DERECHO AL AGUA, ENTRE POBLACIÓN Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ESENCIALES

*Reforma a la Ley General, guardar equilibrio
*Piden seguridad jurídica de las concesiones
*Deja Jaime Rochín la CEAIV con resultados
*Persiste necesidad de mayor coordinación

PROPONE ICC-MÉXICO REGLAS CLARAS

Frente a la iniciativa de reforma a la Ley General de Aguas, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en marco de la celebración de su primer año de gobierno, la Cámara de Comercio International -Chamber of Commerce México- (ICC México) propuso al Congreso de Unión y a las autoridades competentes, la necesidad de contar con marco normativo equilibrado, que garantice el acceso a la población, proteja las actividades productivas esenciales y brinde certeza jurídica a la inversión como fuente de empleos, competitividad y prosperidad compartida.
“Es necesario integrar en la Ley mecanismos realistas de transición, reglas claras de gobernanza y garantizar la participación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sociedad civil y sector privado, en un marco de corresponsabilidad -conforme a los derechos humanos y tratados internacionales vigentes en el país.

Pero también advierte: hay diversas propuestas que pueden comprometer la continuidad de cadenas productivas de primera necesidad, como la alimentaria, farmacéutica o energética, cuya operación es vital en escenarios de emergencia hídrica o sequías prolongadas.
Entre las principales medidas que preocupan, porque pueden generar incertidumbre jurídica, afectar negativamente en la toma de decisión de inversiones de largo plazo, encarecer bienes básicos para las familias mexicanas y debilitar la resiliencia del país frente al cambio climático, destacan:
-La reducción drástica de la vigencia de concesiones.
-Restricciones imprecisas a la transmisión de derechos.
-Incremento en la carga regulatoria.
-Ausencia de estudios de impacto social, ambiental y regulatorio.
-Concentración de atribuciones en múltiples autoridades, sin dejar en claro los procesos que garanticen adecuadamente el “Debido proceso”, a fin de evitar caer en atribuciones discrecionales.

En forma esquemática, la Cámara de Comercio Internacional (ICC México) pone a consideración de las autoridades los siguientes puntos:
*Seguridad jurídica de las concesiones. Reconocimiento expreso del principio de no retroactividad; incluir mecanismos que aseguren la prórroga de títulos vigentes cuando se cumplan obligaciones técnicas, ambientales, sociales y fiscales.
*Definición clara de acaparamiento y transmisión de derechos. Establecer criterios objetivos para evitar discrecionalidad; promover un mercado regulado de agua que permita reasignar eficientemente volúmenes sin menoscabo ambiental.
*Carga regulatoria proporcional y viable. Escalonar nuevas obligaciones (medición en tiempo real, metas de reúso, cero descargas) con plazos diferenciados ,según el ramo industrial y viabilidad tecnológica; realizar evaluaciones de impacto regulatorio antes de imponer nuevas tarifas o carga regulatoria incrementada.

*“Debido proceso” y certidumbre en la aplicación de la ley. Derecho de audiencia previo a reducciones, rescates o cancelaciones; facultades sancionadoras limitadas, claras y motivadas; procedimientos transparentes que otorguen certidumbre a inversiones y empleos.
*Armonización normativa. Coordinar la nueva legislación hídrica con la Ley Minera, de Hidrocarburos, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), normativa energética y de cambio climático, evitando duplicidades y vacíos jurídicos.
*Infraestructura hídrica e inversión público-privada. Mantener y fortalecer esquemas de asociaciones público-privadas; otorgar certeza sobre la recuperación de inversiones y vigencia de derechos de uso.
*Transparencia con salvaguarda de información sensible. Garantizar acceso a información de interés general sin comprometer confidencialidad empresarial, competitividad ni derechos de privacidad.
*Régimen transitorio realista. Prever plazos de 3 a 5 años para la implementación de registros, normas y sistemas de información, evitando vacíos regulatorios y bloqueos a nuevas inversiones.

ICC México reitera su disposición al diálogo técnico y constructivo para construir una Ley General de Aguas que proteja el derecho humano y, al mismo tiempo, preserve la competitividad de México, su capacidad de atraer inversión y la continuidad de actividades estratégicas indispensables para el bienestar de la población.

COMPROMISO DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS

Libia Dennise García Muñoz Ledo y Sergio Jaime Rochín del Rincón.

En un tono de despedida, rendición de cuentas y reconocimientos, tuvo lugar la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, en la que Sergio Jaime Rochín del Rincón rindió su quinto y último informe, al concluir el período de cinco años como primer presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), destacando la participación y compromiso de instancias de gobierno y grupos sociales, que permitieron tener avances tangibles; por su parte, la gobernadora presentó el Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas 2025–2030, que regirá la política pública, con enfoque en los derechos humanos, para la atención ordenada y sostenible a las víctimas, por parte de las instituciones estatales y municipales.

Rochín del Rincón reconoció la disposición, apertura y compromiso de las dependencias por entender que la atención a las víctimas debe ser inmediata y prioritaria; así como participación en la construcción de una política estatal, que permitió actuar de manera unida frente a las demandas de justicia.
De acuerdo a lo expuesto por Rochín del Rincón, la CEAIV inscribió a más de 9 mil 400 personas en el Registro Estatal de Víctimas; otorgó casi 40 mil medidas de ayuda y asistencia: alimentarias, traslados y gastos funerarios, y brindó cerca de 60 mil acciones jurídicas.

En este contexto, la gobernadora destacó el ejercicio de unidad y cercanía con las familias para construir la CEAV: “se trata de solo un gobierno que acompaña a las víctimas”, ubicándose como un referente nacional al fortalecimiento el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que en 2025 alcanzó los 184.5 millones de pesos, el más alto del país.
Para reafirmar su compromiso del gobierno estatal con quienes han sufrido el dolor de la violencia y para acompañarlas con acciones, la gobernadora presentó el Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas 2025-2030, priorizando los Derechos Humanos para su desarrollo.

Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas 2025–2030, que será el eje rector de la política pública, articulando a instituciones estatales y municipales para garantizar una atención ordenada, sostenible y con enfoque de derechos humanos, establece que la atención a víctimas es una tarea de todas las autoridades, desde la autoridad de primer contacto; se considera al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, como un elemento de carácter subsidiario, tal y como lo establece la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LVEG); retoma el Modelo Estatal de Atención Integral a Víctimas; se fortalece la CEAIV retomando la responsabilidad de establecer la forma en que se brindará la atención a víctimas en el estado, la de elaborar políticas públicas y la de reparar a las víctimas. El programa, en general, cuenta con cinco objetivos, 17 estrategias y 57 líneas de acción.

Aprovechando la presencia de los representantes de los colectivos, del gabinete legal y ampliado y de presidentes municipales, se hizo un llamado a las familias a acudir directamente a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), para cualquier trámite o servicio, sin intermediarios para evitar que lucren con el dolor. Los trámites son procesos justos y transparentes.

PIDEN CUMPLIR CON INFORMES DE FORTAMUN

En Guanajuato, aunque ha bajado en un 60.7% el promedio diario de homicidios dolosos, persiste la necesidad de trabajar en coordinación, para reducir más la incidencia de los delitos de alto impacto que aún persiste y entregar mejores resultados a la ciudadanía, coincidieron las autoridades de seguridad y paz y los responsables de la seguridad en los municipios del estado, durante la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal de Secretario de Seguridad, en la que evaluaron los resultados y ajustaron las estrategias, de acuerdo al planteamiento del secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, quien reiteró que el único compromiso es seguir bajando la incidencia delictiva.

Juan Mauro González Martínez.

La coordinación también es una exigencia de la reciente transformación jurídica que obliga a cumplir con los nuevos mecanismos de certificación, servicio profesional de carrera y protocolos de investigación, expuso el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Adrián Mata Osio, quien recordó a los titulares de seguridad en los municipios, la entrega puntual de los reportes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), para que en 2026 todos los municipios puedan acceder a estos recursos. En este caso el Secretariado Ejecutivo los puede acompañar y asesorar.

En la sesión también participaron el Subsecretario de Seguridad, Hugo César Romero Rodríguez; la Subsecretaria de Inteligencia Operacional, María Fernanda Martínez Velázquez; el Comisario de la Policía Estatal de Caminos, Jesús Rivera Peralta; la Presidenta Municipal de Silao, Melanie Murillo Chávez; el Comandante de la 16/a Zona Militar, General de Brigada DEM Gabriel Martínez García; y el Coronel de la Guardia Nacional, Luis Alberto Vázquez Santos, entre otros representantes de los tres órdenes de gobierno y de cada uno de los municipios de la entidad.