ANEXOS UNA BOMBA DE TIEMPO
Por Juan Miguel Ramírez Sánchez
En el Estado de Guanajuato operan cerca de 360 centros de rehabilitación contra las adicciones, llamados también ANEXOS, y de ellos menos de 20 cumplen con la Norma Oficial Mexicana, es decir, con lo necesario para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, de acuerdo con los registros oficiales de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y la Secretaría de Salud Estatal. Aunque el presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío de Guanajuato, Nicolás Pérez Ponce, señala que hay más de 500 anexos en la entidad.
De los 38 anexos registrados en Celaya en 2021, 12 anexos presentaron una solicitud de constancia de factibilidad, 3 de ellos resultaron positivos, 9 no pueden ser autorizados en los inmuebles donde operan y 26 nunca han solicitado un trámite.
No hay estudios que digan por qué los anexos crecieron en las últimas décadas, pero se han expandido en un contexto de auge de la violencia. En los últimos años, ante la falta de un esquema adecuado de creación de anexos, han proliferado tanto en las zonas rurales como en el ámbito urbano, registrándose la apertura indiscriminada de anexos, centros de rehabilitación y granjas.
Los anexos inician actividades de inmediato, sin dar el aviso ni solicitar el alta en el registro correspondiente ante la autoridad sanitaria, y cuando llegan a cubrirlas, muy rara vez son inspeccionados por la autoridades. La abrumadora mayoría de estos anexos opera en la clandestinidad y con mínima supervisión y vigilancia de autoridades municipales y estatales, tanto en materia de seguridad, protección civil y de sanidad.
Los internos de estos anexos, generalmente son jóvenes con problemas de adicción al consumo del alcohol, hasta drogas con mayor demanda como lo es el cristal. Cuyas familias pueden pagar tratamientos que van desde 500 hasta más de 1,500 pesos semanales. Los pacientes están recluidos en situaciones lamentables, viven en condiciones indignas, son maltratados y sin elementos para su restablecimiento.
El único requisito para ingresar a un Anexo es que se firme la responsiva, que es un documento en el que padre, madre o hermanos se hacen cargo de la decisión de internarlo, muchas veces acumulan gente a la que no dejan salir, a la que retienen contra su voluntad, sin hacer una revisión clínica y tener una entrevista profunda al ingreso.
En algunas ciudades, los internos de algunos anexos han sido atacados y asesinados si se niegan a ser reclutados por el crimen organizado, en otras ocasiones han tratado de vengarse porque los jóvenes internos querían salirse del cártel de las drogas al que pertenecían. Otras veces el centro de rehabilitación es una fachada de lo que es en realidad, una casa de seguridad.
Sin embargo, el problema no radica en el centro de rehabilitación como tal, -abierto por voluntad y esfuerzo de los ciudadanos-, sino en la ausencia de una auténtica política pública de combate a las adicciones. Las políticas públicas de prevención de consumo de drogas y de reducción de riesgos y daños, regularmente solo buscan minimizar las consecuencias físicas y sociales del consumo.
Los anexos se han convertido en una bomba de tiempo, falta de regularización, clandestinidad imperante y acciones gubernamentales poco efectivas para su legalización son solo algunos de los factores. Este es un mundo de zonas grises, de matices, de ambigüedad. No hay protocolos claros ni intervención apropiada del Estado.
Tenemos que cambiar eso en el 2024.
