J. Gerardo Mosqueda M.
La violencia en México, caracterizada por altas tasas de homicidios, feminicidio, desapariciones forzadas… es un indicador de una crisis estructural, profunda, impulsada por conflictos y disputas territoriales entre grupos criminales, impunidad e impotencia del gobierno que afecta, en muchos casos de manera irreversible, el tejido social, con un impacto significativo en la juventud y en la niñez de nuestra nación, lo que hace reflejar una lamentable normalización de la inseguridad.
Estamos ante una situación calificada por las organizaciones sociales, como una crisis de derechos humanos, con niveles críticos de impunidad, donde ya se destaca la necesidad de un enfoque integral, no sólo punitivo, sino urgido de que incluya prevención, justicia y desde luego, memoria para reconstruirnos como sociedad.
En la visión del doctor Mauricio Merino a las múltiples violencias que se superponen y se refuerzan entre sí, hay que sumarle violencias que forman parte de la vida cotidiana, como el acoso escolar, la violencia sexual, la discriminación por género, orientación sexual o condición social tanto como el hostigamiento y la agresión en espacios digitales y también hay que agregar la violencia política que incluye amenazas, campañas de difamación y ataques contra periodistas contra activistas y actores públicos en un clima marcado por la polarización y la intolerancia social.
En la vida de los mexicanos, hay miedo instalado en las calles, en las escuelas, en los centros de trabajo, en los espacios públicos que modifican sustantivamente las formas de convivencia y la percepción de los que viven cerca, es un miedo que abre paso a las desconfianzas y también a la rabia, pero cuando esas emociones se normalizan, las personas corremos el riesgo de reproducir la violencia y de volverse parte de un círculo que daña todo.
¿Es posible, se cuestiona el investigador Merino, identificar una causa eficiente, que explique la persistencia de las violencias? Y reconoce en su ponencia que existen explicaciones centradas en la pérdida de valores o en la falta de amor al prójimo, sin embargo; considera que esas lecturas resultan insuficientes frente a la urgencia del contexto actual, por eso el doctor propone mirar hacia las estructuras políticas e institucionales que sostienen la vida social.
Dentro de su análisis, la causa central se encuentra en una doble derrota del Estado, ocurrido en lo que va del siglo XXI, y se manifiesta de manera simultánea como impotencia y como prepotencia del Estado.
La impotencia del Estado se expresa en su incapacidad para garantizar derechos, libertades y obligaciones.
Cuando el derecho no se hace valer, las personas quedan expuestas al abuso y a la arbitrariedad.
La prepotencia aparece cuando quienes detentan el poder, utilizan las instituciones para su propio beneficio, se colocan por encima de la ley y actúan sin controles ni rendición de cuentas.
Estas dinámicas no solamente no se excluyen, por el contrario, la debilidad del Estado frente al derecho permite que el abuso del poder se consolide y se justifique en este contexto, entonces la violencia no proviene únicamente de actores criminales, sino de la destrucción deliberada del Estado democrático y social de derechos.
Cada vez que el Estado resulta impotente para garantizar los derechos somos testigos de un nuevo triunfo de los violentos, recuperar al Estado, no implica apostar por la militarización, ni por un estado policial, sino por el fortalecimiento del derecho, como base de la paz y la convivencia social.
No tiene ninguna justificación la concentración del poder en nombre de la seguridad y describió esta lógica como una paradoja donde el poder crece mientras los problemas persisten, tampoco es la pobreza, la causa directa de la violencia, al considerar que ese argumento estigmatiza y desvía la atención de la captura del Estado por intereses particulares.
Es fundamental la reconstrucción del tejido social, pero es necesario recuperar el sentido colectivo del Estado y de los derechos, la paz sólo puede construirse desde la recuperación del Estado democrático y social de derechos.
Durante el segundo diálogo nacional por la paz, donde se generó un espacio plural para mirar de frente la realidad de las violencias en México, para compartir metodologías de construcción de paz y para articular respuestas a la altura del momento histórico que vive la nación, he tenido el privilegio de formar parte de la agenda de trabajo de este segundo encuentro y constatar la reunión de voces de todos las regiones del país, que refleja la diversidad de contextos, de dolores y esperanzas que hoy atraviesan a nuestra nación, reunidos con un objetivo común: reconstruir la paz desde lo local con visión nacional y compromiso colectivo.
El presidente de la conferencia del episcopado mexicano, Monseñor Ramón Castro, enfatizó que construir la paz, exige escuchar, discernir y actuar, es una vocación de toda persona para buscar un orden social de relaciones armónicas, poniendo en el centro a las víctimas y convencidos que la paz sólo se alcanza, si hay verdad, justicia y reparación.
Las conclusiones del encuentro destacan el gran reto de imaginar y reconstruir el estado que México necesita para recuperar la paz a partir de acuerdos que regulan la vida institucional y garantizan condiciones de vida digna para todas las personas.
El encuentro aporta tres claves fundamentales:
1. El Estado somos todas y todos, y la paz exige acuerdos colectivos desde lo local, esto implica la conversión de quienes lucran con la violencia y quienes permanecen indiferentes ante ella.
2. Es urgente construir un sistema social que integre las juventudes, hoy excluidas y vulnerables, y allí es importante escucharlos y construir junto con ellos.
3. No será posible una nueva convivencia, sin atender y sanar la herida de las personas desaparecidas y acompañar de manera prioritaria a las víctimas de la violencia.
El camino hacia la Paz pasa por refundar la comunidad, desde la escucha, el reconocimiento y el compromiso, abrir horizontes de Esperanza, para las juventudes y caminar del lado de las víctimas, teniendo como eje transversal la cultura del cuidado.
En el Diálogo Nacional por la Paz decidimos no aceptar que el futuro de niñas y niños se hipoteque por falta de condiciones para crecer, decidimos no negociar la dignidad humana a cambio de intereses económicos o políticos. Nos negamos a ser indiferentes ante el dolor y la vida que depende de un hilo y rechazamos toda complicidad frente a la violencia estructural y sistémica.
Proponemos refundar la comunidad, construir nuevas maneras de encontrarnos, de escucharnos, de navegar los conflictos, de llegar a acuerdos, de exigir, de ofrecer, de resistir, de ser con otros. Una manera distinta de cuidar la fragilidad, de preservar la vida, de posibilitar futuros, desde la Familia hasta el Estado, pasando por la escuela, la colonia, el centro de trabajo, la parroquia, el barrio, con miras a construir un nosotros amplio, permeable y dispuesto a involucrarse y sostener una esperanza organizada, dirigida a la acción.
Cada paso, cada conversatorio, cada acuerdo, cada metodología que creamos necesario implementar, lo haremos con la conciencia de que estamos, desde el Diálogo Nacional refundando nuestras formas de ser comunidad, ya sea, que esas acciones estén enfocadas a la salud mental, al medio ambiente, a las policías, a las víctimas, a las juventudes o a las escuelas, a los migrantes, los funcionarios públicos, las empresas o universidades.
Habrá paz, cuando visibilicemos, rechacemos y encontremos alternativas frente a las violencias, de las que formamos parte.
Habrá paz, cuando seamos capaces de conmovernos y movernos ante el dolor ajeno.
Habrá paz, cuando cada individuo y cada sector decidamos ser una voz de corresponsabilidad y trabajo, pero también de exigencia y denuncia, una voz que no tolera la injusticia, el odio, la impunidad.
Habrá paz cuando recuperemos nuestra capacidad colectiva de cuidar y ser cuidados, cuando frente a las miradas de niños, asumamos la responsabilidad de construir las condiciones para que su futuro sea posible.
Habrá paz cuando el costo de guardar silencio y ser indiferentes, sea impagable.
El Segundo Diálogo Nacional por la Paz es un paso crucial en la transición de la denuncia a la acción local correspondiente. Es un ejercicio que representa un modelo de construcción de paz territorial y horizontal que busca superar la polarización poniendo en el centro, la dignidad humana y el dolor de las víctimas.
A diferencia de esfuerzos, principalmente teóricos, en este diálogo se estructuró la agenda para aterrizar en la realidad de cada comunidad centrándose en 14 acciones locales y siete nacionales, el enfoque ver, interpretar, actuar es una lógica que permite confrontar primero las causas estructurales de la violencia, interpretando realidades con apoyo de expertos y actores locales, y finalmente proponiendo la creación de agendas locales de Paz.
Se promovieron conversatorios en escuelas, parroquias, barrios, lo que metodológicamente permite escalar el conflicto a nivel micro y buscar la reconstrucción del tejido social desde la base y con un enfoque integral e intersectorial.
El diálogo reconoció que la paz no es tarea exclusiva del Estado, sino una responsabilidad compartida con pluralidad, donde es posible articular a todos los actores sociales, lo cual legitima todos los procesos con un enfoque centrado en las víctimas, poniendo en la escucha y la búsqueda de personas desaparecidas como un eje fundamental para la justicia restaurativa.
Institucionalizando metodologías, probadas, es decir, herramientas para la paz que incluyen desde los círculos de paz en las prisiones, la mediación comunitaria la negociación por la paz, la sanación comunitaria y proyectos de vida para los jóvenes, con una agenda de acción integral que convierte el diálogo en una herramienta técnica y política de prevención, no sólo en un evento de reflexión.
El Segundo Diálogo Nacional por la Paz representa una de las metodologías de construcción de paz más sólidas y estructuradas en México actualmente al promover que la paz se construya paso a paso desde abajo, su enfoque en imaginarnos un nuevo estado junto con herramientas prácticas sobre una ruta de esperanza tangible en territorios heridos.
Sin duda es una evolución metodológica crucial el paso de la indignación a la corresponsabilidad estructurada desde una perspectiva de metodologías para la paz.
Estos son los puntos clave de su impacto:
Enfoque en la paz territorial, este diálogo prioriza procesos situados en comunidades concretas, reconoce que la paz no es una abstracción, sino que se construye desde lo local, mediante el fortalecimiento de capacidades comunitarias.
El proceso se construye partiendo del análisis de la realidad, con un discernimiento comunitario que lleve a compromisos concretos. Esto permite que el diálogo no se quede en la retórica vinculado a las acciones, sólo de manera verbal.
Poniendo las víctimas en el centro, el acierto metodológico fundamental es que las familias de personas desaparecidas y víctimas de violencia no son sólo invitados, sino que su voz guía el camino hacia la verdad y la reparación.
El encuentro a puesto en armonía a las iglesias, a las universidades, a las empresas, a gobiernos locales, organizaciones civiles y esta pluralidad es vital para desmontar la lógica de un espectador y asumir que la paz es una tarea colectiva, no exclusiva del Estado.
Hay marcadas diferencias en las respuestas gubernamentales al Segundo Diálogo Nacional por la Paz; entre los gobiernos locales y municipales se identifican respuestas activas y comprometidas de Alcaldes y representantes de municipios que inclusive participaron directamente en el encuentro, asumieron las metodologías y firmaron un compromiso que implementarían las metodologías de reconstrucción del tejido social en sus comunidades, reconociéndose como actores claves para la paz y mostrando apertura para integrar redes de mediadores comunitarios y escolares para las acciones locales.
Los gobiernos estatales han expresado su respuesta centrada en la coordinación operativa en el diálogo, participaron equipos técnicos de las 32 entidades federativas y han aceptado recibir las herramientas de sistematización generadas por el movimiento para integrarlas potencialmente en sus planes, de seguridad y de atención a víctimas.
El gobierno federal mantiene su postura de apertura institucional, pero sigue el énfasis en su propia agenda; abre canales desde la Secretaría de gobernación para mantener una especie de puente a través del cual se reciban propuestas nacionales, mientras que el diálogo nacional enfatiza la justicia restaurativa y el rol de las víctimas, el gobierno federal continúa priorizando su estrategia nacional de construcción de paz, basada en causas sociales y en la presencia de las fuerzas federales.
En resumen, los municipios están adoptando la metodología como una herramienta de gestión de área, y el gobierno federal lo observa como un insumo, pero externo a su plan central de gobierno.
Hasta la próxima PROSPECTIVA.
J. Gerardo Mosqueda M.

