SE LES ACABA EL TIEMPO A LOS CONGRESISTAS; AJUSTAN CONSULTAS A REFORMAS

*Abren consulta en personas con discapacidad
*Crear Instituto de Personas Adultas Mayores
*Darán salida a 20 iniciativas sobre infancias
*Injustificable atropello a trabajadores con afores
*Reforma fiscal y cambio estructural en el gasto

GARANTIZARÁN INCLUSIÓN EN TOMA DE DECISIONES

Conscientes de que se termina el tiempo de esta LXV Legislatura de Guanajuato, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, que preside Katya Cristina Soto Escamilla, ajustará el programa de consultas, estudios y análisis de diversas iniciativas, como la de Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y 20 relacionadas con las infancias.
En su sesión de este miércoles 24 de abril, la comisión acordó remitir las iniciativas sobre reformas a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad al Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (Ingudis), a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) y a la Coordinación General Jurídica, a fin de fortalecer los mecanismos para que las personas con discapacidad tengan mayor posibilidad de participación en la toma de decisiones, reducir la brecha de desigualdad y garantizar la igualdad de oportunidades.
También se habilitará una liga en el portal de internet del Congreso del Estado, para consulta y participación ciudadana. Además se solicitará la opinión del Instituto de Investigaciones Legislativas y se implementará un mecanismo de consulta a las personas con discapacidad y organizaciones, y se integrará un grupo de trabajo. En esta materia se hará un trabajo conjunto con la Comisión de Justicia, de acuerdo a determinación de la Junta de Gobierno.
Todos los consultados, incluyendo la ciudadanía en general, tienen hasta el 28 de mayo para remitir sus comentarios. Se pretende que las reformas se dictaminen ese mismo mes.

INCORPORARÁN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Aunque las reformas propuestas a Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, buscan incorporar elementos para el cuidado y protección, atención y desarrollo integral, de la persona adulta mayor, a fin de que pueda preservar su calidad de vida, en un ambiente libre de violencia, fomentando un envejecimiento activo y saludable, al cuarto para las tres, incorporan la obligación de crear, de manera progresiva, albergues y casas de estancia, en los 46 municipios del estado.
Por la premura del tiempo, los diputados de la comisión aprobaron ajustes en la metodología de análisis, empatando las cuatro iniciativas para su revisión de manera conjunta, de acuerdo a las propuestas de los congresistas David Martínez Mendizábal y José Alfonso Borja Pimentel.
Las iniciativas proponen garantizar los derechos de las personas adultas mayores y la creación de un Instituto de las Personas Adultas Mayores; establecer que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado instale, de manera progresiva, albergues y casas de estancia en los 46 municipios del Estado; e incorporar en la ley una serie de elementos para el cuidado, atención y desarrollo integral de la persona adulta mayor.

HAY 20 INICIATIVAS EN MATERIA DE INFANCIAS

En el tema de las infancias, hay 20 iniciativas en proceso de dictamen, en las que se proponen reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, en las que se incorpora el reconocimiento del derecho humano a la alimentación y regula una serie de medidas para su garantía, así como acciones para detección y atención de problemas de salud mental en las infancias y adolescencias; supervisar las aplicaciones y juegos en aparatos tecnológicos, dentro de los planes de estudio, con el fin de evitar que consuman contenido de poca calidad educativa en horario de clase; proteger a quienes se encuentran en desamparo familiar; brindar atención especializada en casos de orfandad, a causa de emergencias; instrumentar medidas para garantizar el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal; atender y proteger al grupo migrante; prevenir y atender los casos de abandono y deserción escolar, entre otros.
Se planteó, de igual manera, realizar una armonización legislativa con la Ley General en temas de no violencia, igualdad sustantiva, seguridad jurídica y debido proceso, así como embarazo infantil y adolescente, para evitar la deserción escolar; además, incorporar el reconocimiento del derecho de la niñez a ser protegidos contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nociva para su salud o para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social; proteger, en los procesos electorales, la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes.
El dictamen, que pudiera estar listo la próxima semana, se socializará con quienes participaron en la consulta, incluyendo a los niños y adolescentes, para que conozcan el impacto de sus comentarios.
En la sesión estuvieron presentes Katya Cristina Soto Escamilla, Esther Hernández Contreras, David Martínez Mendizábal (presidente), José Alfonso Borja Pimentel y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.

AFECTAN REFORMAS A LOS MÁS VULNERABLES

Gonzalo Hernández Hernández.

Aunque las reformas sobre los ahorros de los trabajadores de 70 años y más que estén inactivas, se haya aprobado por la mayoría de morena y sus aliados en en la Cámara de Diputados, no deja de ser un atropello constitucional al derecho privado de cada trabajador y de sus deudos. El recurso del que se habla, 40 mil millones de pesos, es totalmente insuficiente para el beneficio que se persigue, pero sí de gran ayuda para familias afectadas, que seguramente son de las más vulnerables.
Gonzalo Hernández Hernández, presidente de la Asociación de Empresas de la Zona Industrial (ASEZI), de Apaseo el Grande, consideró que el gobierno federal, en vez de apropiarse de ese dinero, debería estar buscando a los beneficiarios para que puedan disponer de esos recursos.
La medida aprobada por los diputados de morena es aterradora, si se considera que cada vez más van escalando en el autoritarismo, que las distingue, la cual va ligada a la reforma a la Ley de Amparo, que impide que el beneficio sea colectivo, la que también afecta a los grupos más vulnerables, porque promover un amparo cuesta dinero.

FINANZAS PÚBLICAS SANAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó 10 propuestas para tener finanzas públicas sanas en la próxima administración, atendiendo a que el sector público federal enfrenta múltiples desafíos en materia de finanzas públicas, que amenazan su capacidad para proveer bienes y servicios en el mediano-largo plazo. Entre sus propuestas destacan: una reforma fiscal, fundamental para incrementar el ejercicio de los recursos públicos a nivel federal; la creación de una Oficina de Infraestructura para evaluar los proyectos, y vincular la asignación de recursos públicos con los resultados de los programas presupuestarios.

Sobre los tres puntos señalados, añade la necesidad de que la reforma fiscal debe condicionarse a un cambio estructural en el ejercicio de los recursos públicos, “que garantice una mayor provisión de bienes y servicios públicos de calidad para la población mexicana; por lo que, además de incrementar los ingresos públicos, es fundamental realizar cambios estructurales en la manera en la que se ejercen, desde vincular la asignación de recursos a programas sociales con sus resultados, hasta evitar la construcción de obras de infraestructura cuyos costos sean mayores que sus beneficios para la sociedad”.
El contexto, lo expresan los datos oficiales de 2024, que registra un incremento desproporcionado del gasto, en comparación con el crecimiento de los ingresos, con un déficit del sector público federal, en su mayor nivel en términos absolutos de 1.70 billones de pesos y como porcentaje del producto interno bruto (PIB) del 5.0%, el más alto desde 1990. Como consecuencia de este déficit, y los observados en años anteriores, el saldo de la deuda del sector público ascenderá a 17.05 billones de pesos y su costo financiero será de alrededor de 1.23 billones de pesos, equivalente al 14.2% del gasto total estimado.

El apoyo a Pemex alcanzó un total de 1.65 billones de pesos, entre 2019 y 2023, monto que equivale a 1.8 veces el presupuesto ejercido, en conjunto, en 2023, por las secretarías de Bienestar (412.8 mmdp), Educación Pública (421.3 mmdp) y Salud (105.8 mmdp).
La estrategia de rescatar a Pemex se ha limitado sólo a transferencias, sin exigir cambios de fondo en la gestión de la empresa; se requieren cambios estructurales en su modelo de negocio.
La Oficina de Infraestructura debe garantizar que la infraestructura pública que se construya genere más beneficios que costos para la sociedad. Debe ser una oficina independiente del gobierno federal, conformada por expertos en infraestructura y evaluación socioeconómica de proyectos, para elaborar los estudios técnicos necesarios para el desarrollo de proyectos de infraestructura desde su planeación. Esto incluye diagnósticos de necesidades de infraestructura federal, estudios de factibilidad legal, manifestaciones de impacto ambiental y análisis costo-beneficio, entre otros.
La propuesta considera necesario vincular las asignaciones presupuestarias con los resultados cuantitativos y cualitativos del desempeño de los programas del sector público, para evitar incrementos injustificables de presupuesto a programas cuyas evaluaciones de diseño, consistencia, resultados e impacto, por mencionar algunas, no demuestren técnicamente un impacto positivo en la población beneficiaria que justifique su costo, mediante la implementación del Índice de Seguimiento al Desempeño (ISeD) que publica anualmente la Secretaría de Hacienda, como un “insumo estratégico para la toma de decisiones en materia de asignaciones presupuestarias”.

Entre otros puntos, propone focalizar el programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM), acotando los beneficios del programa de tres mil pesos mensuales a todos las personas de 65 y más que acrediten la necesidad de este apoyo; la medida dotaría de progresividad al beneficiar a más población de menos ingresos y reduciría su costo para la hacienda pública que, en 2024, ascenderá a 465 mmdp o 5.1% del presupuesto total estimado, de 9.07 billones de pesos. Destinar más recursos a investigación y desarrollo, fundamental para impulsar el crecimiento económico. En este rubro, el contexto indica que, en 2021, México apenas destinó 0.28% del PIB a la ciencia e investigación y desarrollo, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (0.55%) y significativamente inferior al promedio de países con economías similares (1.56%). Además, en 2024, el gasto aprobado del sector público para esta categoría es de 59.9 mmdp, lo que representa una disminución real de menos 13.0% en comparación con 2018, en que se destinaron 51.5 mmdp.
La administración que tome posesión el próximo 1 de octubre tendrá a su disposición una bolsa de recursos de alrededor de 7.77 billones de pesos durante su primer año de gobierno. Para maximizar el impacto positivo de esos recursos en la calidad de vida de la población, el nuevo gobierno, junto con los recién electos integrantes del Congreso, deberá implementar políticas que prioricen la efectividad, la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos.
https://imco.org.mx/diez-propuestas-en-materia-de-finanzas-publicas-2024-2030/