//RED CIUDADANA 4.0:// AYUNTAMIENTO DE CELAYA RETIENE REFORMAS CONSTITUCIONALES
*Tiene tres minutas sobre las que no se ha pronunciado
*Exhorto reconoce la autonomía municipal
*El compromiso de los nuevos consejeros del INE
EXHORTAN A MÁS DE LA MITAD DE CABILDOS
El H. Ayuntamiento de Celaya es uno de los 46 miembros del Constituyente Permanente que no se ha pronunciado a favor o en contra de varias minutas de decreto, sobre reformas y adiciones a la Constitución del Estado de Guanajuato, aprobadas por el Congreso del Estado. Para que estas reformas formen parte de la constitución -de acuerdo al Artículo 145 de la Constitución local- se requiere de la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, que el sistema jurídico estatal reconoce como Poder Constituyente Derivado.
El Congreso de Guanajuato, en su pasada sesión del 30 de marzo, aprobó el exhorto y mencionó a los municipios que no han aprobado las minutas. En tres de ellos se cita al Ayuntamiento de Celaya.
De acuerdo al exhorto, “de obvia resolución”, formulado por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) se exhorta a los ayuntamientos del Estado para que analicen, discutan y se pronuncien sobre diversas Minutas Proyecto de Decreto que les fueron notificadas. La diputada Susana Bermúdez Cano, explicó que para las modificaciones o adiciones a la Constitución, dado que el Congreso se integra por 36 personas legisladoras, se requiere una aprobación calificada de 26 votos; además, se debe contar con la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos del estado: de los 46 municipios, se requiere, como mínimo, más de la mitad, o sea 24.
En el exhorto uno y dos no aparece Celaya; pero en el tercero, va junto con: Abasolo, Apaseo el Alto, Celaya, Comonfort, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tierra Blanca, Villagrán y Xichú.
Se refiere al derecho humano al servicio de internet y gobierno digital; catálogo de delitos contemplado en el artículo 9 y derogación del requisito de la edad para ser miembro de los Ayuntamiento, relativos a la derogar la fracción II del artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. El día del exhorto se habían pronunciado 21 Ayuntamientos a favor.
De igual manera, Acámbaro, Celaya, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, entre otros, no se han pronunciado sobre la Minuta Proyecto de Decreto en materia de grupos afromexicanos, que propone la modificación del artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con la intención de armonizar con los alcances del texto de la Constitución Federal, es decir con lo expuesto en el al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de grupos o comunidades afromexicanas. Se han pronunciado 22 Ayuntamientos a favor. Faltan dos para obtener la mayoría.
Finalmente, también Celaya, junto con Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato y Villagrán, no se han pronunciado sobre la Minuta Proyecto de Decreto en materia de Informe de Gobierno, en el que se propone modificar los tiempos en que debe presentarse al Congreso.En este caso sólo se han pronunciado siete ayuntamientos a favor.
Concluye el exhorto dejando en claro la autonomía municipal: “Somos respetuosos de la autonomía municipal, por lo que en libertad los invitamos a considerar la pertinencia de que nuestra Constitución Política se reforme o adicione, pues nuestra ley fundamental local requiere de dichas reformas para seguir con condiciones óptimas de convivencia social”.
ANALIZARÁN EL COSTO DE LA DEMOCRACIA
Los nuevos miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, como primera Consejera Presidenta, y Rita Bell López Vences, Arturo Castillo Loza y Jorge Montaño Ventura, como consejeros, asumieron compromisos específicos con el instituto y el orden constitucional; principalmente la presidenta Guadalupe Taddei Zavala, planteó que, entre los retos inmediatos del INE, están: la revisión del costo de la democracia, sin perder la excelencia en la aplicación de la técnica electoral; respetar la colegialidad de las decisiones del Consejo General, y procurar el diálogo con las fuerzas políticas.
En ese tenor, “uno de los primeros pasos será reflexionar y analizar en torno al clamor de la sociedad sobre el costo de las elecciones, y establecer cómo incorporar la modernización tecnológica, para determinar qué se puede abaratar, sin perder la calidad de los procesos electorales”.
Respecto de la colegialidad, se respetará el derecho de cada fuerza política a pertenecer al Consejo General y a poner sobre la mesa sus visiones de futuro; pero, los partidos también habrán de respetar los acuerdos técnicos de la Herradura de la Democracia. En breve, organizarán mesas de trabajo con cada una de las fuerzas políticas.
Se comprometió a tener siempre la disponibilidad de la escucha atenta y a establecer una política de trabajo de puertas abiertas.
Por su parte, la consejera Rita Bell López Vences destacó la composición de Consejo General, primero en que las mujeres son mayoría -incluyendo la Presidencia-; por lo que consideró que es el momento de construir una agenda con visión de género.
Reconoció que procede de los grupos activos de la sociedad civil: de las redes de mujeres; por ellas “me propongo cumplir esta encomienda”. Se comprometió a empeñar su palabra para reducir la brecha que separa al INE de los ciudadanos y continuar su lucha en favor de las mujeres, muy especialmente de las mujeres indígenas.
El consejero Jorge Montaño Ventura le apuesta a la imparcialidad del INE en la renovación de los poderes, expresado así: “Comprometo mi indeclinable voluntad para contribuir a la democrática renovación de los poderes públicos, aportando la modesta experiencia y enseñanza en materia electoral que he acumulado a lo largo de los últimos tres lustros de mi vida”.
En su turno, el consejero Arturo Castillo Loza prometió trabajar siempre dentro del marco de la Constitución y de la ley, sin filias ni fobias, con la confianza que da la transparencia en el desempeño del encargo; su compromiso es con la defensa de los derechos ciudadanos y del voto, a partir de un nuevo pacto; le apuesta a la imparcialidad de este árbitro, con miras a tener una democracia más sólida, eficiente y duradera.