RED C 4.0: Recomiendan al gobernador en redes cambiar mandos en seguridad
*La prevención del COVID-19 y seguridad
*Indefinido el regreso a clases en junio
*”Bonillazo” en el Tribunal Electoral del PJF
DEMANDAN SEGURIDAD Y CRÉDITOS
Con motivo de la reunión del Gobierno del Estado con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Robledo, donde se acordaron reforzar las acciones de prevención y atención a la contingencia del COVID-19, también de abordó el tema de la seguridad, según citó el gobernador en su mensaje de redes sociales. De ahí se desprendieron diversos comentarios, como el cambio de los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que tenga mejores resultados.
Además, hubo reclamos sobre el retraso en la entrega de apoyos económicos, a quienes pidieron créditos y a otros sectores que se ven desprotegidos, como las madres solteras que se quedaron sin trabajo.
Sobre el retraso en la entrega de créditos anunciados, a los celayenses les volvieron a cortar la comunicación y no les han dado, a la mayoría, ninguna respuesta. Los dos o tres que ya fueron notificados, se encontraron con la sorpresa de que sólo les están autorizando el 50% de lo que solicitaron. Hay desconcierto y desánimo para ingresar su solicitud para un crédito mayor de “Mi Negocio Sigue” o de “Mi Nómina Sigue”. Entienden que COFOCE no estaba preparado para recibir tantas solicitudes, pero después de un mes y casi 15 días, que no haya podido poner orden, es una verdadera falta de incapacidad, cuando los compromisos que hicieron, confiados en los recursos, ya se complieron.
OTRA INCERTIDUMBRE, EL REGRESO A CLASES
En la última reunión de la Alianza de Gobernadores Centro-Bajío-Occidente se abordó el tema del regreso a clases, programado por la federación para el lunes uno de junio. La circunstancia especial de la pandemia en esta región del país llevó a los gobernadores a considerar la necesidad de no regresar y cerrar el ciclo escolar “a distancia”, como dicen que están recibiendo clases los alumnos. Este acuerdo, fue revelado a los medios de comunicación por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien dijo que en México no existen las condiciones para regresar a clases. En Guanajuato, como parte de la Alianza Centro-Bajío-Occidente, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no ha mencionado nada al respecto, en respaldo a su homólogo, como lo ha hecho el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Dávis, que no es de esta zona.
Otro asunto que también adelantó Enrique Alfaro Ramírez es el regreso a la actividad de la industria automotriz, para esta segunda quincena de mayo, la cual involucra a los cinco estados de la Alianza: Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, aunque esperan que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haga el anuncio oficial este miércoles, presionado también por el gobierno del Estados Unidos y las armadoras de aquel país, las que reciben suministro de autopartes de empresas establecidas en México. Las empresas del ramo, junto con las autoridades federales, ya han estado preparando los protocolos para proteger la salud de los trabajadores y sus familias, dicen.
BONILLAZO EN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PJF
Muchísimos mexicanos festejaron ayer la resolución del pleno de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al declarar inválida la reforma, por la cual, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, extendía su período de gobierno de dos a cinco años. Dado el escándalo que generó cuando se cometió este acto, este lunes se festejó el “bonillazo”; pero más que eso, celebraron el que los magistrados hayan hecho valer el “imperio de la ley”, el estado de derecho.
Naturalmente que esto tiene sus implicaciones políticas, porque así como se dijo que éste intento de Jaime Bonilla era una un ejercicio de prueba del gobierno federal para intentar cambios constitucionales para la reelección presidencial, así también ahora se dice que pudo ser decisión presidencial, por haberse revelado contra la federación provocando el desconcierto por el manejo de las cifras del COVID-19, negando así el mérito a los magistrados del poder judicial.
El tema del “bonillazo” va a dar más de qué hablar, porque en él estuvieron involucrados, principalmente, los diputados del PAN, que luego fueron expulsados; pero persiste la sospecha de que en este hecho hubo, en el congreso local de Baja California, un acto grave de complicidad y corrupción, que a los mismos partidos les conviene aclarar y limpiar de fondo, si quieren mejorar.