PODER JUDICIAL EN LA MIRA.

“Cuando el jefe puede lo que quiere, se corre el gran

riesgo de que quiera lo que no debe querer”.

– Baldassare Castiglione.

POR VICENTE ESQUEDA

A finales de agosto, diversos integrantes del partido del presidente, anunciaron que recabarían las casi 2 millones de firmas necesarias para realizar la consulta popular sobre juzgar a 5 expresidentes de México; pero como no lo lograron, el 15 de septiembre López Obrador presentó su solicitud de consulta en el Senado, argumentando la supuesta comisión de múltiples delitos.
En la exposición de motivos de dicha solicitud, mencionó que respetará lo que diga el pueblo, que no será cómplice de la impunidad, pero que tampoco impulsará represalias contra nadie, aunque ha dicho que él votaría en contra; lo que resulta contradictorio, y que muestra una postura que en apariencia es titubeante; porque en el fondo, su objetivo es el circo, que se investigue y juzgue a los expresidentes.
La Constitución y diversas leyes, prevén que cualquier persona que suponga la existencia de un delito lo denuncie, se investigue y castigue al responsable; algo que por supuesto, no hizo antes, pero que ahora pretende se haga mediante la consulta, para justificar su actuar basado en la petición del pueblo, y por ende obtener un beneficio electoral en el 2021.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio a conocer el pasado 24 de septiembre, el proyecto de resolución sobre la revisión de la constitucionalidad de la solicitud de consulta hecha por el presidente, en el que se señala que es inconstitucional porque afecta los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos, en lo relativo al acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho.
En cuanto se dio a conocer el proyecto, el presidente manifestó su desagrado y pidió a los ministros que no se dejen intimidar, y que actúen con criterio; pero a la vez dijo, que él opinaba distinto, y que no era sustancial impedir una consulta alegando violación a derechos humanos.
Ha reiterado su rechazo al sentido de la resolución, mencionando que el argumento de que se violan derechos humanos no debe considerarse como fundamental, porque no existe tal violación y que si no se lleva a cabo, el artículo 35 de la Constitución sería una simulación, letra muerta.
Este presidente esta acostumbrado a que se haga lo que él dice, tal y como sucede en un régimen dictatorial, basta recordar que hace unos días, pidió a los funcionarios federales tener lealtad a ciegas a su proyecto político; por ello, mencionó que en caso de que no se apruebe la consulta, enviará una iniciativa para reformar la Constitución, y hacer la consulta bajo sus condiciones.
Así, varios de sus seguidores han descalificado la persona del ministro ponente pero no sus argumentos (falacia ad hominem), y tomando en cuenta los ataques previos, seguro estoy que se están dando presiones del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, adicionales a las que se reproducen en medios de comunicación.
Es de suma trascendencia la colaboración que debe darse entre los 3 poderes que conforman el estado; pero garantizar a toda costa la división de poderes y los contrapesos institucionales, es el reto que vive México en este momento, porque se trata, ni más ni menos, de que a nadie en este país, se le violen sus derechos humanos.
Aunque las leyes definen con claridad las facultades de cada poder y su ejercicio, el Poder Judicial se encuentra bajo los reflectores, y su autonomía e independencia estarán a prueba este 1º de octubre, porque se votará en el pleno el proyecto difundido, ya veremos el resultado.