By *El ahorro no justifica el atentado
*PAN anunciará estrategia política
*Municipios: autonomía presupuestal
*Municipios buscan evitar injerencias
EL FONDO: PONER LA REVOCACIÓN EN 2027
Aunque el fondo del Plan B de la reforma electoral es adelantar la Revocación de Mandato del cuarto año de la administración, como está previsto en la constitución, al tercero, a fin de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechando la preferencia en encuestas, pueda reforzar las campañas de morena en 2027, frente al deterioro que enfrenta el partido gobernante; aunque, también lleva una intención revanchista, pero ahora, contra los gobiernos estatales, municipales, atentando contra el principio de autonomía, así como contra las instituciones electorales, federal y locales. El gobierno federal y Morena, en vez de construir un sistema electoral que garantice mayor participación ciudadana, reglas claras, equidad en la contienda y resultados confiables, lo que buscan es afianzarse en el poder y polarizar al país.
Apenas se presentó la propuesta del Plan B, de la Reforma Electoral, en el Senado de la República, donde fue recibida por la presidenta Laura Itzel Castillo Juárez, este martes 17 de marzo, cuando surgieron de inmediato los posicionamientos de los grupos parlamentarios, partidos políticos, analistas, académicos y grupos sociales.
De acuerdo a la postura oficial, se dice que el objetivo principal “es acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia… las personas servidoras públicas no deben tener ventajas a costa del presupuesto”. Los ahorros -dice- deben ser destinados a quienes más lo necesitan.
Asimismo, pretende fortalecer la democracia directa, a través de la revocación de mandato; aunque la propuesta no dice que se va a adelantar la revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum, será tema de las leyes secundarias, citan expertos.
Se propone modificar el artículo 134 de la Constitución para prever que todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México, ajusten sus remuneraciones a los límites que se establecen en el artículo 127 de la propia Constitución. Que nadie gane más que la Presidenta -aunque la Presidenta tiene una partida privada, de la cual dispone a discreción-; lo que tampoco, justifica los altos sueldos para algunos funcionarios; pero el rasero tiene un uso más político, que de austeridad genuina.
En conferencia de prensa, el Partido Acción Nacional, en Guanajuato, aún sin conocer la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de Morena, pero por lo que se había adelantado en la Mañanera, expuso, en voz de Miguel Salim Alle, coordinador de los diputados federales del PAN, que la propuesta es un atentado contra autonomía, al pretender meter en una camisa de fuerza a los estados y municipios con realidades totalmente distintas. La composición de cada estado y municipio depende de cada entidad, en base a la autonomía que le otorga la constitución y el pacto del federalismo.
La pretendida austeridad, bajo la cual se argumenta la reforma, pretende alcanzar un ahorro de 4,000 millones de pesos, apenas representa el 0.035% del presupuesto federal, cuando el Guachicol Fiscal, que no han querido investigar, representa más 600 mil millones de pesos -ahí sí, las austeridad tendría relevancia.
Si la reforma electoral fue una propuesta chafa, la del Plan B, es falsa, porque más que reforma electoral, una es reforma administrativa en contra de estados y municipios.
ANUNCIO ESTRATÉGICO DEL PAN
Este 21 de marzo, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunciará una nueva decisión estratégica, que marcará una nueva etapa del PAN a nivel nacional, que consiste en una nueva propuesta de renovación política y organizativa, de acuerdo a su proceso de relanzamiento iniciado en octubre de 2025. Es una de las decisiones más importantes que se han tomado en las últimas dos décadas: volver a sus principios y trabajar por México.
Según la senadora y secretaria general del CEN del PAN, Michel González, en el contexto de inseguridad del país, el debilitamiento de los organismos institucionales, la corrupción del grupo gobernante a nivel federal y todas las señales de preocupación que se perciben en la sociedad, como la concentración del poder -del autoritarismo-, el Partido Acción Nacional tiene claro que México necesita una oposición firme, responsable y con principios, y el PAN está listo para asumir ese reto.
REFORMAS A LEY DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Durante la rueda de prensa del Comité Directivo Estatal del PAN, que preside Aldo Iván Márquez Becerra, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Arturo Espadas Galván, adelantó que trabajan con los alcaldes, síndicos y regidores panistas, en una revisión de la Ley de Administración Municipal, de acuerdo a su experiencia, después de un año de su aplicación.
El proceso interno, contempla concluir con un foro interno, donde se expondrán y analizarán las propuestas de cada municipio, para poder formular una iniciativa de reformas a la Ley, a fin de que responda a la realidad de Guanajuato.
El foro, está proyectado realizarse, después de la Semana Santa. En este momento, los presidentes municipales, síndicos y regidores trabajan en sus municipios con las dependencias municipales, para hacer la revisión y presentar las propuestas, necesarias.
ELIMINAR SUGERENCIAS SOBRE SALARIOS
Mientras el Plan B de la reforma electoral atenta contra la autonomía municipal, en la Comisión de Finanzas y Fiscalización el Congreso del Estado de Guanajuato, se realizó una mesa de trabajo, sobre una propuesta reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que busca eliminar la facultad de sugerir las recomendaciones de montos máximos de las remuneraciones de las personas integrantes de los ayuntamientos, por coincidencia contrario al Plan B.
De acuerdo a los comentarios que se virtieron al respecto, se apoyó la viabilidad de la iniciativa, porque guarda congruencia con el marco constitucional federal y local, además de que los municipios gozan de autonomía y libertad para aprobar sus respectivos presupuestos de egresos sin la intervención o presión de otras autoridades, toda vez que el municipio constituye el orden de gobierno más cercano a la población y es la base de la organización política y administrativa de la entidad.
Se aclaró, que las legislaturas locales tienen la atribución de aprobar las leyes de ingresos y vigilar el gasto público, pero que no cuentan con facultades legales para intervenir en el manejo directo del presupuesto municipal, porque el principio autonómico otorga a los Ayuntamientos personalidad jurídica propia, así como autonomía política, administrativa y financiera, para administrar su patrimonio y hacienda.