By *Ven más por los intereses partidistas
*Presentaron intención 89 organizaciones
*Propuesta de reforma del INE, técnica y real
*Jaime Juárez Jasso deja INE de Guanajuato
*Impulsan notarios el Testamento Agrario
*Agenda empresarial prevé encuentro con la SICT
POR AGP
BUSCAN ORGANIZACIONES REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA
La crisis política de México, que tiene su origen en los partidos tradicionales -inoperantes, sin representación, alejados de la sociedad- y en el gobierno con sus partidos -atentando contra los derechos ciudadanos, la democracia, las libertades, la autonomía de los poderes y la eliminación de los contrapesos-, ha provocado que más organizaciones sociales intenten, auténticamente, entre otras medidas, convertirse en nuevos partidos políticos. A esas razones, se suma lo atractivo que resulta, para algunos, el financiamiento público, principalmente para aquellas organizaciones lideradas o auspiciadas por activos que salieron de los partidos tradicionales.
Según el Instituto Nacional Electoral (INE), 89 organizaciones presentaron escrito de intención de registrarse como partidos políticos, de los cuales 82 se calificaron como procedentes: 56 continuaron el proceso y 26 manifestaron su desistimiento; de los 56, sólo 16 presentaron agenda de asambleas, 40 no cubrieron este requisito. Al corte del 20 de enero, las organizaciones más avanzadas en el registro de afiliaciones, para reunir los 256,030 militantes que se requiere por ley, son: México Tiene Vida 280,000; Construyendo Solidaridad y Paz (CSP) 253,444 -coincidentemente sus siglas corresponden a las iniciales de Claudia Sheinbaum Pardo-; Somos México 181,123 (SomosMx); y Que Siga la Democracia 103,383. Estos registros -aclara el INE- son preliminares y están sujetos a compulsas.
Para seguir con el proceso, las organizaciones que alcancen el porcentaje de afiliados requerido, que es el 0.26% del padrón electoral, tienen hasta el 25 de febrero próximo para celebrar su asamblea constitutiva. El 27 de febrero vence el plazo para que las organizaciones que hayan cumplido con todos los requisitos, presenten su solicitud de registro ante el INE.
Más allá de los números, de los avances del proceso y de las fechas fatales, destaca el interés de muchos ciudadanos y organizaciones en la política del país: unos, debido a que los partidos tradicionales perdieron el contacto con la sociedad, dejaron de representar sus intereses, cerraron los espacios de participación, de los cuales se apropiaron grupos de poder y hasta son parte del sistema de corrupción, ven más por intereses partidistas que por la sociedad; otros, con figuras políticas que, saliendo de los partidos tradicionales debido a su fragmentación, sólo buscan ser parte del financiamiento público, que ha sido muy lucrativo para muchos.
No son los únicos motivos, hay una mezcla de factores estructurales, coyunturales y económicos, que se conjugan o se encubren con propósitos auténticos, de acuerdo a los analistas, quienes especifican que, tras las elecciones de 2024, los partidos de oposición tradicionales -PRI, PAN, PRD, MC- han experimentado una crisis estructural y de desarticulación, generando un sentimiento de “orfandad” en parte del electorado, lo que ha motivado a nuevos grupos y a ex militantes de partidos a intentar ocupar ese espacio. Desde el punto de vista legal, cada seis años, después de una elección presidencial, se abre la convocatoria para el registro de nuevos partidos. Sin embargo, el alto número de solicitudes presentadas demuestra que no hay una única fuerza política que aglutine a la oposición y a los ciudadanos en la defensa de las instituciones, derechos y libertades.
Según los analistas, México necesita un sistema de partidos que promueva la inclusión de nuevas voces, especialmente de jóvenes y grupos marginados, que puedan aportar perspectivas frescas y soluciones innovadoras. Asimismo, consideran que es momento de exigir un sistema de gobernanza que realmente funcione para todos los mexicanos, un sistema que sea transparente, inclusivo y orientado al bien común, concordando con la narrativa democrática.
LA PROPUESTA DE REFORMA DEL INE
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Guadalupe Taddei Zavala, el 12 de enero presentó una propuesta “técnica y responsable” sobre la próxima reforma electoral, en base a la experiencia directa en los procesos electorales 2023-2024 y en la elección extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025. Aclara, no se trata de una propuesta política ni ideológica, sino un diagnóstico institucional con soluciones normativas concretas para fortalecer la democracia mexicana. Pablo Gómez Álvarez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la descalificó, en primera instancia.
De acuerdo a los procesos electorales referidos, evidenciaron vacíos legales no previstos en el diseño original del sistema electoral, tensiones normativas derivadas de elecciones concurrentes y de distinta naturaleza, así como retos inéditos en fiscalización, comunicación política, equidad en la contienda y operación territorial.
Los ajustes que propone son preventivos y no rompen con el modelo electoral vigente, corrigen disfuncionalidades detectadas en la práctica, se alinean con principios democráticos y estándares internacionales, como resultado de un amplio consenso interno del INE y de su estructura nacional.
La propuesta del INE no invade competencias, aporta insumos técnicos y se enfoca en preservar la calidad democrática del país, garantizar elecciones íntegras y proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía en un entorno cada vez más complejo. Busca certeza, equidad y confianza, no control político, y refuerza el Sistema Nacional de Elecciones como pilar democrático.
El documento, en el que precisa su postura institucional de mejora, fue entregado a los medios de comunicación el pasado miércoles 21 de enero. En él reafirma que “el enfoque de su propuesta no es refundacional ni de ruptura con el modelo electoral vigente, sino correctivo y adaptativo. Su objetivo central es fortalecer el Estado democrático de derecho, mediante ajustes constitucionales y legales que permitan cerrar vacíos normativos, reducir márgenes de discrecionalidad indebida, reforzar la equidad en la contienda, garantizar la efectividad del sufragio y optimizar la operación institucional del Sistema Nacional de Elecciones”.
De manera pertinente, expone el peso institucional y político de la propuesta, elaborada a través de una estrategia institucional de evaluación, coordinada por la Secretaría Ejecutiva del INE, con la participación del Consejo General, la Junta General Ejecutiva, direcciones ejecutivas, unidades técnicas, órganos desconcentrados, Organismos Públicos Locales (OPLEs), así como partidos políticos nacionales, a través de mesas técnicas interinstitucionales, análisis normativo, evaluación de mejores prácticas, revisión de informes institucionales y reuniones regionales con juntas locales y distritales, lo que permitió integrar una visión técnica, jurídica, operativa y territorial del sistema electoral.
La propuesta es una aportación técnica al debate legislativo, no como una agenda cerrada ni una iniciativa unilateral. “Su finalidad es contribuir a una reforma electoral racional, informada y coherente, que preserve los avances democráticos alcanzados, fortalezca la confianza ciudadana en las elecciones y garantice que los procesos electorales continúen siendo el principal mecanismo de expresión de la voluntad popular.
Incluye algunos detalles, como: el voto electrónico y nuevas modalidades, implementación gradual del voto por internet con criterios de seguridad, modelo mixto: voto electrónico y presencial en casillas, voto anticipado para funcionarios de casilla y cuerpos de seguridad, urnas electrónicas con transparencia y verificabilidad.
Sobre la elección del Poder Judicial propone separar temporalmente la elección judicial de los comicios ordinarios, prohibir participación de partidos en promoción de candidaturas judiciales, un calendario específico (campañas en agosto-septiembre, jornada el último domingo de octubre), eliminar prerrogativa de acceso a radio y TV para candidaturas judiciales.
Para garantizar la fiscalización y la transparencia, sugiere el uso de Inteligencia Artificial (IA), fiscalización de plataformas digitales y redes sociales, regulación de activos virtuales (criptomonedas) en financiamiento, superación del secreto ministerial para investigaciones del INE.
En otros temas pretende se asegure el 50% del financiamiento de campaña obligatorio para mujeres, tipificar violencia digital contra mujeres en materia electoral, defensoría especializada para víctimas de violencia política de género, requisito 8 de 8 obligatorio para consejeros electorales, voto en prisión preventiva en todo el país, credencial para Votar desde el Extranjero permanente, lista Nominal de Electores en el Extranjero permanente y acciones afirmativas para pueblos indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad y migrantes.
CAMBIOS EN LAS JUNTAS EJECUTIVAS
Jaime Juárez Jasso dejará la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local de Guanajuato para asumir la misma responsabilidad en Chiapas, en tanto que a Guanajuato llegará Analilia Pérez Mendoza, que desempeñaba la misma función en Querétaro. Los 17 cambios aprobados por la Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE) se operarán a partir del 1 de marzo de 2026, que involucran también a los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Según la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, estos cambios, además de salvaguardar el Servicio Profesional Electoral Nacional” (SPEN), derivado del Programa de Retiro Voluntario, tiene el propósito de fortalecer la conducción, la capacidad de respuesta y la integración de las Juntas Locales Ejecutivas, en un escenario de alta exigencia institucional ante la organización e implementación de dos modelos electorales que se celebrarán de forma concurrente. Además, se asegura la continuidad administrativa y operativa del INE, fortaleciendo su conducción territorial. Es un manejo estratégico para mantener los liderazgos y los talentos del Instituto en todo el país, atendiendo a una política laboral incluyente, humanista, donde las y los trabajadores son considerados un eje principal.
PROCURADURÍA AGRARIA Y NOTARIOS
El notario celayense Miguel Ramírez Silva, vocal agrario del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, impartirá la conferencia “Procuraduría Agraria y Colegio del Notariado Mexicano impulsan el Programa Nacional del Testamento Agrario”, dentro del ciclo “Rescate, defensa y revalorización de los ejidos y comunidades agrarias”. De acuerdo a la difusión de la notaria Irma Gutiérrez Galván, delegada en Celaya del Colegio Estatal de Notarios, el evento se realizará el jueves 29 de enero a las 11:00 horas, a nivel nacional, a través del canal oficial de Youtube.
Esta conferencia responde al compromiso establecido entre la Procuraduría Nacional Agraria y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el pasado 16 de enero, mediante la firma de un convenio, para impulsar el Programa Nacional de Testamento Agrario (o lista de sucesión), a fin abatir el rezago de 1.8 millones de personas que no cuentan con lista de sucesión y para garantizar la seguridad jurídica de la tierra, de más de 5.5 millones de personas en todo el país, permitiendo a ejidatarios y comuneros designar de forma legal y gratuita a sus herederos. El trámite busca evitar conflictos familiares y proteger el patrimonio del campo, asegura una transmisión ordenada de derechos agrarios (tierras ejidales/comunales), evitando juicios intestamentarios largos.
En este proceso interviene también el Registro Agrario Nacional (RAN), donde se depositan los documentos para su validez oficial. El registro está en proceso de digitalización, para tener acceso ágil, accesible y seguro.
En este convenio, la Procuraduría estuvo representada por su titular, Víctor Suárez Carrera, y el Colegio Nacional de Notarios por su presidente, Ricardo Vargas Navarro. La estrategia, que responde a la propuesta del gobierno federal de rescate, defensa y revalorización de los ejidos y comunidades agrarias, se apoya en la expansión territorial de la institución, pasando de 116 oficinas regionales a mil Centros de Atención Agraria para acercar los servicios a los más de 32 mil ejidos y comunidades agrarias del país.
Sigue la conferencia en vivo a través de YouTube en @procuraduria_agraria.
AGENDA ECONÓMICA DEL ESTADO PARA CELAYA
El Consejo Coordinador Empresarial de Celaya, que preside Jorge Luis Gámez Campos, tiene programada su primera reunión del año con la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, para el próximo jueves 29 de enero; pero, también prevén una inminente reunión con funcionarios del gobierno federal, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (CICT), a cargo de Jesús Antonio Esteva Medina. Dependencia de la que recibieron respuesta, vía gobierno del estado, sobre su solicitud de conocer el proyecto del Tren de Pasajeros México-Guadalajara, en el tramo que corresponde al cruce por la zona urbana de la ciudad. Externaron plena disposición para satisfacer la demanda de información, ya que reconocen que es un proyecto que impactará a Celaya. Lo que se busca es que este impacto sea más favorable al desarrollo, convivencia, movilidad e integración social, además de una alternativa urbana para destacar los aspectos positivos de la ciudad.
La reunión con la titular de la Secretaría de Economía, Villaseñor Aguilar, tiene como finalidad conocer el programa de inversión y desarrollo de 2026, sobre los proyectos estratégicos, así como de inversión, para Celaya, principalmente en lo que se refiere a la Puerta Logística del Bajío, cuyas obras están programadas iniciar en forma este año.
Como parte del seguimiento a otros proyectos, se pretende conocer la asignación de recursos para el Hub de la Competitividad y la Innovación, en el programa del edificio de El Buen Tono, el cual quedó a cargo completamente de la Secretaría de Economía.
Por parte de los empresarios, presentarán la propuesta inicial para el II Congreso Ferroviario Internacional y Logístico, en el que se busca -de acuerdo a su objetivo- involucrar más a esta dependencia, junto con la Secretaría de Turismo e Identidad, así como el HUB Académico, Científico y Tecnológico, que involucra a universidades e instituciones de educación superior, con el propósito de fortalecer la vinculación entre empresas, instituciones y actores clave del sector ferroviario nacional y logístico.
En el ámbito regional, llevarán a cabo el segundo Foro de Ecosistemas Económicos, que contempla incluir la zona metropolitana y la región Laja-Bajío, contemplando la posible inclusión de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, como integrantes de la Confederación Coordinadora Empresarial de Comonfort, San Miguel y Dolores. El objetivo es impulsar la unión e integración de toda la región en el proceso de desarrollo económico y social.