DISPUTA POLÍTICA DE DIPUTADOS SOBRE SISTEMAS DE SALUD

*Le pusieron fervor partidista a sus posturas
*Impulsan modelo más eficaz de justicia
*Aprueban Programa de morena para Celaya

FRACASOS Y REDUCCIÓN PRESUPUESTAL

El debate parlamentario sobre la transferencia del Sistema de Salud de Guanajuato al IMSS-Bienestar de la federación, a propuesta de un exhorto de morena al Ejecutivo Estatal, terminó en una negativa de mayoría de votos de los 36 diputados del Congreso del Estado, considerando que, en las actuales circunstancias, no hay garantía de que el gobierno federal mejore los servicios, ni la infraestructura, ni el abasto de medicamentos, ni la profesionalización del personal, destacando que bajo esas promesas hay un interés político de centralizar las decisiones y el poder; en tanto que, para el bloque de la 4T, adherirse al IMSS-Bienestar representa: eficientar y maximizar el presupuesto, mejorar la infraestructura, generar ahorros en la compras consolidadas de medicamentos, garantizar la operación de un sistema de salud único, universal, público y gratuito, como una derecho constitucional de todos los mexicanos.
En la discusión sobre el punto de acuerdo, propuesto por morena y aprobado en la Comisión de Salud Pública, que preside Antonio Chaurand Sorzano, para exhortar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y al secretario de Salud, Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, a que firmen el convenio de adhesión al IMSS-Bienestar -que implica entregar al Sistema de Salud de Guanajuato a la administración del gobierno federal- se exhibieron deficiencias, se expusieron conveniencias y se marcaron discrepancias en el manejo político de estadísticas.

David Martínez Mendizábal.

Al final, los morenistas se vieron obligados a buscar justificaciones en la supuesta desastrosa situación en que recibieron el sistema de salud federal, que les ha complicado su construcción, reconociendo el fracaso del INSABI de López Obrador, pero debido a la dificultad para erradicar la corrupción en el sistema de salud, por los malos manejos en administraciones federales pasadas, según David Martínez Mendizábal, quien, a su vez, descalificó que Guanajuato tenga el mejor sistema de salud, en base a las certificaciones y reconocimientos que ha recibido -incluso del gobierno federal-, pues éstas se refieren a la parte administrativa.
Quienes intervinieron en la discusión a favor del dictamen para la adhesión: Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Antonio Chaurand Sorzano y David Martínez Mendizábal; así como quienes lo hicieron en contra: Alejandro Arias Ávila, Noemí Márquez Márquez, Rolando Fortino Acántar Rojas, María Isabel Ortiz Mantilla y Angélica Casillas Martínez, además de exponer experiencias y denuncias mediáticas por las carencias y fallas en los servicios de salud, tanto en hospitales estatales como federales, hicieron un manejo parcial de las estadísticas.

Antonio Chaurand Sorzano.

En particular, Antonio Chaurand Sorzano en apoyo al dictamen, que elaboró la comisión que preside, expuso: “el sistema de salud en Guanajuato ha atravesado algunas deficiencias que se relacionan con la falta de transparencia en la compra de medicamentos, la carencia de servicios de salud, donde la desigualdad y pobreza han sido barreras para la atención médica y casos de desabasto de medicamentos e insumos”. Añadió que la escasez de medicamentos no sólo compete a la federación, toda vez que personal de hospitales de la entidad han externado la falta de insumos para la atención de la población”.
Citó que el CONEVAL registra una carencia de acceso a servicios de salud del 33.2% en el estado, que se traduce a 2 millones 81 mil guanajuatenses que no cuentan con adscripción al derecho a recibir servicios médicos, por ello la necesidad urgente de crear políticas públicas que garanticen el servicio a la salud como un derecho fundamental. Según Chaurand, la carencia de servicios de salud en Guanajuato, en 2015, afectaba al 14.2% de la población, hoy alcanza al 133% de la población.

Rolando Fortino Alcántar Rojas.

Por su parte, Rolando Fortino Alcántar Rojas, quien expuso la posición del PAN en contra del dictamen, descartó la propuesta de momera, porque más que una transformación es una tragedia lo que propone. Recordó que con la desaparición del Seguro Popular, 30 millones de personas se quedaron sin servicios de salud; se prometió un sistema de salud de primer nivel, pero el presupuesto a salud pasó del 2.8% Producto Interno Bruto (PIB) durante el periodo de Peña Nieto, al 2.4% con Andrés Manuel López Obrador, lo que significa un 20% menos de la inversión, muy lejos del parámetro promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es del 6.6%. El sistema de salud de Guanajuato financia más del 50% de los servicios con recursos propios de los guanajuatenses.

Se precisó que se busca un sistema de articulación entre el sistema estatal y el sistema federal para que toda la población pueda gozar del derecho a la salud, pero adherirse al IMSS Bienestar no es la solución a la problemática de salud en la nación, debido a que la centralización que se plantea limita la capacidad de los estados al dificultar las decisiones oportunas adaptadas a la realidad de cada región, no permite atender las emergencias sanitarias y se dificulta la toma decisiones en la distribución de medicamentos; además, incrementan las brechas que hoy permiten garantizar el acceso a la atención médica, según lo expuesto por la diputada María Isabel Ortiz Mantilla.
La legisladora Angélica Casillas Martínez pidió respeto a la salud de los mexicanos, ya que, debido a las deficiencias del sistema de salud público, las familias acuden a los hospitales o consultorios privados para atenderse, porque el sistema de salud prometido no existe, lo que hay es un modelo fallido. Entregar el sistema de salud significa perder recursos humanos altamente capacitados, perder la capacidad de respuesta ante emergencias, perder tratamientos para enfermedades graves como el cáncer, dejar a niñas y niños sin vacunas suficientes, entre otras cosas.

PROTECCIÓN DEL INOCENTE Y EVITAR IMPUNIDAD

El Gobierno del Estado de Guanajuato renovó y reinstaló la Comisión Estatal para la Evaluación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal, teniendo como objetivo garantizar un sistema de justicia más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía; es decir: reforzar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, mediante un modelo más accesible y eficaz.

Para el secretario de gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, que presidió el evento, la comisión es un espacio de trabajo y cooperación interinstitucional para la aplicación de la justicia, protegiendo al inocente, evitando la impunidad del culpable y garantizando la reparación del daño a las víctimas,

Durante la sesión de este jueves 20, en que el mismo secretario rindió protesta como presidente de la Comisión y tomó la protesta a los nuevos integrantes, se aprobó la creación de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes, con el propósito de homologar los trabajos estatales con los lineamientos federales, reforzando así la atención especializada en este ámbito.

Integran la comisión: la diputada María Eugenia Martínez Oliveros, representante del Congreso del Estado; Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del Estado; Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz; Sergio Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas; Bricio Balderas Álvarez, director general de la Defensoría Pública; y Luis Felipe Razo Ángeles, director general de Reintegración Social para Adolescentes.

NO PASÓ POR LA CONSULTA CIUDADANA

Con el voto en contra de la fracción del PAN, el cabildo aprobó el Programa de Gobierno de Celaya 2024-2027, sustentado en cinco ejes: Bienestar Integral, Economía y Prosperidad, Servicios Públicos e Infraestructura, Gobierno para Todos y Paz y la Justicia, el cual se enviará al Periódico Oficial del Estado de Guanajuato para su publicación. Destacaron que previamente pasó por la revisión del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG), mismo que hizo algunas observaciones, que fueron atendidas.

La fracción del PAN señaló, en voz de Luis Alberto Ruiz León e Isabel Herrejón, principalmente, su desacuerdo en la forma de su elaboración, ya que no tomó en cuenta ni a todos los miembros del cabildo, ni a la saciedad, haciendo hincapié en que el programa de gobierno no es programa de un partido político, sino de toda la sociedad celayense.
Además de haberse aprobado de forma extemporánea, ya que la fecha venció el pasado 10 de febrero; sin embargo, la posición morenista de justificarse en una nueva forma de hacer política, no implica que tengan la prerrogativa de incumplir o hacer a un lado las normas de la materia, ni los aspectos técnicos de la planeación, ni con la cortesía política con los miembros del cabildo.

El programa de gobierno no concluye con la aprobación del Ayuntamiento, lo más importante es el cumplimiento de los compromisos y los beneficios que representen las acciones para la ciudadanía, se precisó por los morenistas.