By *Presentan informe: Buenas Prácticas y Desafíos
*México tiene capacidad para actuar con diligencia
*Las buenas prácticas deben se adoptadas por todos
*Emite el ACNUDH 16 recomendaciones a México
*Guanajuato abierto al escrutinio internacional
PRESENTAN INFORME EL ACNUDH
Es preocupante confirmar que en México persisten elevados niveles de impunidad en casos de amenazas, secuestros y asesinatos en contra de personas defensoras de los derechos humanos y contra periodistas; en la mayoría de los casos analizados -nueve de las 138 denunciados entre 2019 y 2023- (376 de 2015 a 2025), se detectó falta de priorización y agotamiento de líneas de investigación, falta de recursos y de voluntad política; aunque también hubo casos en los que se consideró a la víctima, a sus familiares o colegas como fuentes principales de información, lo que permitió fortalecer las líneas de investigación y se favoreció, de manera determinante, el esclarecimiento de los hechos.
De acuerdo al informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, presentado en Guanajuato por el oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, Ricardo Jorge de Sousa Cancela Neves, en el marco de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos, destaca: “en México existe capacidad, tanto de la Fiscalía General de la República (FGR), como de las fiscalías estatales, para realizar investigaciones conforme a los principios generales de debida diligencia; pero no siempre se conjugan los recursos, la competencia y la voluntad necesarias para cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar estos delitos. El problema es que cuando hay impunidad, se favorece la repetición”.
El Informe se presentó este martes 3 de febrero de 2026 en el Complejo de la Fiscalía General del Estado, en presencia de los titulares de los tres poderes, funcionarios estatales y sociedad civil; en él se especifica que la investigación, judicialización y sanción de estos delitos es una obligación, que el Estados Mexicano debe cumplir diligentemente, de acuerdo a su compromiso con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por México), para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.
Aclara que, el informe es un insumo técnico para fortalecer las actuaciones de operadores de justicia y tomadores de decisiones, como parte de una estrategia amplia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En él, se muestra el resultado del análisis profundo de nueve casos, considerados representativos, de un universo de 138 personas que denunciaron ser víctimas de estos delitos, entre 20219 a 2023. Para su investigación se utilizó como fuente primaria de información las más de 4,000 fojas de las carpetas de investigación a las que se tuvo acceso, así como entrevistas directas con víctimas, familiares o compañeros de las víctimas.
Aunque ninguna de los casos seleccionados y analizados en la muestra corresponde a hechos ocurridos en Guanajuato, las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en la investigación -basada en una metodología científica con criterios internacionales, que considera 88 indicadores, agrupados en tres ejes: garantías de acceso a la justicia, técnicas de investigación criminal y elementos transversales-, se identifican buenas prácticas y retos en las investigaciones, que han producido buenos resultados, pero que no siempre son adoptadas por los operadores de justicia del país, a pesar de que pueden ser replicables en otros casos y así contribuir a la lucha contra la impunidad.
En términos generales, el informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, con el acompañamiento de la Unión Europea, que documentó, al menos: 41 asesinatos de periodistas, seis de trabajadores de medios y 90 de personas defensoras en posible relación con su labor, además de 13 desapariciones (ocho personas defensoras y cinco periodistas), presenta 16 recomendaciones concretas a las 33 fiscalías del país y ofrece su disponibilidad para brindar asistencia técnica para su fortalecimiento.
RECOMENDACIONES A CINCO AÑOS
Tomar medidas para fortalecer las capacidades del Estado mexicano para investigar las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo, debe ser una prioridad de su proceso de fortalecimiento democrático. No hacerlo implica que la violencia reiterada no cesará, lo que afecta directamente el goce de los derechos humanos para todas y todos. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomienda al Gobierno de México adoptar e implementar las siguientes acciones en el plazo de cinco años:
a. Incluir como obligación específica, cuando la víctima ejerce o ejercía labor de defensa de derechos humanos o periodismo, la consideración y el agotamiento de una línea de investigación relacionada con los intereses que podrían verse afectados por dicha labor.
b. Promover entre los funcionarios de las fiscalías una sólida comprensión respecto del rol social de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, particularmente asegurando que sean registradas como tal desde la presentación de la denuncia.
c. Formar al personal de las fiscalías sobre el efecto inhibitorio provocado por los delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y el costo para la sociedad en su conjunto. Promover además que la rendición de cuentas y el derecho a la verdad sean orientados no solamente como un derecho individual, sino también como un derecho colectivo, incluso en los casos resueltos a través de mecanismos alternativos de solución de controversias y procedimientos abreviados.
d. Asegurar la publicación de indicadores de desempeño por parte de las fiscalías a través de un informe anual nacional sobre los casos en investigación, las acusaciones y las sentencias u otras salidas procesales por los delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas, que permita que los datos desglosados sean analizados a nivel nacional para orientar políticas públicas integrales con un enfoque preventivo. Este informe debe servir para que el Estado mexicano reporte en el marco del indicador 16.10.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
e. Seguir reforzando las medidas destinadas a aumentar la capacidad del funcionariado de las fiscalías para actuar con perspectiva de género, intercultural e interseccional en casos de delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas. Establecer la obligación de que en casos de delitos cometidos contra mujeres periodistas y defensoras se consideren líneas de investigación que contemplen motivos o formas de comisión del delito vinculadas a razones de género.
f. Establecer, en línea con lo establecido en el Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, para casos de homicidio, tortura o desaparición de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la obligación para el agente del MP de solicitar la realización de un análisis de contexto mandatorio.
g. Priorizar la judicialización y resolución de las investigaciones por amenazas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Asimismo, elaborar y distribuir herramientas que fortalezcan las capacidades para investigarlo, entre ellas: i. Un manual sobre la realización del análisis jurídico correspondiente; ii. Un protocolo de investigación especializado.
h. Adoptar lineamientos de actuación para casos en los que existan indicios o señalamientos de participación de funcionarios públicos en la comisión de los delitos denunciados.
i. Determinar criterios de priorización para aplicar la facultad de atracción por parte de la FGR, cuando la ley lo permita. Cuando no se atraigan los casos, considerar en virtud de la especialización de la FGR, la adopción de un rol de colaboración y coadyuvancia a las investigaciones del fuero local.
j. Dotar a las fiscalías de los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar que las investigaciones de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas se realizan conforme a los principios generales de debida diligencia.
k. Retomar los trabajos para la construcción de un protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, a través de consultas con las y los operadores de justicia que lo implementarán, y con la participación de sociedad civil.
l. Promover un proceso de evaluación de la implementación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
m. Garantizar la participación de sobrevivientes y familiares de las víctimas en las investigaciones y, particularmente, brindar información sobre los avances de éstas y facilitar el acceso pleno a la carpeta de investigación. Además: I. Asegurar que el derecho a asesoría jurídica sea efectivo de manera inmediata cada vez que se abra una carpeta de investigación por un delito cometido en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas: II. Referenciar inmediatamente a las víctimas con la institución
de atención a víctimas correspondiente e informarles sobre sus derechos; III. Facilitar la posibilidad de las víctimas y familiares para solicitar actos de investigación; iv. Registrar constancia de reuniones con las víctimas y los acuerdos derivados de las mismas.
n. Evaluar inmediatamente tras la presentación de la denuncia la necesidad de protección a las víctimas y, en su caso, otorgar las medidas pertinentes y dar seguimiento a su implementación adecuada. Para ello adoptar protocolos o lineamientos de coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas e instituciones locales.
o. Implementar un programa sistemático de formación teóricopráctico, especializado sobre delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas, para agentes del MP, policías de investigación y peritos, y asegurar su participación, así como la evaluación subsecuente. Dentro del contenido programático incluir ejemplos prácticos, entre otros:
I. La elaboración de plan de investigación, hipótesis y teoría del caso;
II. La búsqueda de información en fuentes abiertas y como resguardar los resultados;
III. La solicitud, elaboración e interpretación de análisis de contexto;
IV. La elaboración y utilización de herramientas tales como mapeo de actores, geolocalizaciones y cronologías y;
V. La elaboración de solicitudes al órgano jurisdiccional de autorización para actos de investigación y demás actuaciones que por Ley requieren autorización judicial.
p. Identificar y compartir buenas prácticas de las fiscalías en el desarrollo de investigaciones sobre delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Considerar hacerlo a través de recopilaciones por tipo de delito.
GUANAJUATO IMPULSA ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Durante la presentación del informe en Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció que la justicia se fortalece con apertura, humildad y cooperación, a la vez que aseguró que el gobierno estatal impulsa estándares internacionales en la investigación de delitos contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, así como a fortalecer los protocolos de evaluación de riesgo, acompañamiento jurídico y preservación del lugar de los hechos, en coordinación interinstitucional. Citó que en el último año se activaron 87 medidas de protección para salvaguardar la integridad de periodistas y personas defensoras, en situación de vulnerabilidad.
Desde el Auditorio “José María Morelos y Pavón”, en el Complejo de la Fiscalía General del Estado, la Gobernadora destacó que todos los procesos de investigación, permiten identificar áreas de oportunidad, para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de quienes defienden derechos e informan a la sociedad.
Guanajuato está dispuesto a dialogar con organismos multilaterales y fortalecer sus capacidades institucionales, a través de la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobierno y el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para actuar en consecuencia, acompañando de manera empática, con toda la estructura que tenemos en esta administración, a la víctimas y sus familias para garantizar su seguridad.
El gobierno del estado, el el último año, extendió medidas de protección a 50 personas: 34 son periodistas y 16 personas defensoras, además de activar 87 acciones proporcionales al nivel de riesgo, con el objetivo de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de sus derechos.
Destacó las acciones de capacitación, impulsadas en coordinación con la ACNUDH, que han alcanzado a integrantes del Consejo Estatal de Protección, al Grupo Especial de la Secretaría de Seguridad y Paz, y a personal de áreas de comunicación social de 10 dependencias estatales, para fortalecer la libertad de expresión y evitar la revictimización.
Asimismo invitó a los periodistas, personas defensoras, instituciones y sociedad en general, para hacer de este informe un estándar de actuación y un compromiso compartido.
En el evento participaron: Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del Estado de Guanajuato; Ricardo Jorge de Sousa Cancela Neves, oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; Angélica Casillas Martínez, diputada y presidenta del Congreso del Estado; magistrada Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; Maia Campbell, en representación de Humberto Henderson, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; Jaime Fernández Rúa, en representación de Francisco André, embajador de la Unión Europea en México; Karla Gabriela Alcaraz Olvera, procuradora de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato; Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato; así como integrantes del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, y Periodistas, integrantes de colectivos de búsqueda de personas, estudiantes y medios de comunicación.