//EL GRILLERÍO:// SÓLO TESTIMONIAL DISCUSIÓN SOBRE REFORMA JUDICIAL EN EL CONGRESO

*Avasallaron panistas a diputados de morena
*Impulsará oposición reforma judicial estatal
*Otro abuso, la supremacía constitucional
*Revisan Tenencia e impuesto al hospedaje
*Prepara Congreso remoción del fiscal general
*En riesgo el legado de AMLO, por conflictos

POR AGP

OPOSICIÓN A REFORMA, SIN CONSECUENCIA

A casi tres meses de haber sido aprobadas y publicadas las reformas constitucionales sobre el Poder Judicial de la Federación y sobre la Impugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución, entre otras, este jueves 5 de noviembre de 2024, el Congreso del Estado de Guanajuato, de mayoría panista, aprobó los dos en sentido negativo, de las cuatro minutas que envió, en su momento, la Cámara de Diputados. En cambio, dio su aval -“a toro pasado”- a la reforma constitucional en materia de Bienestar y de Vivienda para las personas trabajadoras. Los diputados Juan Carlos Romero Hicks, Susana Bermúdez Cano, María del Pilar Gómez Enríquez, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Rocío Cervantes Barba, José Erandi Bermúdez, Aldo Iván Márquez Becerra, María Isabel Ortiz Mantilla y Angélica Casillas Martínez Méndez, del PAN, del PRI y del PRD, avasallaron, desde la tribuna, a los dos diputados de morena, David Martínez Mendizábal y María Eugenia García Oliveros, que participaron en la discusión, sobre los dos puntos que rechazó la mayoría, tal vez por acuerdo previo o porque los morenistas consideraron que el debate -fuera de tiempo- no tenía mayor trascendencia, pues la reforma de morena está aprobada y publicada, y en proceso de ajustes en algunas leyes secundarias.
Como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y autor del dictamen, Juan Carlos Romero Hick, presentó el dictamen comentando, entre otros puntos, que en la reforma no se escuchó realmente a la población y que, de todos los poderes, el judicial debe estar más alejado de los partidos. Reconociendo que la reforma, que elimina el Consejo de la Judicatura Federal y las salas de la Suprema Corte de Justicia, ya está en marcha, ha afectado la vida de muchas personas de manera arbitraria, echando su suerte en tómbolas, sin tomar en cuenta su trayectoria académica, profesional, ni tampoco su antigüedad ni su entrega institucional: “fue una destrucción constitucional, que atenta contra la división de poderes, vulnera la independencia e imparcialidad judicial”. En respuesta a esa arbitrariedad se han presentado más de 673 juicios de amparo, que ha recibido este Congreso local.

En otras expresiones, como las de Susana Bermúdez Cano, se dijo que la reforma es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, debido a que la independencia judicial en México ya no existe; es la amenaza de un régimen que pone en peligro el equilibrio de los poderes y es el inicio de un autoritarismo, que no busca justicia ni democracia, sólo el control total, el sometimiento a las decisiones del Poder Ejecutivo; alinea la administración judicial con los intereses del gobierno, se erosiona la capacidad del Poder Judicial para actuar como un contrapeso efectivo y proteger los derechos constitucionales de millones de mexicanos; la independencia judicial se creó como una garantía instaurada, para asegurar la probidad en las actuaciones judiciales; la reforma es, además, regresiva en materia de derechos humanos, pues elimina las garantías de independencia judicial y del derecho humano al juez o tribunal independiente, como pilares básicos de las garantías judiciales de acceso a la justicia y del debido proceso.

También dejaron en claro que el Poder Judicial sí necesita una reforma integral, pero no la que se propone, porque los argumentos se basan en cumplirle a un régimen autoritario que atenta contra la independencia y contra su funcionamiento, por la forma en que se podrán adquirir los recursos para las campañas.
Preocupan los casos de corrupción que se podrían originar por la forma del proceso de elección, además de que existen mayores problemáticas, las cuales no se podrán solventar con las modificaciones propuestas, debido a que los delitos del fuero común son más comunes que los delitos del fuero federal, por lo que no se tendrá una intervención oportuna en materia de justicia. En este sentido, se expusieron más consideraciones, algunas de fondo y otras basadas en supuestos, como señalar que morena ha utilizado un lenguaje encubierto al hablar de libertad y democracia, cuando en realidad se trata de una tiranía.

PROMOVERÁ MORENA REFORMA JUDICIAL ESTATAL

En su intervención, el coordinador de la banda de morena, David Martínez Mendizábal, pidió a los diputados del PRIAN no confundir más a la gente con su falta de seriedad con sus argumentos: “no hay tómbolas ni decisiones arbitrarias”. La reforma -dijo- busca democratizar el sistema judicial y garantizar el acceso a la justicia para todos. “El pueblo merece instituciones justas, no sistemas judiciales cooptados por intereses particulares”. Según el morenista, la reforma introduce mecanismos que promueven una elección más transparente de jueces y magistrados.
Invitó a los diputados, aliados del gobierno local, a discutir seriamente un sistema judicial más democrático y representativo en Guanajuato, porque el actual sistema en el estado ha sido cómplice de actos de corrupción; sin embargo, ve poca disposición del PRIAN para adoptar una reforma que responda a las demandas ciudadanas; pero seguirán trabajando para construir un sistema judicial que garantice la justicia verdadera y no privilegios para unos cuantos.

A este posicionamiento, se sumó la congresista María Eugenia García Oliveros, quien cuestionó a panistas por aferrarse a un sistema que históricamente ha beneficiado a las élites: “dónde estaba la preocupación por el Poder Judicial cuando se convirtió en un bastón de privilegios, un espacio donde los amparos eran moneda de cambio para proteger intereses particulares y los derechos de la mayoría quedaban relegados a un segundo plano”.

VULNERA DERECHO AL AMPARO

En materia de supremacía constitucional, que violenta la misma Constitución, permite acciones retroactivas y vulnera el derecho de amparo, reinterpretando aspectos de los derechos humanos; se atenta -una vez más- contra la división de poderes y el derecho de la minoría de un Congreso por múltiples contradicciones internas. Hay dos límites en el Poder constituyente y el poder reformador de la Constitución, que son los derechos humanos y la división de poderes, mismos que se están vulnerando, toda vez que el amparo sirve para proteger a la persona frente a actos abusivos de la autoridad, pero que los cambios lo han desaparecido.
Se ahondó en el tema los diputados Aldo Iván Márquez Becerra y María Isabel Ortiz Mantilla y Angélica Casillas Martínez, dejando por sentado que la justicia y la defensa de la democracia son principios irrenunciables, en tanto que la reforma representa un ataque directo contra el Estado de Derecho y la independencia de los poderes. En el tema de derechos humanos es un retroceso, que contraviene los compromisos internacionales de México y rompe con el principio de justicia accesible para todos y todas.
María Isabel Ortiz Mantilla sostuvo que esta reforma impedirá que los ciudadanos se defiendan, poniendo en riesgo la democracia y la pluralidad, supeditado los derechos al arbitrio del legislador federal, pues cualquier disposición que atente contra la persona, libertades, propiedades o posesiones, con el sólo hecho de establecerlas en la Constitución, la convierte en inatacable, de lo deja constancia y registro en la historia de Guanajuato y de México.

DISTRIBUCIÓN MÁS EQUITATIVA DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE

En otros temas de interés general, por su impacto económico y social, esta semana dejaron pendiente -por estrategia oficialista- la discusión del Impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos y una iniciativa de morena sobre el destino del Impuesto al Hospedaje, de acuerdo a las conclusiones parciales de la mesa de trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales. Lo que no quedó claro, es la inclusión de otra propuesta -también de morena- sobre el destino del Impuesto a la Nómina.
Sobre la tenencia, fue el mismo presidente de las comisiones, Víctor Zanella Huerta, quien reservó el tema, porque falta información sobre el impacto social y presupuestal. La reserva, fue secundada por representantes de morena y Movimiento Ciudadano, considerando se profundizar en el análisis, por su impacto en los propietarios de vehículos y en las armadoras.
Del Impuesto sobre hospedaje, la iniciativa pretende una distribución más equitativa entre los 46 municipios del estado, para evitar que se concentre -por decisión unilateral del Ejecutivo- sólo en las Ciudades Patrimonio y en los Pueblo Mágicos, como ha sucedido en los últimos años.

De igual manera, sobre el Impuesto a la Nómina, que pagan los empleadores, el cuestionamiento se centra en que no se ha visto que tenga un impacto en la clase trabajadora, de acuerdo al planteamiento de Ricardo Ferro Baeza, quien no se metió en el asunto del Impuesto al Hospedaje.
De acuerdo al planteamiento, se prevé que con la presente iniciativa, se destine un porcentaje de los recursos obtenidos por el Impuesto Sobre Nóminas a plantear estrategias orientadas a solventar necesidades específicas, para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora, como vivienda digna y estancias infantiles en espacios seguros y con personal altamente capacitado.

Esto da por sentado, que el tema del FIDESSEG y del programa que lo sustituirá en la Secretaría del Nuevo Comienzo, es un asunto saldado; aunque, no del todo, pues están pendiente las liquidaciones a los trabajadores, que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo no puede ignorar, como jefa del Ejecutivo, ya que el Fideicomiso y la administración del mismo, fue un acuerdo conjunto entre empresarios y el Gobierno del Estado de Guanajuato.

CONGRESO BUSCA EVITAR TOMAR LA INICIATIVA

De acuerdo a la iniciativa de reforma constitucional y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que preside Jorge Arturo Espadas Galván, busca otorgarle facultades la persona titular del Poder Ejecutivo para poder remover al fiscal general del estado en casos justificados, por causas graves y reducir de 9 a 7 años la temporalidad de la encomienda, con la posibilidad de que el Congreso pueda objetar la decisión, sólo con mayoría simple, para evitar que se dé alguna arbitrariedad y para garantizar el control legislativo sobre las acciones del Ejecutivo.

El asunto tiene varias implicaciones e interpretaciones, desde el punto de vista legal y político: una, que no quiere asumir la responsabilidad ni cargar con el “muertito” -sin causa justificada-; dos, que la postura de los panista en el Congreso está dividida y no hay forma de lograr la mayoría calificada para su remoción. La división en la fracción del PAN, se acentuó con la lucha por la dirigencia estatal, que aún está en litigio. La mayoría simple, que se requerirá para ratificar la decisión de la gobernadora, se puede lograr con miembros de la oposición, que son quienes empezaron a cuestionar la permanencia de Carlos Zamarripa Aguirre, al ser una figura que no les inspira confianza, además de poner en entredicho su actuación en cuanto a legalidad, imparcialidad y ética.
Desde el punto de vista legislativo, hay una disposición actual que constituye una violación al Estado de Derecho, ya que contempla la posibilidad de que el Congreso del Estado objete la remoción del fiscal general, incluso cuando éste haya incurrido en conductas graves, por lo que “se considera fundamental que cualquier funcionario, y más aún aquellos con responsabilidades tan cruciales, puedan ser removidos de su cargo si incurren en faltas graves, sin que existan obstáculos que perpetúen su impunidad”.

Dicen los diputados que la implementación de esta reforma es necesaria para fortalecer el Estado de Derecho en Guanajuato, garantizar la rendición de cuentas y promover una administración de justicia eficiente y transparente. Los coordinadores de las bancadas legislativas, sentencian en su iniciativa: “Las leyes y los mecanismos institucionales deben asegurar que ningún funcionario, por más alto que sea su cargo, esté por encima de la ley”.
La iniciativa todavía va a ser radicada y analizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside Juan Carlos Romero Hicks.

TODOS QUIEREN PARTE DEL PASTEL

Esta semana se reunió el Consejo Nacional de Morena, que preside Alfonso Durazo Montaño. Aunque los temas que esperaban tratar eran los relativos al programa de trabajo de la Secretaría de Organización, de Andrés Manuel López Beltrán; el tema de la afiliación, en el que todos quieren meter mano; y la integración de las comisiones Electoral y de Encuestas, así como la organización de los Comités de Organización Territorial (COTs) de los estados, lo que acaparó la atención y generó mayor preocupación, son los conflictos internos que han surgido, no sólo en la ciudad de México, sino en todas las entidades del país, lo que pone en riesgo la unidad y el Legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Todos quieren su parte del pastel para asegurar un lugar en el 2027, que es a donde apunta el programa de morena, que aún no se ha dado a conocer.

Por lo pronto, sólo se tiene certeza de que el programa de afiliación, programado para empezar en noviembre, arrancará de manera formal a inicios del 2025, una vez que se defina el mecanismo y los responsables de cada estado, pues está entre las secretarías de Organización de cada entidad y los COTs, pero también buscan mayor injerencia los diputados y las autoridades locales.