By *Guanajuato, entre las 10 entidades del país
*Incremento alarmante de 2024 a 2026
*Comité de la ONU propone atender problema
REGISTRO NACIONAL REPORTA 395 MIL 574
Celaya encabeza la lista de los 46 municipios de Guanajuato, con la cifra más alta de reportes vigentes de personas desaparecidas y no localizadas, con 831 casos, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas al 6 de abril de 2026. Sólo del 1 de marzo al 6 de abril se reportaron 33 casos. A nivel estatal, la cifra de personas que actualmente están reportadas como desaparecidas, es de 5,568. La estadística nacional reporta un acumulado de 395 mil 574 de 1955 a 2026. Los reportes aumentan cada día, destacadamente a principios de 2026, que se marcó como momento crítico, que se mantuvo en marzo y lo que va de abril.
En las últimas 72 horas, se ha reportado la desaparición de 77 personas; de éstas, Guanajuato sumó dos denuncias, mientras que Querétaro reportó 6, pero los estados con mayores números, son: Ciudad de México con 10, Puebla 9, y Morelos, Hidalgo y Sinaloa con 8 cada uno.
Entre los municipios de Guanajuato, de los que Celaya encabeza la lista con 831 personas en esta situación, le siguen: León con 641, Irapuato con 587, Salamanca con 305, Villagrán con 299, Santa Cruz de Juventino Rosas con 208, Cortazar con 166, Acámbaro con 153, Apaseo el Grande con 138, Salvatierra con 138, Apaseo el Alto con 119, Uriangato con 106, entre otros.
En Celaya, donde, según el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez las cosas están cambiando -que hasta reconocimientos recibe-, el Observatorio Ciudadano ya le había hecho notar, que habían disminuido los homicidios dolosos, pero habían aumentado los delitos patrimoniales y las extorsiones; ahora, con este informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, de la Secretaría de Gobernación, lo ubica en el primer plano estatal, pero en desaparición de personas.
Por entidad federativa, la Ciudad de México y el Estado de México ocupan el primer lugar con 14 mil 670 personas desaparecidas; seguido de Tamaulipas con 13 mil 719; Jalisco con 12 mil 733; Michoacán con 7,184; Nuevo León con 7,263; Veracruz con 7,184; Sinaloa con 7,139; Sonora con 5,960; Guanajuato con 5,662, y Baja California con 4,932.
Las principales fuentes de información que alimentan el registro son: las fiscalías y/o procuradurías, con el 64.10%; las comisiones de búsqueda -Nacional y locales-, con el 31%, y otras autoridades, con el 1.12%, así como un 3.78% más de cualquier otra persona que no sea autoridad. Debido a la falta de información, algunos de los registros se encuentran incompletos.
El registro nacional destaca diversos aspectos, entre ellos, el incremento de desaparición de mujeres entre los nueve y los 24 años. En general, el 39.90% de las personas desaparecidas son mujeres.
De las personas localizadas, contrasta la cifra de 21 mil 971 encontradas con vida, contra las 240 mil 705 halladas sin vida, así como las 132 mil 898 aún no localizadas.
Los más altos niveles de personas desaparecidas se incrementaron, se incrementaron a partir de 2024.
En días recientes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas que remita, urgentemente, la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, para que se considere apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
El Comité indica que la información recibida parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.
Aclara que, en base a la nota del Estado Mexicano, no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas, en el sentido del Estatuto de Roma; pero, ni la Convención ni el Estatuto de Roma exigen “que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país, o que se originen en los más altos niveles del Gobierno, para que se consideren crímenes de lesa humanidad”.
Además, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados por la población civil, “con información fundamentada, apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”.
El Comité, explica también que, de acuerdo al artículo 5 de la Convención y al artículo 7 del Estatuto de Roma, del que México también es Estado Parte: “las desapariciones forzadas, como crimen de lesa humanidad, también pueden ser cometidas por una «organización», incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando «formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil».
Además, el Comité para solicitar a la Asamblea General considere la posibilidad de proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere, para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Esto implica, establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos, de acuerdo al artículo 34 para que pueda reforzar su respuesta, proteger a las víctimas y a sus familias, y evitar que la situación se deteriore aún más.