INCREMENTAN EXPORTACIONES CON INCLUSIÓN DE MIPYMES

INCREMENTAN EXPORTACIONES CON INCLUSIÓN DE MIPYMES

*Guanajuato tiene 1,959 empresas exportadoras
*Inconstitucional pretender controlar fideicomisos


DESTACAN SILAO, CELAYA Y APASEO EL GRANDE


En Guanajuato existen actualmente 1,959 empresas exportadoras que llevan sus productos a más de 135 destinos internacionales, procedentes principalmente de cinco municipios: Silao, con un monto de 17,858 millones de dólares, que representa un 44.6% del total estatal; Celaya, con 5,511 millones de dólares, correspondientes al 13.8%; Apaseo el Grande, con 4,326 millones de dólares, equivalente al 10.8%; Salamanca, con 3,758 millones de dólares, al 9.4%, e Irapuato con 2,413 millones de dólares, al 6.0% del total.
El año pasado, las exportaciones de Guanajuato alcanzaron un total de 36 mil 315 millones de dólares, un 8.78% de incremento en relación al 2023, lo que para el gobierno del estado, no sólo significa un crecimiento económico, sino que ha impactado en la calidad de vida de 6,300 familias, según comentario de Luis Rojas Ávila, director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE).


En este primer semestre de 2025, la coordinadora ha atendido a 371 unidades de negocio, de las que el 87% son microempresas, el resto son pequeñas, medianas y grandes empresas. De las 371 que se han atendido este año, 68 son empresas con las que se trabaja por primera vez. El impulso y la inclusión de las MiPyMEs ha sido clave para el crecimiento de las exportaciones.
Para el gobierno del estado, el programa “Comercio exterior para transformar comunidades” ha llevado las Jornadas de Exportación a 26 municipios fuera del corredor industrial, promoviendo un desarrollo económico equitativo, fortaleciendo el tejido empresarial local y fomentando el autoempleo.
A la fecha han capacitado a más de mil emprendedores de Dolores Hidalgo, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y San José Iturbide, facilitándoles herramientas prácticas para exportación, logística y tratados internacionales, así como enlaces con mercados internacionales y con compradores directos. Lo que les permite proyectos ventas por 1.3 millones de dólares a mediano plazo, y 500 millones de dólares a largo plazo.


De su participación en Foodex Japón, del 11 al 14 de marzo pasado, en la que participaron 14 empresas guanajuatenses, exhibiendo productos frescos, congelados, procesados y bebidas espirituosas, esperan concretar ventas por 1.5 millones de dólares a corto plazo; 2.73 millones de dólares, a mediano plazo, y 3.5 millones de dólares a largo plazo.


LA REFORMA TAMBIÉN INVADE COMPETENCIAS


Frente a la iniciativa de morena para reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con el propósito de que el Congreso del Estado tenga mayor injerencia en la creación, modificación y extinción de los fideicomisos públicos, así como para fortalecer la transparencia, tanto el representante de la Consejería Jurídica del Estado de Guanajuato, como el del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que llevó el punto de vista del pleno, consideraron -en general- que la iniciativa invade la esfera de competencia del Poder Ejecutivo, ante la injerencia de otro poder en temas inherentes y propios de la Administración Pública Estatal y puede atentar en contra del principio de división de poderes; incluso, en opinión del tribunal, la iniciativa es inconstitucional, porque atenta contra la división de poderes e invade las funciones del Ejecutivo en cuanto a la administración de la Hacienda Pública. La función de fiscalización del Congreso está garantizada en las leyes respectivas, sólo falta ejercerla.

Vicente Vázquez Bustos.

Los puntos de vista del Ejecutivo y Judicial se expusieron en la sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, que preside Víctor Manuel Zanella Huerta, donde el representante de morena, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor reconoce que el Congreso ya tiene facultades fiscalizadoras, pero se busca que tengan mayor alcance, ya que los informes que se rinden son globales, sin disgregación, que imposibilitan un análisis serio; asimismo, la iniciativa busca que el Congreso tenga voz y voto en la creación, modificación y extinción de los fideicomisos.

Carlos Abraham Ramos Sotomayor.

La iniciativa surgió -según el morenista- a raíz de los problemas detectados con el manejo de los recursos del Fidesseg (Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato).

Isaías Arévalo Rangel.

La opinión del pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que presentó Isaías Arévalo Rangel, de entrada considera que la iniciativa es inconstitucional, porque atenta contra la división de poderes e invade funciones administrativas del Ejecutivo, a quien corresponde la administración de la Hacienda Pública, para lo cual se puede auxiliar de los fideicomisos, por diversos motivos debidamente justificados; por lo que, limitar la función inherente al Ejecutivo se considera una invasión de competencia y por lo tanto se estaría dando mayor peso al Legislativo. El aumento de las atribuciones del Legislativo, como se pretende en la iniciativa, deben darse en su ley orgánica y no en la del Ejecutivo.
“Si bien, la iniciativa expresa la intención de disminuir los riesgos de corrupción y promover que los fideicomisos funcionen bajos los principios de responsabilidad gubernamental, así como bajo las premisas de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados, este órgano jurisdiccional no considera idóneo modificar o invadir las competencias del Ejecutivo. En todo caso, lo conducente sería analizar, revisar y ejecutar las atribuciones que ya tiene el Congreso de Guanajuato”.


Por último citó que los recursos públicos transferidos a los fideicomisos sí son sujetos de fiscalización por parte del Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior, incluso aquella información que es reservada por razones de interés público y seguridad nacional.

 

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