LEGISLADORES DEBEN ANALIZAR CON DATOS Y EVIDENCIAS CADA REFORMA DEL PRESIDENTE

*De las 20, ocho afectan la competitividad: IMCO
*Financiar las pensiones implica una reforma fiscal
*Iniciarán comercialización de avión guanajuatense
*Oficializan designación de Ligia Gricelda Arce Padilla
*Sacan a la venta el Halcón II, fabricado en Celaya
*José Luis Manrique renuncia al al PAN y al gobierno

PROVOCAN INCERTIDUMBRE Y AFECTAN ESTABILIDAD

Aunque hay una baja probabilidad de que las reformas propuestas por el Presidente de la República sean aprobadas en este período sesiones, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoce que no sólo son ambiciosas en su alcance, sino que, “de llevarse a cabo, demandarían cambios institucionales profundos, incluida una reforma fiscal, que permita financiar -especialmente- la modificación al sistema de pensiones”. Advierte, que la inclusión de los temas en la agenda pública y en la agenda legislativa, provoca incertidumbre, que afecta la estabilidad económica, política y social del país; mientras que, en el marco de las elecciones, puede impactar las dinámicas y los resultados electorales.

En concreto, el IMCO analiza las implicaciones de las ocho iniciativas que impactan directamente en la competitividad del país (entendida como su capacidad de generar, atraer y retener inversiones y talento), pues “van en el sentido contrario, y podrían tener implicaciones graves para el Estado de Derecho, el bienestar de la población, la sostenibilidad de las finanzas públicas, la provisión de insumos básicos y las relaciones comerciales con países con los que ha firmado tratados”, en vez de aprovechar el cambio estructural de la relocalización de las cadenas globales de valor, a través de políticas públicas que detonen mayores niveles de desarrollo y bienestar.
En todo caso, propone que el proceso legislativo se conduzca con debates basados en datos y evidencia y con tiempo suficiente para analizar las implicaciones de cada reforma planteada.
Algunas de las implicaciones sociales, económicas e institucionales a las que se refiere, están implicadas en las propuestas de reformas al: sistema de pensiones, del salario mínimo, de educación y empleo, de la desaparición de los órganos autónomos, del poder judicial, de la político-electoral, y de las referentes al agua y la energía eléctrica.

PENSIONES VS PROVEEDURÍA DE BIENES Y SERVICIOS

 
La reforma en materia de pensiones es fiscalmente cuestionable, ya que para garantizar su sostenibilidad se requiere de la implementación de políticas públicas fiscalmente responsables, progresivas y con una perspectiva de género; sin embargo, contraviene el objetivo principal del sistema de ahorro para el retiro vigente, que fue garantizar la sostenibilidad fiscal del país.
En caso de ser aprobada, “responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más, en el país, la cual se duplicará en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en 2024 a 24.9 millones en 2050. En este momento, las pensiones representan el 22% del gasto público federal, incluyendo las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por lo que un incremento adicional “in crescendo” limitaría aún más la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios, en detrimento de distintos sectores de la población y de la competitividad del país.

REFORMA SALARIAL AL APARTADO B, LA DE MAYOR IMPACTO

La iniciativa de reforma constitucional en materia de salarios propone modificar un artículo 123 de la Constitución, que ya va en línea desde el 2015; en los últimos 10 años los incrementos al salario mínimo han sido superiores a la inflación; para el Apartado B, adiciona que ningún trabajador puede ganar menos del promedio de los trabajadores del IMSS; lo que para algunos analistas, este es el tema de mayor impacto en el presupuesto federal.
Desde el punto de vista económico -además de considerar el asunto social y personal de los salarios mínimos-, es importante considerar siempre el contexto en que se modifica. En caso de ser aprobada, “la reforma requerirá de una implementación balanceada, en la que los incrementos al Salario Mínimo (SM) tomen en cuenta, además de la inflación, factores como el crecimiento económico, la productividad, la evolución del salario medio y los costos de operación de los empleadores; de lo contrario, pueden representar un incentivo para la informalidad o un obstáculo para el crecimiento y la generación de empleos, al ejercer presión sobre los costos enfrentados por los productores”.
En un entorno de crecimiento dinámico y bajas presiones inflacionarias, los incrementos al salario mínimo pueden impulsar, no solo un aumento en el poder adquisitivo, sino una reducción en variables como la informalidad o la pobreza. Incluso con presiones inflacionarias moderadas, una senda de alto crecimiento puede compensar los aumentos y resultar en un bajo impacto sobre el entorno macroeconómico; sin embargo, en un contexto de bajo crecimiento económico y alta inflación, puede complicarse por un incremento demasiado alto en el salario mínimo, que presione los costos de los productores y les incentive a contratar a sus empleados informalmente para evitar el cumplimiento de la legislación laboral. Así, el aumento en los costos puede representar un obstáculo adicional para una recuperación económica.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

La iniciativa que busca elevar a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro adiciona el párrafo al Artículo 123, estipula que el Estado otorgue un apoyo económico mensual, equivalente al menos a un salario mínimo, a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajen ni estudien, para que se capaciten por hasta 12 meses.
Esto implica, además de la beca mensual por 7,527 pesos, el seguro médico a través del IMSS, lo que representa un 60% real de incremento anual desde 2019. “Para 2024, se le asignó un presupuesto de 24.2 mil millones de pesos, lo que representa 85% de los recursos destinados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Ramo 14). Desde el inicio del programa, se ha ejercido un total de 131 mil millones de pesos reales”. La propuesta legislativa del Presidente, de aprobarse, pondría una presión adicional en las finanzas públicas del país, sin tener información sobre cuántos jóvenes que recibieron la capacitación han logrado incorporarse al mercado laboral formal. La efectividad del programa no ha sido medido ni comprobado.
Este programa está marcado por la falta de transparencia e inconsistencia en el registro del padrón de becarios. Además, la Auditoría Superior de la Federación ha reportado irregularidades en el gasto.

DESAPARECER ÓRGANOS VS TRANSPARENCIA Y T-MEC

La propuesta para desaparecer los órganos autónomos, como el INAI, Cofece, IFT, la CRE, CNH y dos organismos descentralizados, que cuentan con autonomía, como Mejoredu y Coneval, esenciales para la efectividad gubernamental, la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, considera modificar 13 artículos constitucionales (3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123), y traspasar sus funciones a dependencias de la Administración Pública Federal.
De aprobarse la propuesta, según el análisis del IMCO, “la arquitectura institucional estaría desequilibrada, dada la concentración de las decisiones clave en el Poder Ejecutivo. La naturaleza de los órganos autónomos implica independencia técnica y financiera en su gestión; cuando ésta no existe, el cumplimiento de sus objetivos se pone en entredicho, sobre todo en la práctica”.

Especifica que la transferencia de funciones de los organismos autónomos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones, “constituye una violación a las obligaciones pactadas en el marco del T-MEC: al eliminarse la Cofece y trasladar sus funciones a la Secretaría de Economía, se incumpliría el artículo 21.1.4, que establece que cada parte debe garantizar la existencia de una autoridad de competencia, responsable de la aplicación de leyes en la materia. Aunque la Secretaría de Economía pudiera cumplir esta función reguladora, no existiría una autoridad única y competente en la materia. Asimismo, de eliminarse el IFT, se incumpliría el capítulo 18 del T-MEC, que establece las obligaciones del organismo regulador de telecomunicaciones, que debe garantizarse por cada una de las partes del Tratado”.
La eliminación del INAI implicaría un retroceso de los avances en materia de transparencia, dada la desintegración de la Plataforma Nacional de Transparencia y de los estándares homologados de publicación. En este mismo sentido, “la eliminación de Coneval y de Mejoredu, significaría la realización de evaluaciones y análisis sin la autonomía y experiencia necesarias para tener impacto en la toma de decisiones y, por ende, en la política educativa del país”.
En el caso de la CRE y la CNH, la reforma implicaría la concentración de funciones especializadas de regulación en una secretaría de Estado, cuya imparcialidad sería cuestionable, dado que entre las entidades reguladas están empresas estatales, lo que impactaría negativamente en la certidumbre jurídica y, en consecuencia, la inversión en estos sectores.

EN RIESGO LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

La reforma al Poder Judicial, constituye un atentado contra su independencia y profesionalización. La reforma propone modificar el Artículo 94 para sustituir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos organismos: uno de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial. Cambia la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a nueve integrantes y establece su funcionamiento únicamente en Pleno y ya no en Salas. El Artículo 96 establece la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los magistrados de circuito, jueces de distrito, y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de manera directa por la ciudadanía, a partir de listas conformadas por los Poderes de la Unión. Actualmente, los jueces son designados por el Consejo de la Judicatura Federal a partir de criterios objetivos, o propuestos por el poder Ejecutivo y ratificados por el Legislativo.
Estos dos cambios -de aprobarse-, según el análisis del IMCO, pondrían en riesgo la independencia del Poder Judicial, dado que la elección popular implicaría la politización de procesos que deben regirse por criterios técnicos y objetivos. “Una posible intervención directa de los partidos políticos en los perfiles de quienes tienen a su cargo la impartición de justicia tendría graves consecuencias, las cuales se acentúan en un contexto de alta impunidad, como el que atraviesa México actualmente”.
En el caso particular de la desaparición del CJF, implicaría un retroceso en materia de profesionalización del Poder Judicial.

ELECCIONES SIN COMPETENCIA E IMPARCIALIDAD

La reforma electoral planteada implicaría un cambio sustancial a las estructura, reglas y principios que rigen el sistema electoral mexicano. Incluye el Artículo 35, que propone trasladar facultades relacionadas con los derechos de la ciudadanía del Instituto Nacional Electoral (INE) al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); y se cambia de 40% a 30% la participación mínima necesaria (de la lista nominal de electores) para que los ejercicios de consulta sean vinculatorios. Además el Artículo 41, que propone el cambio del Propone el cambio del INE al INEC, en todas sus funciones, así como la elección directa de los comisionados del nuevo organismo electoral; cambiar las reglas de financiamiento a partidos, bajo el argumento de su baja credibilidad ciudadana y reducir el financiamiento del 65% al 35%, de acuerdo al cálculo de la votación obtenida, así como la desaparición de los órganos públicos locales (OPL) para que sus funciones las realice el INEC. Con la reforma a los artículos 52, 54 y 56, se propone reducir a 300 curules la Cámara de Diputados -eliminando así a los diputados plurinominales-, y a 64 escaños el Senado -eliminando así la primera minoría y los legisladores plurinominales-.

En este punto el IMCO señala que la desaparición de los OPL es coherente con los retos institucionales que enfrenta el INE; pero “los otros elementos de la reforma representan riesgos que no son triviales para la democracia del país, particularmente, la eliminación de los cargos plurinominales, reafirma el poder del grupo dominante electoralmente, lo que deja a partidos con menos representación sin voz en el espectro político. En su diseño, los plurinominales sirven para evitar que una mayoría pueda tomar decisiones sin considerar a una minoría”.
En cuanto al financiamiento a partidos, anota: “si bien, existen áreas de oportunidad en el financiamiento a partidos, la propuesta de cambio en las reglas de juego podría implicar en la práctica una mayor concentración del poder en un solo grupo y, por ende, un retroceso en la democracia del país”.

JURISDICCIÓN SANITARIA III, A CARGO PEÑALOZA

En su gira por el municipio de Romita, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, oficializó el nombramiento de la doctora Ligia Gricelda Arce Padilla, como Secretaria de Salud de Guanajuato, en sustitución del doctor Daniel Alberto Díaz Martínez.
La oficialización se realizó en el marco de la entrega de la rehabilitación del área de Tococirugía del Hospital Comunitario, donde también se amplía y remodela el área de urgencias.
En la Jurisdicción Sanitaria No. III, que dejó vacante la hoy secretaria de Salud, se quedó como encargado el licenciado Juan Peñaloza.

EXHIBICIÓN DE APERTURA DE VENTA EN, ATIZAPÁN

El próximo 17 de febrero, Horizontec, en alianza con el Clúster Aeroespacial del Bajío, realizará una exhibición y apertura de ventas, en el Aeropuerto Nacional de Atizapán, Estado de México, donde los interesados en la adquisición del avión diseñado y producido en Guanajuato, “El Halcón II”, estarán en condiciones de hacer su compra en un formato de pre order, según expuso Giovanni Angelucci, presidente de la firma Horizontec, quien informó que ya se obtuvo certificación para su comercialización.
“El avión “Halcón II” es un proyecto emblemático, diseñado y construido íntegramente en territorio guanajuatense, por un equipo talentoso, liderado por Horizontec, con el apoyo del Gobierno del Estado; es el primer avión 100% mexicano que ha obtenido la certificación de tipo”, se asienta en comunidad emitido este 6 de febrero.
Antes de obtener su certificado de tipo, el “Halcón II” ha pasado por diversos momentos decisivos, como su primer vuelo de prueba en julio de 2022, en las instalaciones del Aeropuerto de Celaya. Este avión, que combina autonomía, innovación en materiales y funcionalidad, representa un avance significativo para el sector aeronáutico nacional.
El certificado tipo es sumamente valioso para Horizontec, ya que sirve de base para la certificación de la planta de producción, que tiene su sede en Celaya, en la que participa el talento local de instituciones educativas, como el Politécnico Nacional y el CONALEP, para impulsar la innovación en el sector aeroespacial.
El “Halcón II” tiene una capacidad para volar entre 5 y 6 horas, lo que le permite llegar a cualquier punto del país.

SE VA DEL PAN POR BAJARLO DE CANDIDATURA

José Luis Manrique Hernández renunció al PAN y a su cargo en el gobierno de Diego Shnue Rodríguez Vallejo, por su anacronismo en la renovación y formación de cuadros políticos que aspiren a cargos públicos y por su resistencia al cambio generacional, además de la ligereza con la que ha tomado la democracia interna. Son puntos, que el panismo guanajuatense y nacional debería reflexionar, como apunta el ahora ex panista.