By J. Gerardo Mosqueda M.
Las discrepancias que generan desconfianza
El manejo de los datos sobre desaparecidos y crímenes dolosos en nuestro país se acerca muy rápidamente a una polémica que, en principio, terminará por descalificar a las autoridades, los cuerpos de seguridad a las propias políticas públicas, pero lo más grave será que el manejo de los datos tiende a confirmar que las autoridades no están siendo eficientes, y por el contrario, está generando, por parte del gobierno, una brecha significativa entre las cifras oficiales y la magnitud del problema; ahora tendrán que agregarse aspectos de opacidad, de inconsistencias metodológicas y lamentablemente, manipulación de los datos y de los mensajes relativos a estos contenidos.
Por lo pronto, existen dos fuentes principales de datos, por un lado, el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que recopilas cifras de las fiscalías estatales y por el otro, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que realiza encuestas de víctimas, incluyendo delitos no denunciados.
Las cifras del INEGI suelen ser mucho mayores, reflejando una especie de cifra negra de criminalidad no denunciada. Se han documentado ajustes en las cifras históricas, y también cambios en las metodologías del registro de delitos que generan dudas sobre la transparencia de los datos a lo largo del tiempo.
También se han venido documentando ajustes en las cifras históricas o cambios en las metodologías del registro de delitos que generan dudas sobre la comparación a lo largo del tiempo.
Existen expertos y organizaciones de la sociedad civil, como Causa en Común o como el Observatorio Nacional Ciudadano, que han denunciado el subregistro de delitos por parte de las autoridades locales y federales, para presentar resultados positivos en materia de seguridad.
Cómo todos los mexicanos que han tenido la curiosidad de escuchar y dar seguimiento a los informes que mensualmente se comparten desde las tribunas de la oficina de propaganda del gobierno de la República, se ha llegado a conformar con toda esta información, una especie de fenómeno de las desapariciones como el crimen perfecto… Por un lado, se da un fenómeno de ocultamiento de homicidios; un punto crítico es que las desapariciones a menudo permiten al crimen organizado ocultar la violencia letal, ya que sin cadáver, no hay delito ni registro de homicidio doloso y esto distorsiona la estadística de homicidios. Por otro lado, existen decenas de miles de restos humanos sin identificar en servicios forenses y por tanto se dificulta la conciliación de cifras y la identificación de muchas víctimas de desaparición como homicidios, este fenómeno incrementa de forma exponencial las dimensiones del problema.
No obstante, la existencia del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, las polémicas son recientes sobre el intento del gobierno de “actualizar” o “depurar “el censo, lo que ha generado acusaciones de querer reducir artificialmente el número oficial de desaparecidos, y una gran desconfianza por parte de los colectivos de búsqueda y desde luego de los especialistas.
El Gobierno de la República frecuentemente destaca la tendencia a la baja en los homicidios dolosos como un logro de sus políticas de seguridad, sin embargo, los expertos advierten que este enfoque selectivo ignora el aumento de otros delitos o de las desapariciones, creando una ficción de pacificación; la falta de acceso transparente a la información detallada y las discrepancias con datos de organismos autónomos o de la sociedad civil merma la credibilidad de las cifras oficiales y desde luego la confianza pública en las instituciones responsables de la seguridad y de la justicia.
La explicación radica en que el manejo de datos en México sobre estos temas cruciales es un asunto de alta complejidad y controversial, donde los desafíos técnicos de recopilación entrelazan con los intereses políticos y una crisis humanitaria y de seguridad de proporciones históricas.
Sólo con los números comparados sexenio con sexenio de los últimos cinco, el incremento de las cifras en crímenes dolosos y desapariciones en nuestro país es, sin lugar a duda, la preocupación número uno en la sociedad. Las autoridades tampoco tienen credibilidad en la presentación de los indicadores y de las cifras con las que se trata de comunicar las dimensiones de uno de los problemas más dolorosos en la historia de nuestra nación.
Cuando el presidente de los Estados Unidos afirma que nuestro país está controlado por las
organizaciones narcoterroristas, cuando el primer argumento de aranceles a nuestro país tiene que ver con la falta de compromiso del gobierno mexicano para resolver los problemas de narco delincuencia y cuando en realidad lo que parece comprobarse es que la tesis de los últimos siete años de resolver las causas de los problemas del narcoviolencia no ha dejado de ser sólo un discurso; tiene sentido que se hagan todos los cuestionamientos, especialmente cuando se pretende desglosar qué está sucediendo y cómo se está atendiendo el gravísimo problema del reclutamiento de jóvenes al servicio de las organizaciones criminales.
Las estadísticas oficiales respecto al reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales, son prácticamente inexistentes o poco confiables, principalmente porque el reclutamiento forzado o voluntario no está tipificado como un delito específico a nivel federal, y lo que implica un registro judicial y administrativo es confuso, por lo tanto serán más confiables las cifras o estadísticas provenientes de organizaciones de la sociedad civil, de centros de investigación académicos y organismos internacionales que basan sus estimaciones en metodologías de investigación social, entrevistas, revisión de expedientes judiciales y análisis de datos de violencia general.
Hay algunas fuentes que por la seriedad de su trabajo son consideradas como muy respetadas y los datos que proporcionan sobre este fenómeno pueden ser tomados en cuenta:
-La Red por los derechos de la infancia: En México tiene una estimación de riesgo y ha estimado que, hasta 250,000 niños, niñas y adolescentes en México, están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos; estas cifras se basan en un análisis de vulnerabilidades y contextos de violencia, no en casos denunciados formalmente.
-Reinserta un Mexicano A.C. Ha reportado que al menos 30,000 menores de edad forman parte de las filas del crimen organizado en diversas capacidades: halconeo, sicariato, transporte de droga, etc. sus estudios como los realizados en 2019, se basan en investigaciones directas, entrevistas y análisis de casos judiciales y señalan que la edad promedio de ingreso es entre los 12 y los 15 años.
-Tejiendo Redes Infancia. Esta organización ha calculado que los carteles del narcotráfico reclutan anualmente entre 35,000 y 45,000 niños, niñas y adolescentes en México.
-Observatorio Nacional Ciudadano. Analiza el fenómeno desde la perspectiva de seguridad y justicia, contribuyendo con informes que detallan la problemática y la falta de políticas públicas efectivas para prevenirlo.
Es fundamental entender que estas cifras son estimaciones, informadas y no registros oficiales, sus limitaciones principales son:
-La ausencia de tipo penal. Al no existir un delito específico de reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en el código penal federal, las fiscalías no capturan estos datos de manera uniforme o los registran bajo otras figuras, por ejemplo, la trata de personas o la privación ilegal de la libertad, lo que impide una cuenta exacta.
-También existe una identidad clandestina y violenta del crimen organizado, que genera una inmensa cifra negra. Muchos casos nunca se denuncian o las víctimas no son identificadas como tales, quizá sólo como delincuentes.
-La complejidad del fenómeno de reclutamiento puede ser forzado o paradójicamente, una elección motivada por la falta de oportunidades económicas y la búsqueda de pertenencia, poder o dinero, lo que dificulta su medición homogénea.
Las estadísticas de las organizaciones civiles y de expertos independientes están basadas en estimaciones, pero eso no impide que se consideren actualmente como las fuentes más realistas y confiables para comprender la magnitud de este grave problema en nuestro país.
Es recomendable para las organizaciones de la sociedad que promueven la paz, que integren un enfoque basado en evidencias y datos para maximizar el impacto de las estrategias, la paz no es sólo un objetivo ético, debe ser un resultado medible que requiere intervenciones bien informadas.
1. Desarrollando un enfoque basado en la comprensión del contexto. Se requiere identificar áreas clave, utilizando datos y análisis para identificar las comunidades, barrios y grupos de personas donde las iniciativas de paz podrían tener un mayor impacto. Es fundamental comprender dónde, y cómo se manifiesta la necesidad de construir la paz.
2. Se requiere un análisis profundo de los desafíos para comprender los factores específicos que contribuyen a la falta de paz en cada comunidad. Esto podría incluir la falta de oportunidades, la desigualdad, la ausencia de espacios de diálogo.
3. Identificar grupos relevantes, utilizar los datos para identificar a los grupos de personas que pueden beneficiarse más de las intervenciones de Paz, por ejemplo: jóvenes, líderes comunitarios, familias afectadas por la violencia. Las estrategias deben ser diseñadas pensando en las necesidades particulares de cada grupo.
4. Diseño de programas pertinentes, implementando programas que respondan directamente a los desafíos identificados. Por ejemplo, si el problema es la falta de diálogo, el programa debe enfocarse en la mediación y la construcción de puentes de comunicación. Si es la falta de oportunidades, entonces enfocarse en el desarrollo comunitario y la participación ciudadana.
5. Monitorear y evaluar el progreso de forma continua, requiere establecer criterios de éxito, es decir, definir desde el inicio qué indicadores se utilizarán para medir el éxito de las intervenciones, se busca aumentar la confianza entre los vecinos, se busca promover la participación en actividades comunitarias.
6. Seguimiento y evaluación de resultados, se requiere implementar metodologías para evaluar el impacto de los programas. Es importante saber qué iniciativas están funcionando. Cuáles necesitan ajustes y por qué. La adaptación constante es clave.
7. Compartir aprendizajes y experiencias estableciendo redes de colaboración entre organizaciones para compartir los conocimientos y las mejores prácticas, creando un ecosistema de Paz más sólido y articulado.
8. Influir en las decisiones públicas con datos, utilizar los resultados y la información recopilada para abogar por políticas públicas que apoyen la construcción de paz y el desarrollo social.
Los datos pueden ser una herramienta poderosa para generar cambios positivos.
El resumen es necesario basar las acciones en una comprensión profunda de la realidad, y en la evaluación constante. Las organizaciones que promuevan la paz deben utilizar el análisis de datos y la evidencia para diseñar estrategias que sean relevantes, efectivas y adaptadas a las necesidades de cada comunidad.
Los últimos días de enero habrá una reunión vital para abordar estos temas en la sede del ITESO de Guadalajara…espero que las autoridades gubernamentales tengan interés en las propuestas y acuerdos que surgen de una sociedad activa en buscar soluciones a las exigencias de paz en nuestro país.
La apuesta es por la vida de todos los mexicanos para que nadie convierta el delito en una estadística que describe el problema, pero no construye soluciones.
Se trata de diálogos para La Paz.
Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
J. Gerardo Mosqueda M.