PRESIDENTE PIERDE BRÚJULA… ALERTA CIUDADANA
G. C. Samayoa Madrigal
Entre ocurrencias, odios, venganzas, diatribas y caprichos, el presidente Andrés Manuel pierde la brújula y la dirección del país es incierta. Si a ello se suma la docilidad, sometimiento y sumisión del equipo de trabajo del ejecutivo, entonces es urgente prender las luces de alerta que motiven a la ciudadanía a tomar cartas en el asunto como se prevé en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El país se le está desmoronando de entre las manos a quien prefiere ser líder moral y asumirse en campaña permanente bajo la bandera de una imaginaria cuarta transformación, más que cumplir su compromiso de gobernar. De la primera magistratura sólo le interesa ejercer el poder para imponer sus desplantes, aunque éstos pongan en riesgo la estabilidad, la seguridad y el futuro de la patria.
Ante tal panorama, hay que refrendar que el pueblo es el soberano y es el que manda, no sólo en las urnas mediante el voto electoral, sino en lo cotidiano como auténtico y legítimo contralor social que observa y juzga el trabajo de todos los servidores públicos: presidente, legisladores, gobernadores, jefe de gobierno, alcaldes y ediles… todos los que gracias al sufragio tienen la responsabilidad de representar y defender los intereses de la ciudadanía, por encima de las ambiciones particulares, partidistas y facciosas.
Desde luego, como lo determina la Constitución, la sociedad puede cambiar el rumbo cuando la autoridad se equivoca y se empeña en mantenerse equivocada. Para eso existen las agrupaciones que conglomeran a los distintos sectores de la sociedad: asociaciones y federaciones de colonos, asociaciones y federaciones de padres de familia, agrupaciones sociales, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organizaciones no Gubernamentales (ONG), asociaciones empresariales (Cámaras, Confederaciones, Consejos), Colegios de Profesionistas, organismos gremiales, entidades altruistas, clubes de servicio y otros más que pudieran escapar a este enunciado.
Bajo la figura jurídica de la Asociación Civil, estos organismos privados se rigen por estatutos que, debidamente protocolizados y legitimados por la fe notarial, les conceden la representación oficial de los civiles que por decisión propia se afilian, asocian, se incorporan a ellos, incluso aceptando pagar cuotas.
Adicionalmente, existen en la estructura gubernamental consejos técnicos y consultivos en los que participan representantes ciudadanos en la mayoría de las áreas, como la planeación, la mejora regulatoria, la obra pública, el desarrollo social, el desarrollo económico, la salud, la educación, la seguridad, cabilderos ciudadanos, entre otras.
Ambas facetas (afiliación a organizaciones y participación en consejos oficiales), permiten al ciudadano —así lo aceptan la Constitución y distintas leyes— ser coadyuvantes en la tarea gubernamental.
Sólo es que dichas organizaciones en sus asambleas, sesiones o reuniones oficiales de trabajo analicen las decisiones presidenciales o gubernamentales, para tomar acuerdos —preferiblemente bajo la fe notarial— para elaborar oficios —como lo establece el artículo 8 constitucional que garantiza el derecho de audiencia— que sólo requieren las firmas del presidente y el secretario, acompañadas del sello oficial, para revelar a la autoridad la decisión de las decenas, los cientos o los miles de asociados de exigir la modificación de actitudes, decisiones, órdenes y diversas conductas que se alejen de la legalidad y comprometan los destinos de la patria.
Oficios que deben pasar por las oficialías de partes de la Presidencia, las Cámaras Legislativas y el Poder Judicial, los tres Poderes de la Nación. Una vez oficializada la denuncia, el reclamo o la exigencia, entonces adquiere valor de apoyo la manifestación pública y la participación mediática, para interesar a la opinión pública.
Todos esos oficios obligan a las autoridades a dar una respuesta puntual en los plazos previstos en la constitución. No hacerlo les coloca al menos en responsabilidad oficial. Y si las respuestas son evasivas, dolosas, engañosas, insatisfactorias, se puede proceder jurídicamente según lo establezcan las leyes correspondientes.
Un ejemplo que podría ilustrar lo antes descrito: el pueblo de Cuba pasa por un momento difícil, el pueblo monta en rebeldía en contra de sus autoridades, reclamando medicinas y alimentos, entre otras demandas. En forma espontánea el presidente Andrés Manuel prometió, desde el engendro mañanero, enviar a la isla medicamentos, vacunas y recursos económicos, cuando en México se está padeciendo por la escasez de medicamentos, la insuficiencia de vacunas para combatir el Covid-19 y de recursos económicos, ¿cuáles?, si prácticamente se los han acabado en las dádivas del bienestar y las suntuosas obras consideradas en varios ámbitos nacionales e internacionales como innecesarias.
Las organizaciones privadas tienen los instrumentos legales para ordenar al primer mandatario se abstenga de cumplir esas promesas, la que —de realizarse— dañaría aún más la precaria situación de México, que en los últimos casi tres años —según estadísticas oficiales, por encima de otros datos— está sufriendo de empobrecimiento, crisis de salud y debilidad económica, agudizada por una violencia incontrolada.
Este es el reto ciudadano: oponerse a la destrucción del país, corregirle el rumbo a las autoridades que equivocan el camino y ponen en riesgo la estabilidad y el futuro de la nación.
La Constitución es clara: los gobernantes no se mandan solos, hay una importante y contundente contraloría social: el pueblo, que es el soberano.
