By *Analizan posible conflicto de constitucionalidad
*Fiesta de Mi Nueva Catedral, refuerza unidad
*Crisis hídrica requiere atender infraestructura
LEY GENERAL RESTRINGE COMPETENCIA
Aunque hay coincidencias en la necesidad urgente de atender el problema social de la desaparición y reclutamiento de las niñas, niños y adolescentes y de tipificar estas actividades delictuosas, como un delito grave, autónomo e imprescriptible, a fin de que la fuerza punitiva del Estado incida en todas aquellas conductas de personas y grupos criminales que recluten o coaccionen a menores, garantizando el más alto nivel de protección, primordialmente cuando está en juego la vida, la seguridad y el desarrollo de la niñez, se consideró conveniente verificar bien si no se invade la esfera de competencia del legislador federal y ponderar posibles vicios de inconstitucionalidad, ya que la Ley General de Trata de Personas establece entre diversos delitos, el reclutamiento de menores de 18 años, con fines de explotación; pero aún, cuando la ley se creó buscando sancionar todos los eslabones delictivos, previos y durante la comisión de un delito, en el Artículo 10 de la ley federal, hay vacíos, que es necesario atender; sin embargo, también en el transitorio de esta ley deroga todos lo previsto en los códigos penales de los estados, asumiéndose como única esfera de competencia en materia legislativa.
En mesa de trabajo convocada por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, este miércoles 18 de marzo, se trabajó en el análisis de la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, con el fin de tipificar como delito grave, autónomo e imprescriptible, el reclutamiento y utilización forzada de niñas, niños y adolescentes por parte de personas y grupos delictivos, a fin de agravar las sanciones para quienes cometan estos actos.
La iniciativa de reforma al Código Penal fue presentada por el grupo parlamentario del PAN y la representación partidista del PRD, según la exposición de la diputada Susana Bermúdez Cano, al presentar el contexto, el propósito de la iniciativa y alcances de la propuesta, destacando como objetivo principal: privilegiar el principio de interés superior de la niñez.
En opinión de los participantes, se advierte que, la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, pudiera incurrir en vicio de inconstitucionalidad, dadas las disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y de la Ley para la Protección y Asistencia a las Víctimas, como lo planteó la representante de la Fiscalía General local, Elizabeth Durán, quien sugirió, en vez de la reforma local, ponderar el impulsar una propuesta de reforma integral a la ley federal, para ajustar los supuestos de sanción del reclutamiento forzado de menores, donde, igualmente, se aborde, expresamente, el reclutamiento forzado de personas mayores de edad, entre otros supuestos.
El tema es trascendente, preocupa a toda la sociedad y debe abordarse, pero hay que incidir en la ley general, porque trae vacíos y genera supuestos que no están contenidos; por lo que se debe pugnar por una reforma integral.
En representación de la procuradora de los Derechos Humanos, Luis Alberto Estrella Ortega reconoció la sensibilidad de los legisladores y coincidió en que actualmente se describe parcialmente la conducta en el Código Penal estatal, pero no alcanza a tener la gravedad de un tipo penal autónomo e imprescriptible, así como tampoco su incorporación al catálogo de delitos graves; pero solicitó valorar cuidadosamente si el delito, que se pretende incorporar, no encuadra con lo que ya establece la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas.
El representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal, Vicente Vázquez Bustos, consideró viable la conformación de ese nuevo tipo penal, ya que busca atender el fenómeno en la línea de la atención prioritaria a ese sector, estimando que hay libertad de configuración normativa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El Poder Judicial, en respuesta por escrito a la consulta del Poder Legislativo, expuso que el tema se ha documentado, como un fenómeno real, desde hace más de 15 años; además del sustento estadístico, que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI9, que colocan a seis municipios de Guanajuato con la más alta incidencia; además, lo diferenció de los delitos de trata de personas y corrupción de menores, entre otros, desde la experiencia de la aplicación de justica.
Los puntos de vista expuestos en la mesa de trabajo que coordinó el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, presidente de la Comisión Justicia, serán analizados para definir la forma de hacer transitar la iniciativa, en un contexto de violencia exacerbado en todo el país, donde la desaparición de personas, menores, adolescentes y adultos, se ha estado normalizando.
ESPERAN CONGREGAR MÁS 4,000 FELIGRESES
La Comisión para la construcción de Mi Nueva Catedral, de la Diócesis de Celaya, organiza la segunda Fiesta Diocesana de Mi Nueva Catedral, para el 31 de mayo, convocando a las 90 parroquias y a los grupos de pastoral, así como a la población en general, a participar en este evento, que tiene como finalidad reforzar la unidad de la diócesis en torno a este símbolo religioso, que se ha ido posicionándose como tal, aún cuando está en proceso de construcción.
El padre Carlos Sandoval Rangel, coordinador diocesano de las obras de construcción, comentó que la segunda Fiesta de Mi Nueva Catedral iniciará a las 8:00 horas, del día 31 de mayo, con la llegada de las peregrinaciones de cada parroquia y la celebración de la Eucaristía, a las 9:00 horas.
Después de la misa hay tiempo para la convivencia y para conocer los avances de las obras, tanto de la catedral, como de las obras de los edificios anexos, destinados a la operación de los servicios de pastoral y asistencia social.
A las 12:00 horas habrá una segunda Celebración Eucarística, seguida de otro espacio de convivencia, para la comida y despedida de los grupos.
El año pasado, en la primera Fiesta de Mi Nueva Catedral, se reunieron más de tres mil personas; este año, esperan más de cuatro mil.
CONAGUA: 70% A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. presentó un estudio sobre la crisis hídrica del país, debido a la disponibilidad crítica que presentan el 13.7% de las cuencas y a la reducción de la inversión presupuestaria, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que cayó del 0.2% al 0.1% del PIB entre 2013 y 2026; sin embargo, observa un cambio de paradigma en la gestión, de acuerdo a la propuesta del Plan Nacional Hídrico (PNH) 2024-2030, derivado del Plan México y del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que busca elevar el agua a rango de prioridad de seguridad nacional y garantizar el derecho humano a su acceso, lo que implica un cambio en la política de inversión de la Conagua, destinando el 70% de su presupuesto a obras de infraestructura, siempre y cuando se enfoquen en mejorar la infraestructura y se garantice una ejecución adecuada y transparente.
Aunque la propuesta del Plan México propone invertir 186 mil 567 millones de pesos entre 2025 y 2030, equivalente al 0.08 % del PIB anual y muy lejos del 1.3 % del PIB recomendado internacionalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para infraestructura hídrica en América Latina, se observa un cambio en la composición del gasto al interior de la Conagua: alrededor del 70% del presupuesto se destinará a inversión, para mejorar la infraestructura.
De acuerdo a la situación en que se encuentra la infraestructura, se estima que se pierde en fugas hasta el 50% del agua. por lo que el estudio recomienda priorizar el sector hídrico dentro de la política fiscal, asegurar la correcta ejecución de los proyectos, implementar indicadores de resultados que midan el impacto real en el acceso y seguridad hídrica de las familias y empresas.
Para garantizar el derecho humano al agua y como motor esencial para la productividad económica, se requiere de un sustento económico sólido: que el gasto operativo sea suficiente para mantener la nueva infraestructura y reducir el 50% de pérdidas por fugas detectadas en el diagnóstico. “El reto está en alcanzar una modernización tecnológica que reduzca los costos operativos futuros, permitiendo una gestión hídrica fiscalmente sostenible”.
La apuesta central, recae en la modernización de 240 mil hectáreas de riego, con una inversión federal de 36 mil 148 millones de pesos, con un estándar de eficiencia de 150 mil 619 pesos por hectárea tecnificada. La recuperación de caudales en el sector agrícola es el mecanismo más rentable para liberar agua hacia el consumo humano.
En conclusión, el estudio especifica que, para alcanzar los objetivos de soberanía hídrica del Plan Nacional Hidráulico (PNH), se requiere optimizar el gasto existente y permitir contar con una infraestructura que responda a la crisis de disponibilidad que enfrenta el país; la política pública debe enfocarse en la ejecución de obra física, así como en adoptar criterios de resiliencia climática que protejan la inversión frente a sequías extremas.
Ver el estudio aquí: https://ciep.mx/LrcD