PROSPECTIVA: ¿Una reforma electoral para consolidar una dictadura?

J. Gerardo Mosqueda M.

No lograron negociar con sus socios subordinados y da la impresión de qué hay una gran
incertidumbre en el propio oficialismo porque la deseada reconfiguración profunda del sistema democrático lo único que comunica es una concentración de poder en el oficialismo representado por el partido de Andrés Manuel López y para un futuro inmediato se han ido cumpliendo con las condiciones, no sólo de un partido hegemónico, sino sobre todo de una autocracia con máscara democrática, siguiendo la ruta histórica que han seguido todas las dictaduras en particular las de América Latina.
Primero. Con mentiras, con engaños y con “acordeones” hicieron una transformación radical de la justicia electoral partiendo de una elección popular de jueces y magistrados, de manera que la reforma judicial 2024, 2025, establece la elección por voto popular de juzgadores, incluyendo a quienes resuelven litigios electorales. Esto politiza a la justicia electoral, pone en riesgo la imparcialidad y la certeza técnica porque existen todas las condiciones para que las sentencias puedan responder a intereses de los partidos mayoritarios.
Segundo. El debilitamiento de la autoridad electoral, con ataques a la imparcialidad se vislumbra un intento de reestructurar el instituto nacional electoral (INE) lo que podría erosionar la certeza en la organización de los procesos electorales y regresar a las prácticas de las décadas pasadas… de los sesentas y de los setentas, donde el gobierno controló el proceso y existe una creciente incertidumbre en la organización de un proceso electoral por el constante cambio en el marco normativo, lo cual dificulta la operación técnica del Instituto nacional electoral.
Tercero. Cambios en las reglas de representación de manera específica; la eliminación de
candidaturas plurinominales donde la propuesta es reducir diputados y senadores plurinominales para favorecer a la primera fuerza política, limitando el pluralismo y la representación de minorías en el congreso. Adicional a ello se prioriza la elección por distritos, lo que puede subrepresentar a las fuerzas políticas que tienen votación dispersa.
Cuarto. Existe un riesgo latente de inversión de roles, es decir, hoy MORENA es la representación más clara del PRI de décadas pasadas y da la impresión que la oposición está en el formato de MORENA antes de ganar la elección, es decir, una especie de paradoja donde el partido en el poder quiere, y procura las mismas herramientas de control electoral, que décadas atrás, criticaba, mientras la oposición usa y seguirá utilizando las tácticas de resistencia y movilización parecidas a las que usaba el movimiento de López Obrador, generando un espacio de muy alto riesgo por conflictos poselectorales.
Quinto. La concentración del poder a partir de una ruptura del modelo de autonomía, el futuro derivado de la propuesta de la comisión electoral, creada por el gobierno del poder ejecutivo, vislumbra un sistema electoral donde el árbitro es controlado y fuertemente influenciado por el poder ejecutivo, reduciendo las libertades democráticas y la transparencia, es decir, el futuro electoral que se advierte, es el de mayor incertidumbre de los últimos 25 años, donde la certeza técnica del voto, se ve amenazada por una politización de los órganos jurisdiccionales y una estructura electoral diseñada para favorecer la hegemonía del partido en el poder.
En este momento, todo el panorama de las reformas electorales en nuestro país se encuentra en una fase crítica de redefiniciones institucionales, derivado de las iniciativas planteadas por el gobierno federal actual y la continuidad de las propuestas del periodo político electoral anterior: el debate sobre una transición política donde el Instituto Nacional Electoral mantiene su independencia, pero se altera su autonomía estructural, las modificaciones que se plantean por el partido oficialista, podrían debilitar la certeza en los procesos electorales, comparando entonces este riesgo con un regreso a los modelos de control estatal anteriores, a los años, noventas, el gobierno impulsa las reformas bajo la premisa de la democracia de las mayorías y la reducción de costos operativos, de tal manera que bajo estas premisas los puntos clave en discusión para este año 2026, están
enfocados en la eliminación de las diputaciones plurinominales o reducción de legisladores de representación proporcional con lo cual se da por alterada la pluralidad en el Congreso y por otro lado existe la posibilidad de una mayor concentración de funciones en el órgano nacional para reducir el gasto de los institutos locales.
La reforma judicial que está entrando en vigor, también tiene un impacto directo en la justicia electoral, porque la elección popular de juzgadores, incluyendo a magistrados del tribunal electoral del poder judicial de la Federación, introduce una variable inédita en la estabilidad del sistema, porque politiza la justicia, de tal manera que en el futuro inmediato se advierte claramente el riesgo de que los juzgadores electorales respondan a mandatos populares o partidistas en lugar de criterios estrictamente jurídicos, para 2026 se han proyectado recortes históricos al poder judicial, incluyendo al tribunal electoral, lo que compromete de manera formal, su capacidad operativa para calificar elecciones futuras.
La propuesta de desaparecer organismos como el INAI impacta directamente en el proceso electoral, porque reduce los mecanismos de transparencia y de revisión de cuentas sobre el uso de recursos públicos en las campañas.
Consultoras de prestigio, como Integralia, sitúa la reforma electoral como uno de los principales riesgos políticos del 2026, señalando que el diseño final determinará si México mantiene un sistema competitivo o transita hacia uno de hegemonía partidista.
Aunque los análisis continúan y la posible aprobación ocurrirá durante el primer semestre del 2026, siguen existiendo incógnitas, especialmente derivadas de la relación del partido hegemónico y sus partidos satélites, que siempre han subsistido de los presupuestos políticos, electorales, y en el mayor porcentaje de sus posiciones legislativas, proceden de elecciones plurinominales. Por ahora los socios del oficialismo no parecen estar convencidos de la reducción en las candidaturas plurinominales, mucho menos de su desaparición.
Nuevamente ocupa un lugar preponderante en la reflexión, estar en la capacidad de distinguir entre dos métricas que suelen confundirse en el análisis político: por un lado, la aprobación presidencial, esa que tanto le gusta a los gobernantes y por otro lado la participación electoral, es decir, quienes de los ciudadanos tienen interés en acudir a votar, la aprobación es una medición de opinión pública, mientras que el voto es un acto de voluntad política, es decir, los ciudadanos pueden aprobar la gestión de la presidente de México, por los programas sociales, y aunque tenemos crecimiento económico cero, no hemos rebasado la línea imaginaria de la inestabilidad social por la crisis económica, pero al mismo tiempo puede no sentirse motivado el ciudadano a votar por candidatos que no representan, o no percibe el ciudadano que representen una competencia real. Existe una especie de apoyo pasivo que podría cambiar en cualquier momento.
Si se sigue reduciendo el universo de votantes, debido a la abstención, el peso del voto de quienes, si acuden a las urnas, se magnifica y esto permite al oficialismo ganar con márgenes más amplios, a pesar de la baja participación en lo general, bajo este esquema, los socios del oficialismo están en el serio riesgo de perder los espacios de participación o inclusive representar una carga para el oficialismo.
La participación de la sociedad hace válida la elección, independientemente del porcentaje de participación que se tenga, salvo en el caso de las consultas populares específicas que sí requieren el 40% para ser vinculantes, sin embargo el gobierno mexicano, hoy sostiene una narrativa de legitimidad, basándose en las encuestas de aprobación diaria y argumentan, falazmente que la abstención no es rechazo, sino conformidad; por lo mismo, se advierte que una aprobación alta, con una participación electoral decreciente, puede conducir a un déficit de representatividad, donde la minoría organizada, puede decidir el destino de una mayoría pasiva.
La reforma electoral que se discute este año busca paradójicamente reducir el costo de las elecciones, argumentando que la gente ya decidió, sin embargo, si la abstención se mantiene en el 40%, la oposición estaría en su derecho de utilizar ese dato para cuestionar la crisis de participación y la falta de confianza en las nuevas instituciones, como sería el caso de un INE transformado con los jueces electos por voto popular.
Existe otro factor que representa un alto riesgo y del cual no se ha discutido nada en la propuesta gubernamental, tampoco en el Consejo del INE y me refiero a la influencia del crimen organizado en la política mexicana, ya que representa uno de los desafíos más críticos para la integridad de un sistema democrático y en el contexto de las reformas actuales inclina a qué se tomen precauciones que signifiquen una especie de blindaje, porque la realidad operativa electoral en el país está en riesgo por la presencia de organizaciones criminales.
Es verdad que la propuesta del gobierno acerca de su reforma electoral, tiene el gran pretexto de buscar fortalecer la fiscalización de los recursos para evitar que el dinero ilícito financiera campañas, sin embargo, críticos y analistas señalan que la discusión pública de la reforma ha dejado fuera temas centrales, como la seguridad directa de candidatos y votantes frente a la coacción criminal, históricamente en los grupos delictivos, han demostrado capacidad para cambiar de métodos, si se cierran canales de financiamiento, pueden recurrir a la violencia directa, amenazas o imposición de candidatos en niveles locales, donde la vigilancia estatal es menor tras los niveles récord de violencia en el proceso de 2024 con 39 aspirantes asesinados, la tendencia para este año y hacia el 2027, sugiere una especie de consolidación del crimen organizado, como un gran elector en algunas regiones del país.
Desde luego que prevalece el riesgo de que las organizaciones criminales busquen infiltrar las nuevas estructuras derivadas de las reformas como la elección popular de juzgadores con el propósito de asegurar la impunidad y el control territorial. También hay municipios con muy alta competitividad delictiva, el crimen utiliza la violencia porque el dinero ya no es suficiente para movilizar estructuras lo que distorsiona la participación ciudadana libre, es evidente que faltan mecanismos claros de protección en las propuestas de reformas oficiales y sectores amplios de oposición han demandado que la prioridad de cualquier reforma sea eliminar la injerencia del crimen en las decisiones electorales, por lo mismo se propone un mayor involucramiento de las fuerzas de seguridad para garantizar que el crimen organizado no sea quien decida las elecciones, especialmente en esas zonas que se identifican como puntos rojos.
Sin una estrategia de seguridad coordinada que acompañe la reforma política, la austeridad
presupuestal planteada para el INE y tribunales, podría reducir la capacidad operativa de vigilancia en campo, dejando vacíos que el crimen organizado llena mediante el control informal y la provisión de servicios en zonas marginadas. El informe de México evalúa sobre violencia política o los reportes de Integralia consultores sobre riesgos políticos podrían dar razones más claras de esta afirmación.
Por ahora, las tribus en el poder no han acabado de ponerse de acuerdo en el alcance que deberán tener sus iniciativas de reforma, lamentablemente el tiempo transcurre en una ruta de indefinición que están consumiendo los tiempos para una reforma política democrática y dejando suelta la posibilidad de un esquema de simulación, que sólo disfrace nuevos elementos autocráticos para un proceso electoral democrático.

Hasta la próxima en PROSPECTIVA.
J. Gerardo Mosqueda M.