AHORA LE TOCA A LA FISCALÍA
G. C. Samayoa Madrigal
El pueblo lo está ordenando: quien viole la ley, el que incurra en delitos aún los servidores públicos de las diferentes jerarquías, incluyendo expresidentes y el propio presidente, deben ser llevados a proceso hasta sus últimas consecuencias. Ese es el resultado tangible del proceso completo de la consulta popular promovida por el líder moral López, concedida por el poder judicial y organizada por la autoridad electoral.
Antes, durante y después de la jornada del domingo 1 de agosto, la sociedad ha manifestado su interés de que a cualquier persona que delinca se le aplique la ley, se le lleve a proceso, se le enjuicie. Las redes sociales y los diversos medios de información dan constancia de este sentir popular, el cual ha sido ratificado en las urnas, donde más de seis millones de personas votaron por el “sí”.
El inquilino de Palacio Nacional, de gira por Puerto Vallarta, manifestó su satisfacción por los resultados, aunque desconcertó que no obstante que se había dicho sería la primera vez que se consultaría de esa manera formal al pueblo, señaló que fue mejor jornada que anteriores realizadas sin decir cuando o dar un dato más… lo importante para él es que se abre el camino a la “democracia participativa” y será heredada a las nuevas generaciones.
Luego entonces, la más alta autoridad avala la decisión del pueblo y toca ahora a la Fiscalía General de la República sacar del letargo a su titular, Alejandro Gertz, para que atienda la instrucción del soberano, el pueblo desde luego, e inicie los procesos para los servidores públicos, incluyendo mandatarios, que hayan incurrido en irregularidades que se consideren presuntamente delictuosas.
La consulta refiere a personajes del pasado, sí, pero hay que considerar que el pasado comienza ayer, pues el presente sólo es hoy… conclusión, todas las autoridades de gobierno deben ser sujetas al escrutinio de la ley… no hay salvedades.
También es importante considerar que el licenciado López lo ha interpretado como el juicio a los expresidentes, sosteniendo tener pruebas suficientes para demostrar saqueos a la nación, con lo que en este caso la víctima es el país, el pueblo, la sociedad, la ciudadanía, por cuyos intereses aboga precisamente la consulta del 1 de agosto.
El presidente ya puso lo único que faltaba: la voluntad política… la fiscalía tiene que actuar en consecuencia, con la independencia que le otorga la ley… podría empezar por pedirle al líder moral aporte las pruebas de que dispone e iniciar las investigaciones pertinentes, manteniendo puntualmente informado al pueblo, no a través de las conferencias de prensa presidenciales de todas las mañanas, sino mediante sus propios conductos comunicacionales, respetando su autonomía.
Si Gertz no percibe el mensaje y no atiende la demanda popular, entonces deben intervenir los representantes del pueblo, o sea, los legisladores, que son los que aprobaron el nombramiento del fiscal general y tienen la facultad de influir en su remoción por si deja de cumplir sus compromisos constitucionales.
Esa es la conclusión práctica y objetiva: la ciudadanía quiere el enjuiciamiento de los servidores públicos presuntos delincuentes… Lo demás, las controversias, debates y especulaciones, son simples politiquerías.
Sin duda, crece la fuerza ciudadana.
