//OPINIÓN:// BASURERO POLÍTICO

G. C. Samayoa Madrigal

¿Cambio? ¿Transformación? ¿Nuevo régimen, o cuando menos diferente? ¡No! La triste realidad es que el pueblo sigue padeciendo el desdén de los políticos.

Nuevamente la esperanza es acribillada, pues el «bueno por conocer», que reunió el voto mayoritario en el 18, resultó igual y quizá peor al «malo conocido», castigado con el sufragio en contra.

¿México es un nuevo país a partir del 1 de diciembre del 18? ¡No! Lamentablemente la clase política lo mantiene sujeto a sus caprichos, a sus intereses y las ambiciosas aspiraciones por permanecer en el poder y acrecentar sus «solvencias» económicas —futurismo, pues—… ¿La sociedad? Sigue igual: ¡abandonada!, ¡utilizada!, ¡engañada!

Sean neoliberales, conservadores, social demócratas, de izquierda, de derecha, del centro, la ruta y meta de los políticos no varía, todos pretenden lo mismo: poder, dinero y permanencia. ¿La gente? ¡Qué aguante callada y se conforme con las limosnas lastimeras que les arrojan sus «representantes»!

Así, el pueblo se mantiene en la misma condición sufrida por décadas: ¡es reo de la clase política gobernante!

A tres años de la mayúscula decepción, se agotaron las opciones que proponen los partidos, pues siguen resultando adversas a los mexicanos. Se trata de auténticas mafias y perversos capos —permítase la comparación—, que materialmente trafican con el poder que adquirieron por el voto popular.

En campaña electoral se acercan al pueblo, dialogan —bueno, no todos— y prometen hasta lo inalcanzable. Echan mano de habilidades actorales —como de telenovela barata— «solidarizándose» con las penas, los sufrimientos, la desconfianza, el desconsuelo, la irritación, la impotencia, la desesperación, el coraje de la gente. Frases como «comparto tu sentimiento», «al igual que tú padezco las adversidades», «conmigo, no sucederá, no se repetirá», «te voy a representar», «seré tu voz en el congreso», «mis puertas estarán abiertas», «defenderé los intereses de la comunidad», «nada ni nadie por encima de la ley», «el pueblo es el soberano»… y, así, muchas más.

Pero a la hora de obtener el triunfo, recibir el documento que lo confirma y asumir la función concedida por el pueblo, caen las máscaras y se apartan del compromiso constitucional, para velar por los intereses personales y de las mafias partidarias a las que pertenezcan o pudieran pertenecer producto del famoso «saltimbanqui».

¿Compromiso constitucional? Reconocer que “la soberanía nacional —artículo 39— reside esencial y originariamente en el pueblo” y que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”, advirtiendo que “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Además, asumir la responsabilidad que instruye el artículo 41 en el sentido de que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión [ejecutivo, legislativo y judicial], en los casos de la competencia de éstos…”

Los preceptos constitucionales otorgan al pueblo el derecho —el poder— de poner y quitar servidores públicos.

Hay que insistir: los candidatos deben el triunfo al elector —la ciudadanía—, no al partido político que sólo sirve de plataforma. Más aún, una vez asumido el cargo el servidor público obligadamente debe despojarse de compromiso y militancia partidaria, pues su deber legal es dedicar tiempo completo a la atención ciudadana: escuchar su voz, recoger sus reclamos, solucionar sus inquietudes, vigilar que no le falten los servicios a que tiene derecho, garantizar su mejor vivir.

Por ello resulta tan lamentable como ignominioso el desprecio sufrido por una ciudadana, madre de familia, que se hincó en el palacio legislativo de San Lázaro para suplicar la ayuda de la diputada Merary Villegas de Morena, que intervenga para resolver el problema del desabasto de medicamentos que está costando la vida de niños que padecen cáncer… su hijo, de apenas 14 años, es uno de los afectados y la mujer lucha por salvarle la vida.

Merary, quien en campaña por la reelección en el distrito 7 de Sinaloa reconoció que “ahora se tiene una ciudadanía más participativa, despierta y crítica”, montó en cólera por la súplica de la desvalida mujer y optó por cantinflear, darle la espalda y hacer la “graciosa huida”. Es la misma legisladora que como candidata recomendó razonar bien el voto, ejercerlo en forma responsable y evaluar a cada candidato. Consejos desafortunados cuando como representante del pueblo “se da el lujo” de despreciar al pueblo.

Es urgente tomar conciencia que los legisladores están al servicio de la sociedad y que ésta no debe suplicar, sino exigirles que cumplan con su obligación constitucional, de preferencia hacerlo por escrito y esperar la respuesta para reservarse el derecho de actuar conforme a lo que las leyes dispongan. Podría costarles “la chamba”, la inhabilitación en el servicio público y, más allá, el juicio político. Sólo se necesita organización, fuerza, unidad y decisión ciudadana.

También resulta ignominiosa la actitud del líder priista Alejandro Moreno, conocido como «Alito», capaz de comprometer el voto de su bancada a los caprichos presidenciales con tal de evitar —según se dice— ser sometido a investigación por supuestas irregularidades cometidas en su natal Campeche, entidad de la cual fue gobernador. Hay quienes piensan que hasta podría terminar en la cárcel

Basten estos dos ejemplos —aunque son muchos más, y no sólo en el recinto legislativo— para confirmar que las distintas áreas de gobierno sí han sido «transformadas“, pero en auténticos basureros políticos.

La ciudadanía, constitucional y legalmente, puede y debe ser vigilante del proceder de los servidores públicos, desde el presidente del país hasta el más modesto empleado, quienes tienen que sujetar sus funciones tan sólo a lo que las leyes les permiten, pues de lo contrario habrían de enfrentar sanciones y hasta perder el trabajo.

La revocación es aplicable a todos los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión, que son los obligados representantes del pueblo.

Por lo pronto está próximo el proceso de Revocación de Mandato del Presidente, en el que la fuerza ciudadana deberá demostrar si le preocupa salvar al país, que sería el punto de partida para limpiar el basurero político.