LOS MIEDOS DE ANDRÉS MANUEL… ¡ATRAPADO!

G. C. Samayoa Madrigal

Atrapado por sus miedos, prejuicios, intereses creados durante más de 18 años de campaña, por los compromisos políticos que le permitieron llegar a la presidencia del país, por los odios, por los rencores, por las frustraciones producto de sus dos derrotas previas, Andrés Manuel vive encerrado en Palacio Nacional, no para gobernar y mucho menos para respetar la Constitución y las leyes, sino para aprovechar el poder que da la primera magistratura para dar rienda suelta a sus venganzas a costa, incluso, de destruir a la patria.

Por eso no debe resultar sorprendente que un día sí y otro también arremeta contra esa prensa que jamás pudo seducir en su larguísima campaña; los empresarios que le negaron apoyo a su proyecto de apoderarse del país; a las clase medias que se desenvuelven libre y razonadamente, capaces de criticar los malos gobiernos y exigir a las autoridades sujetarse a las leyes; a los profesionistas que, por su experiencia y especialidades, se mantuvieron al margen de los devaneos del sempiterno candidato, considerándole un peligro para México.

Cada vez es más claro su sometimiento al crimen organizado: los respeta (don Joaquín), los distingue (María Consuelo), los protege (Ovidio), responde su violencia y balazos con abrazos, ordena no tocarlos ni con la punta de una bala, los compadece (son seres humanos que merecen consideraciones), les otorga absurdos méritos (buen comportamiento durante la jornada electoral).

Por lo que se refiere a la deuda política, también cada vez es más relevante su resistencia de iniciar investigaciones y procesos judiciales contra el expresidente Enrique Peña Nieto y con exservidores públicos de las pasadas administraciones. Sólo finge y lo colectiviza con otros exmandatarios, a quienes califica de neoliberales y saqueadores. Aparenta ser verdugo de exservidores públicos como Videgaray que sólo mereció 10 años de inhabilitación en el servicio público y de Emilio Lozoya Caso, al que rescató de Estado Unidos, para mantenerlo libre en México, encargándose el propio Andrés Manuel en los engendros mañaneros de entorpecer el proceso judicial…

…Pero no quiere se encubridor ni cómplice…

En lo personal dice no querer juicio para los expresidentes, arguyendo que no conviene al país sin mayor explicación, no obstante que una vez que ha denunciado los saqueos sexenales, está obligado a presentar las pruebas correspondientes y dejarlo en manos de la Fiscalía General de la República… Pero no, en un engaño más al pueblo, al estilo de Poncio Pilatos, se lava las manos y encomienda una consulta para que la ciudadanía sea la que decida si se enjuicia o no a sus antecesores, aunque la pregunta fue reformada —otro absurdo— en el seno de la Suprema Corte de Justicia, para quedar de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El pueblo no puede aceptar y esperar la realización de dicha consulta popular. A través de las organizaciones sociales puede parar esta costosísima farsa. Quienes violan las leyes tienen que ser sometidos a procesos judiciales, no hay vuelta de hoja. Esto no lo decide ni el presidente ni los ciudadanos. Así que toca a las asociaciones, OSC, ONG, Cámaras, Confederaciones, Consejos, Colegios y demás organismos que representan a la sociedad civil, celebrar urgentemente de manera extraordinaria asambleas, sesiones o reuniones de trabajo —según lo establezcan sus respectivos estatutos— con un solo punto de acuerdo: pedir, exigir, ordenar la cancelación de la mencionada encuesta, por absurda, inútil y costosa.

No es necesario recolectar firmas de los afiliados o asociados, baste con que el notario público de fe del acuerdo que se tome, para que con sólo la firma del presidente—en algunos casos estatutarios acompañada por la del secretario—para acreditar la determinación de todos los miembros de cada uno de estos organismos.

El acuerdo tiene que expresarse en un oficio que dirigirán al Presidente de la República, al Congreso de la Unión (Diputados y Senadores), al Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia), al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía General de la República (FGR). Este escrito deberá entregarse en la oficialía de partes de cada una de esas dependencias, en donde se registra y se sella oficialmente su recepción, lo que obliga a dichas autoridades atender y dar respuesta puntual.

Un oficio conciso y claro:

Exigir a las autoridades cancelar la consulta popular.

Desautorizar a las autoridades el gasto de 500 millones de pesos que anuncian destinar a dicho proceso de consulta.

Exigir al Presidente abstenerse de tomarse atribuciones que no le otorga la ley.

Solicitar a la FGR atienda la denuncia pública repetida por el Jefe del Ejecutivo en diversas conferencias de prensa matutinas, en varias de ellas asegurando tener las pruebas, algunas de las cuales ya en el pasado reciente había presentado mediante querella.

El pueblo es el soberano y es el que manda, certifica la Constitución. Dicho oficio debe tener una respuesta de todas las autoridades mencionadas en un plazo aproximado de 15 días. Si se empeñan en la burla, podrían enfrentar demandas… hasta cabría presumirse encubrimientos y/o complicidades, entre otras.

La ciudadanía tiene la palabra para evitar un despilfarro, tremendo engaño y desafío a la ley.