NO AUTORIZAN A FIDESSEG RECURSOS PARA LIQUIDAR A 42 TRABAJADORES
*La responsabilidad laboral es compartida
*Había comité técnico y reglas de operación
*Prevé Hacienda aumentar recaudación en 3.0%
*Estados deben buscar mayor ingreso propio
*Proyectos sociales 835.7 mmdp, de inversión 189.0 mmdp
HAY RECURSO DISPONIBLE EN RUBRO DE SALARIOS
Juan Carlos Usabiaga del Moral.
La Fundación Empresarial Guanajuato (FE-GTO) y la Fundación Actuando por Guanajuato, que administraban el recurso aportado por empresarios para apoyar a la Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a través del FIDESSEG, extinguido por el gobierno del estado, enfrentan el problema de la liquidación del personal administrativo y técnico especializado, que trabaja para las dos fundaciones, porque no han querido autorizar el cambio de la asignación del recurso destinado a sueldos -garantizados hasta para marzo de 2025- para aplicarlos en los finiquitos de los 42 trabajadores, lo que implica una obligación legal, tanto para las fundaciones como el gobierno, pues todo se aprobó a través el comité técnico, en el que participaban funcionarios estatales, en base a las reglas de operación que les pusieron; incluso, parte del personal fue asignado directamente por gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
A este respecto, Juan Carlos Usabiaga del Moral, presidente de la Fundación Actuando por Guanajuato, explica que la negativa para autorizar el cambio de la asignación de sueldos a liquidaciones, no implica una erogación extra a lo que ya se tiene aprobado para salarios hasta marzo de 2025, que representa una cantidad superior a los ocho millones que se requieren para los finiquitos; sino más bien, se debe a falta de sensibilidad, frente a los trabajadores, que nada tienen que ver con los motivos de la extensión del fideicomiso; contrario a la sensibilidad que se tuvo con el problema de los descuentos de impuestos a los maestros, a quienes se autorizaron 40 millones de pesos, que se sacaron de alguna parte para apoyarlos, sin haber recursos para ello.
Tampoco es un asunto que deban resolver las fundaciones, como lo ha señalado la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Todo el proyecto, objetivos, programas y operación, se hizo de manera concertada entre empresarios y gobierno del estado; fue el gobierno el que puso las reglas de operación. Lo que aprobó el comité técnico, como las plazas administrativas y técnicas, así como la asignación del recurso para ello, estuvo apegado a la legalidad, tratándose de un recurso, que los empresarios decidieron aportar para apoyar a las OSC de Guanajuato, con el fin de contribuir al rescate y restablecimiento del tejido social y al fortalecimiento de la seguridad pública, sin pretensiones partidistas, como se había comprometido la gobernadora cuando era candidata en reunión que tuvo con el empresariado guanajuatenses.
Hay apoyos que el gobierno del estado no hubiera podido realizar sin estos recursos, como el asignado a una propuesta que presentó la Cruz Roja estatal, junto con las delegaciones de los municipios de Guanajuato, para adquirir 438 unidades, por un monto de 116 millones de pesos, que se había autorizado; lamentablemente, ya no se va a realizar, porque con los cambios que están haciendo desde la Secretaría del Nuevo Comienzo, ya les avisaron que sólo van a poder disponer de siete millones de pesos.
Además, aunque el fideicomiso está liquidado y ya se transfirieron los recursos a la Secretaría de Finanzas, no pueden retirarse, porque recibieron la orden de no hacerlo hasta que termine la auditoría.
DEUDA PÚBLICA POR 3.0% DEL PIB PARA 2025
El Paquete Económico 2025, presentado este viernes 15 de noviembre por gobierno federal de Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda, a la Cámara de Diputados, prevé un crecimiento optimista del 2.0% y del 3.0%, en comparación al 1.0% de la encuesta de Citibanamex, del pasado 5 de noviembre, y del consenso general de analistas, que anda por el mismo porcentaje. Además, prevé un endeudamiento de más del 3.0% del Producto Interno Bruto (PIB), mayor al calculado en abril pasado, pero menor al esperado para el cierre de 2024. La consolidación fiscal iniciará en el 2025, a través de captar mayores ingresos presupuestarios no petroleros y una disminución del gasto programable en: salud, educación y seguridad pública; con estas medidas, se espera que el balance primario sea positivo, lo que significa que la diferencia entre gastos e ingresos será positiva antes de contabilizar el pago de intereses por la deuda.
En un primer análisis, somero, que presenta “México, ¿cómo vamos?”, sobre el paquete económico, incluye información de los tres documentos clave:
Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE),
La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), y
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).
Rogelio Ramírez de la O.
En cuanto a los ingresos, para 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Rogelio Ramírez de la O, esperan captar 9,302 billones de pesos de acuerdo a la ILIF, lo que representa un incremento en la recaudación del 3.0%, con respecto a 2024: un 54% provendría del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y un 28% del impuesto al consumo (IVA); sin embargo, para que ello ocurra, se requiere -dicen los analistas- que el crecimiento económico sea sostenido y con tasas superiores al 1.0% y 1.3% estimado por Citibanamex y por el Fondo Monetario Internacional (FMI), respectivamente, de acuerdo a sus últimas publicaciones.
Con respecto al endeudamiento y saldo de la deuda: primero, establece un endeudamiento neto del gobierno federal por 1,576 billones de pesos para 2025, lo que representa una reducción del 17% con respecto a la Ley de Ingresos para 2024, que puede tener consecuencias en la calidad de los servicios públicos básicos, en detrimento de la población más vulnerable; segundo, la estimación del saldo de la deuda, como porcentaje del PIB, se mantiene en 51.4% PIB, tal como estima la SHCP para el cierre de 2024.
De acuerdo a la información de los documentos del Paquete Económico 2024, resumida por “México, ¿cómo vamos?”, el gasto total para 2025, se estima en 9,226.2 miles de millones de pesos, equivalente al 25.5% del PIB, lo que se destina, prioritariamente, a programas sociales, por un monto de 835 mil 705 millones de pesos; casi el 60% del presupuesto de los programas prioritarios sociales se destinan a las personas adultas mayores (pensión para Adultos Mayores y Apoyo a Mujeres de 60 a 65 años); mientras que, sólo el 22% de este presupuesto va a programas de las infancias, adolescencias y juventudes.
Para los programas prioritarios de inversión, le están destinando 189 mil millones de pesos, de los cuales, el 79% se dedicará a trenes, y únicamente 10.5% a obras hidráulicas.
