de con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, su funcionalidad y beneficios, dependerá de su implementación, donde los legisladores ya hicieron su parte de manera conjunta, de acuerdo a lo planteado por Juan Carlos Romero Hicks y Servicio Alejandro Contreras Guerrero, con el aval de todos los diputados.
De acuerdo a la reforma aprobada por unanimidad, será la Secretaría de la Honestidad, a cargo de Arcelia María González González, la que sume atribución explícita de vigilar que las dependencias y entidades cumplan con las disposiciones normativas en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda y patrimonio; le da facultades para organizar el desarrollo administrativo integral, promover la mejora operativa, evaluar procesos y servicios, y garantizar la calidad de la gestión pública. Además, le otorga la facultad de emitir normas para el aprovechamiento eficiente de recursos humanos y patrimoniales, así como para realizar o encomendar investigaciones y estudios sobre estas materias; igual que para proponer criterios, emitir opiniones técnicas y formular recomendaciones sobre instrumentos administrativos, reglas de operación y lineamientos, para fortalecer la eficiencia operativa y la prestación de servicios. Se le suprimen algunas algunas facultades, igual que a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Economía.
El titular de la Agencia Estatal de Simplificación y Digitalización, que aún no se ha nombrado públicamente, se encargará de colaborar con la persona titular del Poder Ejecutivo, en las atribuciones, capacidades, agendas y estrategias vinculadas a la simplificación y digitalización, así como en el desarrollo de capacidades tecnológicas públicas y buenas prácticas regulatorias que se regirán bajo la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
Según el diputado Sergio Alajendro Contreras Guerrero quieren hacer que el derecho de petición, que es un derecho humano, sea más sencillo y ágil, mediante el acceso a los documentos básicos de cada trámite y compartirlos para acortar los tiempos.
Las modificaciones también consideran una actualización a los nombres de las secretarías que forman parte del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la reforma; pero desde el Ejecutivo también se debería analizar algunos cambios de funcionarios, de acuerdo a los resultados obtenidos en los dos primeros años de gobierno; tiempo suficiente para dar por cumplidos algunos compromisos de amistad, de partido y de continuidad de administraciones.
Esta reforma, catalogada como un modelo ejemplar del quehacer legislativo por Juan Carlos Romero Hicks, partió de un diagnóstico claro para ampliar derechos, coordinar el aparato público y brindar soluciones concretas a la ciudadanía; asimismo, tiene dos pilares fundamentales: 1) otorga facultades transversales a las secretarías y entidades públicas para colaborar activamente con los municipios y los demás poderes; y 2) crea la Agencia Estatal de Simplificación y Digitalización, para acelerar la transformación digital y reducir cargas administrativas. El objetivo final es consolidar un gobierno ágil, accesible, tecnológicamente eficiente y, sobre todo, empático y sensible al servicio de las personas.
Entre los cambios en otras dependencias, se agrega a la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Liz Alejandra Esparza Frausto, la facultad de coordinar a las dependencias, entidades y unidades de apoyo y colaborar con estas en el análisis, seguimiento y cumplimentación de las recomendaciones, solicitudes y declaratorias en la materia de derechos humanos, incluyendo aquellas que competa resolver a la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
TOCANDO CORAZONES, MÁS ACCESIBLE
La Secretaría del Nuevo Comienzo, a cargo de María del Rosario Corona Amador, los empresarios y los organismos responsables del Programa Tocando Corazones, que se financia con el 0.3% del Impuesto a la Nómina, junto con proyectos para la Seguridad Pública, ya escucharon las opiniones y propuestas de las Organizaciones de la Sociedad Civil (SSC) sobre las reglas operación del programa, ahora dependerá de los funcionarias adecuarlas para garantizar el acceso de un mayor número de organizaciones a los recursos disponibles, aunque por ser dinero público, se tiene que cuidar la transparencia y la eficiencia en la asignación y aplicación.
En este caso, hay reglas de operación que no pueden cambiar, pero sí buscar la forma de acompañar a las organizaciones para su oficialización y profesionalización, tanto de las organizaciones como de los grupos especiales. De cualquier manera, las aportaciones de las mesas de trabajo se van a procesar, para determinar cuáles pueden ser atendidas en las conocatorias de 2027.
EXHORTAN A MUNICIPIOS A REVISIÓN REGLAMENTARIA
Al iniciar, este sábado 10 de octubre, el último año de las administraciones municipales 2024-2027, así como aprobó en el Congreso del Estado de Guanajuato un exhorto a los 46 ayuntamientos, para armonizar sus reglamentos a la Ley de Movilidad, a fin de reordenar el tránsito con una visión integral y transversal, que supere el modelo enfocado prioritariamente en el automóvil, atendiendo el elevado número de accidentes de personas en el transporte urbano y en motocicleta, también deberían ordenar que rindan un informe sobre la armonización de todos sus reglamentos a la nueva Ley de Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, aprobada el 12 de septiembre de 2024, para la que tenían un plazo de 365 días; sin embargo, a la fecha no existe un reporte oficial sobre este cumplimiento.
El exhorto, aprobado el jueves pasado, expuesto por los diputados Ernesto Millán Soberanes y Rodrigo González Zaragoza, plantea la urgencia de reordenar la movilidad poniendo en el centro a la persona, como un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución. Específicamente señala que el transporte público es un derecho ciudadano y no sólo un negocio.
Ahondando sobre el tema, anunciaron que el Congreso trabaja en una iniciativa para crear el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, para evitar que los concesionarios impongan aumentos de tarifas de forma unilateral, por encima de la autoridad de los ayuntamientos.
Millán Soberanes, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, reconoció que los municipios enfrentan un rezago reglamentario y normativo sumamente grave, ya que la gran mayoría de los municipios de la entidad no han adecuado ni actualizado sus reglamentos de tránsito, transporte y vialidad a las reformas de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, -alo cualque de añadirse que menos a la Ley de Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.