¿LÓPEZ ENCUBRE? ¿LA FGR OMISA?
Por G. C. Samayoa Madrigal
Por lo que se refiere a la investigación, vinculación a proceso y enjuiciamiento de expresidentes —Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y exservidores públicos de pasadas administraciones —a las que denominan neoliberales—, desde luego, las altas autoridades del país están equivocando el camino. Por diversos medios y de distintas maneras se ha puntualizado que no es asunto —ni éste u otros referentes a la procuración de la justicia— que deba ponerse a consideración del pueblo y que éste sea el que decida si se aplica la ley.
Realmente en este caso es obligada la intervención de la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, pues es la dependencia encargada precisamente de procurar la justicia. Así lo expresa la dependencia en su portal oficial: “La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo. Tiene como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general”.
El presidente, desde el momento que asumió la responsabilidad constitucional y durante diversas mañaneras ha acusado a los expresidentes de los gobiernos neoliberales como los mayores saqueadores de la nación, asegurando tener las pruebas suficientes para demostrarlo. Incluso más de una vez aseguró que como activista social presentó sendas denuncias al respecto.
Los datos revelados por el mandatario se encaminan a presumir delitos como peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros. Sin embargo, su criterio político le ha llevado a expresar que no iniciará una cacería de brujas —“no conviene al país”, asegura— y que “nosotros” no perseguiremos a los autores de ese saqueo que él ha reiterado, pero prefiere que sea el pueblo quien decida si se les juzga o no.
Desde luego, no le toca al jefe del ejecutivo perseguir delitos y delincuentes, esa es la responsabilidad de la Fiscalía General de la República que no tiene lugar en ese “nosotros”, habida cuenta de que es una dependencia autónoma, desligada del presidente del país.
Hay que tomar en cuenta que la insistente denuncia presidencial se ha expuesto en una tribuna oficial implementada para rendir cuentas, informar, dialogar, señalar, dictar órdenes, coordinar la función pública, entre otros. Circunstancia suficiente para que la Fiscalía centrara allí su atención y ante la presunción de esos delitos del orden federal, al menos exhortar al licenciado Andrés López aportar al ministerio público las pruebas que asegura tener mediante las cuales decidir la apertura de carpetas de investigación y establecer si hay elementos para vincular a proceso a los expresidentes.
Si quien ha acusado se niega a entregar las pruebas, podrá pensarse que estará incurriendo en encubrimiento y obstrucción de la justicia, dos conceptos previstos en la ley y que merecen sanciones.
Si la Fiscalía insiste en no atender la denuncia pública presidencial, estará en riesgo de incurrir en responsabilidad oficial, que también se prevé en leyes y hay sanciones.
La consulta popular, además de ser un gasto oneroso e inútil, no resuelve el asunto del saqueo nacional. En todo caso, esa fuerza y movilización ciudadana debe dirigirse a presionar al presidente y al fiscal —mediante los lineamientos constitucionales— para que cumplan con lo que corresponde a cada uno de ellos en este asunto en el que se presumen graves delitos, pues la suprema encomienda es privilegiar la ley, perseguir y castigar a quien la viola, y restaurarle a la nación lo que le fue arrebatado.
