EL FISCAL DE GUANAJUATO INSEGURO
Por G. C. Samayoa Madrigal
Las estadísticas recientemente difundidas que colocan al estado de Guanajuato y varias de sus ciudades entre las entidades más violentas no sólo del país sino del mundo, han sido materia de diversas notas periodísticas y de análisis mediáticos. Desde luego, rechazado por Sofía Huett, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, quien alegó imprecisiones.
Poco antes de que se dieran a conocer los mencionados informes estadísticos, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo había exhibido en su informe anual avances y procedimientos modernos en materia de seguridad, reiterando que la seguridad y paz social es una prioridad para los guanajuatenses y confirmando que las bandas del crimen organizado han afectado la integridad y patrimonio de los guanajuatenses.
Efectivamente el ciudadano común —ahora se le dice de a pie— tiene la convicción de que esta entidad y varios de sus municipios, como Celaya e Irapuato especialmente, se han convertido en zonas de guerra del crimen organizado. La inseguridad les ahoga —diario hay hechos de muerte y sangre— y no encuentran la manera de que las autoridades estatales y municipales escuchen sus reclamos y sus angustiosas demandas de seguridad… devolverle a la población paz, tranquilidad, bienestar… En Guanajuato se vive en una angustia permanente.
Entre los análisis mediáticos, llama la atención el de los periodistas Kennia Velázquez, Arnoldo Cuéllar, Marcos Vizcarra y Verónica Espinosa, difundido por Aristegui Noticias, en el que aseguran que Guanajuato “hoy, está convertido en uno de los estados más violentos…” y señalan que “esta realidad cotidiana pone en duda las estadísticas oficiales de las que alardea el fiscal Carlos Zamarripa, quien se perfila para entronarse como la máxima cabeza de la procuración de justicia estatal por un total de 19 años…”, indicando que este funcionario “ha granjeado un poder de caudillo en la política local…” y que “ahora enfrenta duras críticas desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Exponen que “en once años los asesinatos crecieron 215 por ciento y ubicaron a este estado como el más violento de México en números absolutos”.
“Trabajadores y extrabajadores de esa institución afirman que el control vertical de la fiscalía le permite acomodar la clasificación de delitos para que la Fiscalía de Guanajuato aparezca entre las más eficientes del país. Por ejemplo, según estos testimonios, las extorsiones se registran como fraudes, secuestros o privaciones de la libertad como no localización de personas, dependiendo de cómo vayan las estadísticas”, ilustran.
Los datos que ofrece el análisis publicado por Aristegui Noticias refuerzan uno de los principios más delicados de la administración pública (federal, estatal y municipal) que pasó por alto Diego Sinhué, no obstante que líderes de opinión se encargaron de exhibirlos desde su incursión en la campaña proselitista y reiterarlos en distintas etapas críticas como gobernante.
Efectivamente, en los diálogos de campaña con la sociedad, se le advirtió al entonces abanderado panista que existen puestos políticos que fortuitamente deben ser renovados en cada cambio de administración, entre ellos hay dos obligados: el del fiscal —en esa época aún se denominaba procurador de justicia— y el de la Secretaría de Seguridad Pública.
No hubo compromiso. Recibió el voto mayoritario e integró su equipo de trabajo. Nuevamente líderes de opinión de diversos sectores aconsejaron, solicitaron y algunos exigieron cambios en esas dos plazas, ocupadas entonces y ahora por Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca.
Renovar dichas plazas no es capricho político ni popular, es un fenómeno natural, ya que quienes se desempeñan en esos cargos en forma prolongada, se amañan para jugar con las cifras y mantener a salvo el crédito personal. Pero no sólo eso, se forman intereses, se crean enemistades, se suman las presiones y las amenazas, vulneran al servidor público pues se descubren sus debilidades. Son comunes las presiones mediante amenazas a los familiares.
Por ello resulta sano ir cambiando de personas, desde luego que sean calificadas, pero no conocidas por el hampa de la entidad. Reorientar las estrategias, para distanciar compromisos o presiones.
El gobernador sostiene que Zamarripa está bien calificado internacionalmente. ¿Es suficiente?
Más que espantarse o enojarse por las estadísticas de las organizaciones, las autoridades deben hacer acopio de humildad, despojarse de prejuicios politiqueros y acercarse a la gente, para que conozcan de propia voz sus sufrimientos. El pueblo guanajuatense se siente abandonado, créanlo.
