By *Hay información ni supervisión
*Reingeniería borra participación
*Mala señal de la SICT a población
*Reforma electoral acabó en intento
*No hay proyecto del tren por Celaya
POR AGP
CON MENOS RECURSOS Y DESORDEN
En el período teotihuacano de la historia de Mesoamérica (100 a.C.-750 d.C.), el poder de los soberanos emanaba, en gran parte, se su exitosa conducción de la obra pública. Teotihuacán -según la “Nueva Historia Mínima de México” (Pág. 28)- llegó a ser la primera ciudad urbanizada y ordenada de esa época, con sus conjuntos habitacionales y barrios, con más de 40 mil habitantes en la etapa de mayor esplendor, que requerían de arreglo de calles y servicios, obras hidráulicas y centros ceremoniales, entre otras. Un desarrollo urbano muy complejo por sus propias circunstancias y avances.
Las autoridades de Celaya de 2026, a más de 1,926 o 1,326 años de distancia, seguramente no tendrían su aprobación, precisamente por su falta de capacidad para ejecutar la obra pública. La que, además de una menor inversión: 389.5 millones de pesos al cierre de 2025, y 424.9 millones de pesos programados para 2026, contra los 720 millones de 2023 y los 590 millones de 2024, la ejecución ha sido ineficiente, desordenada y de dudosa calidad -hay que comprobarlo-, que evidencia la falta de una efectiva supervisión, realmente, no se sabe si avanzan o retroceden; llevan meses abriendo y tapando calles, las vuelven a abrir y las vuelven a tapar -a medias-, tiraderos y desorden en varios puntos de la ciudad, principalmente en la zona poniente y norponiente.
En muchos casos, representan pérdidas para el comercio local. Ya ni hablar de los problemas de vialidad, que, de alguna forma, es el costo social que hay que pagar por supuestas mejoras. Anteriormente, había reuniones de vecinos, se daba información de la obra y tiempo estimado de su ejecución; se integraba un comité de beneficiarios para el seguimiento y colaboración, al menos en la logística de la movilidad.
El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, parece estar más perdido en la grilla del más bajo perfil, que en buscar el camino que lo lleve a cumplir, de la mejor manera, su compromiso con los celayenses. Es denigrante y de pena ajena, ver cómo exhibe públicamente a sus propios colaboradores; los que él eligió para que lo acompañaran a realizar el trabajo; sin embargo, favorece a unos y pone en entredicho la labor de otros. El desorden de la administración, empieza desde las indecisiones -o decisiones a medias-, que dan la impresión de que improvisa mientras informa a la prensa de lo que dice que quiere hacer, que luego da por hecho.
CENTRALIZA DECISIONES Y RECURSOS
La supuesta reingeniería es una decisión que tiene más tintes partidistas y personales que una base administrativa y técnica de gobernanza objetiva, sólida e incluyente, acorde a la exigencia de la realidad municipal y a los avances en materia de corresponsabilidad gobierno y sociedad. A la fecha, se desconoce el planteamiento definitivo sobre esta reestructuración; pero, según el dicho del alcalde en conferencia de prensa, es para centralizar las decisiones y propiciar ahorros; por ejemplo: las atribuciones del Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI), pasarán a la dirección de Desarrollo Urbano; las de Turismo y el Ecofórum, a la Dirección de Desarrollo Económico, entre otras, de acuerdo a un estudio del Instituto Municipal de Administración Pública (IMAP).
El caso es que estas desparejadas declaraciones, han generado inquietud en diversos sectores de la sociedad, tanto empresariales, como académicas y de la sociedad civil, que tienen participación directa en las decisiones de los consejos directivos y mesas directivas de patronatos, como parte de la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno; pero sobre todo, estos consejos son el aval que tienen los organismos descentralizados para obtener recursos de bolsas estatales y federales -principalmente estatal- para diversos proyectos. Así es como, en esta administración, el Patronato del Ecofórum ha podido realizar diversos eventos, como ferias y exposiciones. Sin esos recursos no habría tales promociones.
Lamentablemente, el alcalde, en circunstancias como éstas a lo largo de su administración, ha despilfarrado el capital social y político con el que llegó; porque así es el poder, desgasta más de la cuenta, cuando se pierde el rumbo, se improvisa sobre la marcha y se buscan reconocimientos aún inmerecidos. La improvisación no es del todo negativa o perversa -como muchos otros elementos requeridos en el ejercicio del poder-, pero pocos tienen el acierto de aprovecharla con exactitud, en medida, oportunidad y recurrencia (no ocurrencia).
SE IMPONE CRIMEN ORGANIZADO A LA SICT
En días recientes, la delegada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio por concluido el programa de bacheo de carreteras federales libres de peaje, con una inversión de 1,160 millones de pesos; sin embargo, lamentó que algunos tramos no se pudieron reparar debido a la presencia de grupos del crimen organizado; dijo que hubo hasta amenazas de hombres armados. Más que una justificación, es una mala señal que se envía a la población: si el Estado Mexicano, del cual la SICT es parte, no puede poner orden y realizar su trabajo debidamente, qué pueden esperar los ciudadanos, específicamente los transportistas, los viajeros, la población vecina de esos lugares.
No es tanto por los tres o cuatro baches que dejaron de reparar, sino la revelación de la incapacidad del Estado para restablecer el orden; porque, hoy la revelación se refirió a los baches, que pudiera considerarse una afectación mínima -que no lo es, porque las carreteras son el eje central del abasto y movilidad de alimentos, materias primas para la industria y productos de todo tipo para el comercio-, pero qué hay de fondo sobre otros temas de mayor envergadura, donde el Estado parece haber cedido terreno, en lo federal, estatal y municipal, los cobros de piso y las extorsiones en la obra pública.
Para el gobierno -el Estado Mexicano- no cabe ninguna justificación para no realizar su trabajo, de lo contrario puede considerarse que el país se le está yendo de las manos.
PLAN B PRETENDÍA CONTROL ELECTORAL LOCAL
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Celaya, se reunió, este viernes, con el diputado federal Alam Sahib Márquez Becerra, con quién compartieron puntos de vista e inquietudes sobre diversos temas, entre los que destacan: la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados; y la construcción del tren de pasajeros México-Guadalajara, específicamente en su paso por Celaya.
Sobre la reforma electoral, que inicialmente pretendía acotar la participación de los partidos políticos y de las autoridades de electorales, federal y locales, finalmente se enfocó a buscar el control de las autoridades electorales locales, congresos y ayuntamientos, ya que la caída de Morena en estados y municipios ha sido más pronunciada; sin embargo, lograron algunos puntos, son menos relevantes, en cuanto a las pretensiones que buscaban. En este caso fue determinante la postura que adoptaron los partidos aliados de Morena, para impedir que el gobierno y morena asumieran todo el control de las elecciones.
MÁS COMPLICADO DE LO ESPERADO
El otro tema de relevancia para Celaya, en esta reunión, fue el proyecto de construcción del Tren de Pasajeros, en su paso por la zona urbana de la ciudad, que coincidió con la reunión de seguimiento del gobierno federal y los municipios involucrados, que en esta ocasión se realizó en Cortazar. En la reunión de los empresarios con el diputado federal, miembros del consejo hicieron un planteamiento sobre las inquietudes que se tienen, ante el desconocimiento total del proyecto, pero se fundan en la información difundida por el gobierno municipal.
En cuanto a las gestiones realizadas, se informó de la solicitud formal que hicieron al gobierno federal para conocer el proyecto y del compromiso de la delegada de la SICT, Irma Leticia González Sánchez, para gestionar una mesa de trabajo, de quien a la fecha no se tiene respuesta. Se amplió la información al diputado sobre la problemática vial que representa para Celaya el paso del tren de pasajeros, porque va a estar confinado, de manera permanente y casi, se podría decir, por los siglos de los siglos. Además, de que se van a requerir obras de infraestructura urbana costosas y de mantenimiento permanente, que el municipio no podrá realizar con los recursos que tiene.
Al final hubo coincidencias en cuanto a las inquietudes planteadas, reconociendo que la problemática que presenta Celaya es muy diferente y más compleja, que la de otros municipios de la entidad.
En cuanto a la reunión del gobierno federal con los alcaldes, en Cortazar, se concluyó en que tampoco hay avances en el caso de Celaya, precisamente por los cruces vehiculares, a los que se sumarán los pasos peatonales y de ciclistas, que hoy se dan a nivel de piso, a lo largo de las vías.
Empieza a tomar forma, en un consenso general, que para el gobierno federal será más fácil hacer un paso elevado en su totalidad -un viaducto ferroviario-, que meterse en asuntos de vialidades urbanas, servicios, derechos de vía y afectar redes ya construidas a lo largo de las paralelas actuales.
REGISTRO DE AGRESORES SEXUALES
Reformas al Código Penal Estatal, aprobadas esta semana en el Congreso del Estado, para crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, tomó en cuenta varios puntos determinantes, que van desde la proporcionalidad de la pena, hasta su constitucionalidad, hallando coincidencias en los aspectos positivos de la medida, ya que el delito no sólo lesiona el tejido social, sino que atenta, de manera grave e irreparable, la integridad de la persona, más tratándose de niñas, niños y adolescentes, contrastados con los derechos del sentenciado, como el derecho a la reinserción y a la protección de datos personales.
De acuerdo al dictamen, presentado por la diputada Susana Bermúdez Cano, establecen de manera clara, que la reparación del daño moral no exime a las personas sentenciadas de ser inscritas en dicho registro, acto que el juez deberá ordenar, de manera obligatoria, cuando exista sentencia firme por delitos, como: feminicidio; trata de personas menores de 18 años; abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes; acoso y hostigamiento sexual en agravio de menores; afectación a la intimidad; captación y tráfico de menores; corrupción de menores e incapaces; explotación sexual y lenocinio.
La reforma establece que la inscripción se realizará una vez que la sentencia haya quedado firme; el registro permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure la pena de prisión y un período adicional de diez años, a partir de que la persona sentenciada obtenga su libertad.
El responsable de operar el registro será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, de acuerdo a la reforma aplicada a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
Aunque hubo discrepancias con la postura asumida por la diputada Ruth Noemí Tiscareño y los miembros de la fracción parlamentaria del PRI, sobre deficiencias en la aplicación del rigor constitucional, que podrían generar una falsa expectativa y generar un vicio mayor, porque el registro no es la única opción para proteger a la niñez.
Sostuvo que un registro público, con publicidad generalizada y una temporalidad que excede la pena, opera en los hechos como una sanción adicional, lo que contraviene el artículo 22 constitucional por su desproporcionalidad, y vulnera derechos fundamentales como la reinserción social del artículo 18 y la privacidad; mientras en términos de técnica legislativa, el problema era grave, porque se pretendía incorporar al Código Penal una figura que no es ni pena ni medida de seguridad, sino un instrumento administrativo.
A favor del dictamen, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero agregó que ya existían otros -listas negras-, como el Registro Estatal Único de Servidores Públicos y Particulares Sancionados en Guanajuato, que permite consultar inhabilitaciones y sanciones por faltas administrativas graves cometidas por funcionarios estatales y municipales; así como un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que contiene la información de las personas que incumplen con la presión alimentar.
Además, el Registro de Personas Agresoras Sexuales es la pieza central para la prevención de nuevos delitos, la protección efectiva de las víctimas y, de manera crucial, el control de la reincidencia. Asimismo, garantiza que la base de datos sea gestionada por el órgano técnico encargado de la persecución del delito y que el registro es una consecuencia jurídica de una sentencia judicial, aplicable sólo a quienes han sido hallados culpables de cometer agresiones sexuales. Para darle realce a su intervención, remató: “se está apostando por un sistema de prevención moderno y valiente”.
Al final de otras intervenciones, como la de los diputados Carlos Abrahám Sotomayor y Antonio Chaurtand Sorzano, de Morena, para eliminar el carácter público, se rechazó y el dictamen fue aprobado por mayoría de votos.