RED CIUDADANA 4.0:// IMPULSARÁN REFORMAS QUE PRIVILEGIEN LA INFORMACIÓN Y SU ANÁLISIS, EN SEGURIDAD

*Presentan avances de la Convención Legislativa
*Participan en taller elementos de 21 municipios
*Confían en que la SCJN revierta reformas fast trak
*México no debe ser presa de los partidos políticos

PROPONEN UNIDADES MUNICIPALES DE INFORMACIÓN

Dada la importancia de la información para la acertada toma de decisiones en materia de seguridad, la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia propondrá a la Junta de Gobierno del Congreso de Guanajuato promover reformas a la ley vigente, para que cada municipio cuente con su Unidad de Gestión de la Información y su Unidad de Análisis de la Información, de nivel profesional, esencial para generar acciones, estrategias y políticas públicas que garanticen la paz a la sociedad.

Esta reforma se tiene que socializar primero, antes de presentar la iniciativa, con los presidentes municipales porque hay que invertirle recursos para contratar al personal profesional adecuado y dotarlos de las herramientas tecnológicas necesarias para la realización de su trabajo y que aporte información valiosa para la toma de decisiones oportunas y eficientes.

Luis Felipe Guerrero Agripino.

La propuesta forma parte de los compromisos y primeros resultados de la Convención Legislativa de Seguridad Pública, después de poco más de un año de trabajo, los cuales se presentaron en la Plenaria 2023, que se realizó este martes 2 de mayo en la sede del Palacio Legislativo de Guanajuato, con motivo de la entrega de certificados a los directores y personal de seguridad, de 21 de los 46 municipios del estado, que participaron en el taller “Elementos y metodología de los programas municipales de prevención social de la violencia y la delincuencia”, como parte de la vinculación y colaboración entre el Congreso del Estado y los municipios, al que se sumó la Universidad de Guanajuato.

DIAGNÓSTICO DE HOMOLOGACIÓN DE INFORMACIÓN

Martín López Camacho.

Martín López Camacho presentó el diagnóstico de capacidades para la homologación de la información de seguridad pública en el estado de Guanajuato, que tiene el propósito de identificar las capacidades de gestión de información y análisis en las policías municipales del estado de Guanajuato.
La encuesta tuvo una respuesta del 70% de los policías municipales, la que reveló que “existe información policial sin homologar, ni estandarizada, así como una baja calidad de reportes estratégicos, de análisis y de operación de las corporaciones de seguridad; en otros casos se regula la gestión y el registro de información, pero pasa inadvertida para su explotación y la elaboración de análisis.

Resultado de ello, se concluye que existe una imperante necesidad de regular las condiciones mínimas de ciberseguridad para los sistemas de información policial municipal.
Para complementar la información de la encuesta a los elementos de las policías municipales, se contemplan tres acciones más:
-Entrevistas a autoridades del gobierno estatal en la materia de seguridad para cotejar los resultados.
-Coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato para compartir buenas prácticas relativas al análisis de información con los municipios.
-Impulsar un “Plan de Trabajo para el Mejoramiento de los Procesos de Información y Desarrollo de Análisis en materia de Seguridad Pública en Municipios Seleccionados durante 2023”.

La reunión estuvo presidida por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, presidenta del Congreso; por el legislador Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política; por Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, y el congresista Martín López Camacho, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y presidente de la Convención Legislativa, a la que asistieron diputados, presidentes municipales, titulares de Seguridad Pública de los municipios.

NI LA CERRAZÓN NI LA MILITARIZACIÓN

A reserva de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise y revierta, por el bien del país, las reformas aprobadas, que así lo ameriten; México está perdiendo oportunidades importantes para el desarrollo económico, social, tecnológico y político, por una afán destructivo del gobierno federal, cuando para corregir o mejorar lo que se estaba haciendo mal, sólo se requería de ajustes, incluso desde la ideología del actual gobierno.
Es lamentable la desaparición del INSABI, sin nada concreto y mejor que lo sustituya para garantizar la salud de población que no tiene seguridad social; el cierre de la Financiera rural, que hasta 2018 había funcionado bien, no tenía problemas de cartera vencida y apoyaba a los pequeños productores del campo; la liquidación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que contribuía a la transparencia del gasto público, y la extinción del CONACyT para crea el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt), en el que involucra a las Fuerzas Armadas, tanto como en la gestión ferroviaria, aeroportuaria y turística, entre otras, que son tareas de la sociedad civil. “Ni la cerrazón ni la militarización son la solución de este país”, cita un comunicado de Coparmex.

SE DEBEN ATENDER MECANISMOS DEMOCRÁTICOS

Juan Yúdico Herrasti.

A este respecto, Juan Yúdico Herrasti, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya (CCEC), dijo que confían en que la SCJN intervenga porque no se atendieron las formas y los mecanismos de la democracia, fue una imposición total, con una visión unilateral, con sentido destructivo.
“Nos estamos distrayendo en asuntos que no le aportan nada al crecimiento y desarrollo equitativo al país, ni en lo social ni en lo económico, ni siquiera en lo político, empobreciendo más a la población, con más de 50 millones de mexicanos en esas condiciones”.
Al término del primer periodo de sesiones del segundo año de la LXV Legislatura federal, que concluyó el pasado 30 de abril, se aprobaron unas 20 disposiciones legislativas, que pusieron de manifiesto la radicalización, la polarización y posibles fallas procesales, que pueden derivar en ilegalidades.
“En Coparmex rechazamos este comportamiento ya que un país, que se precia de ser democrático, no debe permitir ejercicios desaseados, que atenten contra la voluntad ciudadana y la Constitución”.
El proceso legislativo no debe estar alejado de la deliberación pública, ni negarse a escuchar la opinión de la sociedad civil; y, lo más importante, no negarse a acatar normatividad y el debido proceso.
“La cerrazón y mucho menos la militarización son la solución; lo deseable es que prevalezca el diálogo, la inclusión y el respeto a la pluralidad. Las minorías no deben ser aplastadas o acalladas por las mayorías; deben ser respetadas, y su voz debe ser escuchada para alcanzar consensos y evitar imposiciones, que son propias de gobiernos autoritarios, donde no existe el Estado de Derecho”.
“México no puede ni debe ser presa de grupos políticos y sus intereses, es necesario que el Poder Judicial resuelva cualquier controversia, por el bien mayor de nuestro país”.