//EL GRILLERÍO:// REFORMAS DESTRUYEN EL PAÍS DE LIBERTADES, DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES

*Domina a morena la ambición de poder
*Se distancia gobernadora de empresarios
*Puntualizan políticas a favor de las mujeres
*A prueba nueva coordinación de seguridad
*ConfIrma Cabildo a directora del IMIPE

POR AGP

MUCHOS VIVEN EN JAUJA POR APOYOS BIENESTAR

Las últimas reformas constitucionales en México, aprobadas, en menos de un año, por la anterior y la presente legislatura del Congreso de la Unión, en términos generales, significan la pérdida de derechos y libertades, del estado de derecho y de la democracia, así como de la división de poderes, que afectarán a todos los mexicanos, incluyendo a los morenistas que no estén en la cúpula del poder o caigan de su gracia. Según algunos analistas, esto representa volver, no sólo a los años setenta del siglo pasado, sino hasta antes de la Constitución de 1917, con el único propósito de mantenerse en el poder y hacer lo que les venga en gana, sin que nadie les estorbe; no es por el bienestar del pueblo, como lo han camuflado, sino por la ambición política de mantener del poder, aprovechando una mayoría construida, como se sabe, por acuerdos y presiones -por decir lo menos-, que sólo pueden probar los involucrados, lo que difícilmente sucederá, aunque quieran, por lo riesgos que corren. Todo ello, lo han logrado, según se presentan en los medios de comunicación, por la operación política de dos personajes, principalmente: el senador Adán Augusto López Hernández y el maestro constitucionalista, el diputado Ricardo Monreal Ávila, quien cambió radicalmente lo que enseñaba con lo que dice creer y practicar.

Morena llegó al poder gracias a los avances democráticos logrados por las luchas e intervenciones, a lo largo de los años, de muchos mexicanos, incluyendo a los grupos de las izquierdas; de la misma forma, se ampliaron y reconocieron los derechos humanos y ciudadanos por acuerdos internacionales, protegidos en un marco de estado de derecho, que hoy quedan, prácticamente, resquebrajados y anulados por las reformas al Poder Judicial, a la ley de amparo y a las reformas sobre la Supremacía constitucional; más lo que falta, como atentar contra la propiedad privada, para lo cual los Siervos de la Nación andan censando los hogares, con el pretexto de los apoyos de 65 y más.

En general, pocos mexicanos se han dado cuenta de ello, mientras muchos disfrutan de la aparente jauja que les da los apoyos del Bienestar. Cuando nos alcance la realidad, tal vez sea demasiado tarde, si es que antes no se dan otras acciones que frenen las reformas, pues aunque éstas sean inconstitucionales de fondo y de procedimiento, para los líderes de morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, así como en las esferas del gobierno y de los dirigentes partidistas, siempre serán legítimas sólo porque ellos lo dicen y, según eso, así será mientras mantengan el poder.
Los partidos de oposición andan perdidos y divididos internamente; los empresarios, los profesionistas y las organizaciones sociales, por igual. Hay quienes se quedaron todavía contando los votos electorales, mientras el avance destructivo del país no se detiene.

LIBIA PREFIERE ACUERDO POLÍTICO CON MC

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo marcó su distancia con las organizaciones empresariales de Guanajuato -sólo por no hablar de un rompimiento, que suena más drástico-; aunque, sí pudiera decirse que, en pleno diálogo, al publicar el Decreto Gubernativo Número 7, el pasado 23 de octubre, mediante el cual decretó la extinción del FIDESSEG (Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública), que operaba el recurso del autoimpuesto del 0.3%, del 3% del impuesto a la nómina, con el argumento de falta de transparencia y un alto gasto en administración.

Para justificar la medida, la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, que preside Jorge Arturo Espadas Galván, ordenó una auditoría integral al FIDESSEG, lo cual financieramente es bueno y legal, pero no el propósito político, que pactó el coordinador de la bancada del PAN y la gobernadora con la bancada del Movimiento Ciudadano y ex candidata a la gubernatura, Yulma Rocha Aguilar, evidenciadas en los días de las decisiones.

La gobernadora prefirió un pacto político con MC, que confiar -tal vez- en una larga negociación con los empresarios, autores del autoimpuesto y de la creación del FIDESSEG, en base a un modelo de participación colaborativa de la sociedad el gobierno, que se implementó en Chihuahua, con resultados favorables para la sociedad en general, así como para las organizaciones de la sociedad civil.
En este contexto, llama la atención, sin más elucubraciones, la publicación en un medio nacional, donde se abunda en el tema a favor de la decisión de la gobernadora y donde eximen a las organizaciones sociales de posibles sanciones por los resultados que arroje la revisión que realiza la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG); con ello libera de preocupaciones, más que a las verdaderas asociaciones de la sociedad civil, a las que tienen ligas con funcionarios del estado y con el Partido Acción Nacional, que fue por donde empezaron las denuncias de morena en la LXV Legislatura, sobre la falta de transparencia.
Si la gobernadora tomó la mejor decisión o no, el tiempo lo dirá, si se aclaran con certeza y objetividad los motivos de su decisión y los resultados de la auditoría; hoy, el camino resultó muy atropellado, sembró desaliento y mal presagio para el Nuevo Comienzo.

SACA VENTAJA LIBIA DE LA ALERTA DE GÉNERO

Como primer mujer gobernadora del estado de Guanajuato, la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), declarada por la Secretaría de Gobernación el pasado 27 de octubre para 17 municipios de la entidad, le dio la oportunidad a Libia Dennise García Muñoz Ledo de confirmar y precisar su determinación de “garantizar la seguridad y el acceso a la justicia para mujeres, adolescentes y niñas, reducir la violencia feminicida y eliminar la desigualdad y discriminación que afectan sus derechos”, que van más allá de la Alerta en sí misma.

El rechazo que hubo en la anterior administración, que propició negociaciones políticas con las organizaciones sociales para que no se declarara la alerta, hoy tuvo cabina con este nuevo gobierno y se afrontó con la mejor disposición, a tal grado que, en vez de representar un estigma para el entidad, se asume como una oportunidad para enfrentar el problema con claridad, estrategia y políticas públicas que reduzan la violencia y eliminen la discriminación de las mujeres. Al menos, así se planteó en la instalación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que va a brindar asesoría técnica, analizar informes, realizar reuniones con autoridades responsables y, en caso de incumplimiento, solicitar sanciones, donde se involucra a dependencias del gobierno del estado y de los 17 municipios incluidos en la alerta, entre ellos: Celaya, Cortazar, Villagrán, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Acámbaro, Salvatierra, Juventino Rosas, Dolores Hidalgo, Salamanca, Irapuato y León.

El hecho sin precedentes, mereció la atención de Citlalli Hernández Mora, quien proximamente ocupará la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal; así como de Sayda Yadira Blanco Morfín, encargada de la Recepción y Atención de los Asuntos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y de Arely López Pérez, directora general de la Cuarta Visitaduría General de la CNDH, la plana mayor de las instancias federales; además de los titulares de los tres Poderes del Estado de Guanajuato y de los 17 municipios de la entidad.

HAY CONFIANZA EN RECUPERAR LA PAZ

Irrumpe violencia en la tranquilidad del Nuevo Comienzo; muchos dirán que es muy pronto para suponer que la intentaron poner a prueba la solidez de la coordinación y la eficiencia en la respuesta, pero tal vez esa fue la pretensión, aunque el parte oficial en envoltura militar dice que se debió a la lucha territorial de los cárteles, que no logró detectar oportunamente el grupo de inteligencia.
Hasta hoy, la respuesta mediática de las autoridades es lo menos que se puede esperar: “No vamos a detenernos hasta lograr la paz y tranquilidad que tanto merecemos”; y “Nos reunimos los 3 niveles de gobierno para establecer protocolos y tomar decisiones por el bien de nuestras familias en Guanajuato”. El asunto no es tan malo si se toma en cuenta que es una respuesta de “botepronto”; pero después de varios días debe haber mayor claridad y respuestas concretas, para no desmoronar la confianza ciudadana en las nuevas autoridades y en la nueva estrategia de seguridad.

REINCORPORAN A POLICÍAS DADOS DE BAJA

Ya sin cifras triunfalistas, la secretaría de Seguridad de Celaya, a cargo de Pablo Muñoz Huitrón, junto con los directores de áreas, presentaron el segundo informe de seguridad, en el que se destacó la inhabilitación de las cámaras en lugares públicos, que no estaban reguladas, y el patrullaje disuasivo para la prevención del delito; el regreso del armamento a la policía municipal por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); la participación de la Policía Turística en diversas actividades de prevención en parques, escuelas y hospitales, y la atención a situaciones familiares por parte de la Policía de Género. Todo en absoluta coordinación con los tres niveles de gobierno, con quienes se lleva a cabo la implementación de las estrategias.
Además, se informó de la reincorporación de elementos que habían sido dados de baja de la corporación por los fedepales, de los cuales ya no se habló, pese a que en la semana dos de fedepales perdieron la vida en la ciudad, donde permanecían por trámites de su liquidación -según dijo el mismo presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, en entrevista con medios de comunicación, en la semana.
El caso surge por inquietudes planteadas sobre la responsabilidad municipal con los deudos, esposa, hijo o padres, quienes podrían quedar desprotegidos en su futuro. En principio aseguran que los elementos habían causado baja; sin embargo, no habían firmado su finiquito, con el que se formaliza la terminación de la relación laboral, lo cual para algunos abogados del tema laboral es litigable; aunque en el ámbito municipal, consideran que depende del tipo de contrato que hayan firmado. La realidad es que esposa e hijos o padres pueden quedarse sin protección.

ALEJANDRA OJEDA CUBRE PERFIL DEL IMIPE

En sesión de Ayuntamiento se confirmó la designación de la doctora Alejandra Ojeda Sampson, como directora del Instituto Municipal de Información, Planeación y Estadística (IMIPE), cuya propuesta fue formulada por representantes de los colegios de profesionistas, del Consejo Coordinador Empresarial y de instituciones de educación superior, como parte del Consejo Ciudadano del instituto, que preside Juan Yúdico Herrasti.
La propuesta inicial surgió del Colegio de Arquitectos, que son los más indicados para ello; sin embargo, a lo largo del trayecto para su confirmación, su perfil como doctora en urbanismo, fue avalado por cada uno, principalmente por el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, y por el pleno del Ayuntamiento, el viernes pasado.

Además haber valorado su perfil profesional, Ojeda Sampson ha tenido un acercamiento con los miembros del Consejo del IMIPE, con quienes han dialogado sobre propuestas y proyectos concretos para Celaya, tanto los de mayor impacto económico en el desarrollo regional, como el Puerto Seco o Parque Intermodal y el Hub de la Innovación y la Competitividad de Celaya, como de aquello de impacto social en colonias y comunidades, lo que se tienen en proceso y las nuevas propuestas de la presente administración, de tal manera que confluyan en un programa integral, que ya tiene como anteproyecto.

La coincidencia que hubo entre los diversos sectores de la sociedad y el gobierno municipal, permiten augurar buen entendimiento, apoyo y coordinación para la gestión de recursos para los proyectos y obras a realizar en este período, entre ellas, los accesos al Puerto Seco, para avanzar mientras se desarrolla la infraestructura del mismo, desde el punto de vista de Juan Yúdico, como presidente del consejo ciudadano del IMIPE.