SE SUMA CONGRESO LOCAL A REFORMA FEDERAL SOBRE SEGURIDAD

*Restituye fondos de apoyo a municipios
*Rechazan Prisión Preventiva Oficiosa
*Borran equilibrio de órganos ciudadanos

FORTALECEN REFORMAS SEGURIDAD PÚBLICA

El Pleno del Congreso de Guanajuato, como Constituyente Permanente, avaló la reforma constitucional en materia de seguridad pública y la relativa a la protección y cuidado animal, al aprobar los dictámenes, en sentido positivo, sobre las minutas federales de la materia; no avaló la reformas constitucionales sobre la Prisión Preventiva Oficiosa y sobre la Simplificación Administrativa, que desaparece los órganos autónomos, al aprobar los dictámenes elaborados en sentido negativo. En esta sesión también se aprobaron reformas a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato y a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, así como la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2025.

Sobre las reformas en materia de seguridad pública, que es el tema de mayor preocupación entre los ciudadanos, el diputado Aldo Iván Márquez Becerra, autor del dictamen, estableció que Guanajuato se suma a las 23 legislaturas estatales que ya aprobaron la reforma y que aún no se publica. El dictamen reconoce la importancia que da al trabajo en conjunto, coordinado y colaborativo, para restablecer la paz en todo el país y garantizar a todas las personas la tranquilidad y el respeto a todos sus derechos.

Se sumó Erandi Bermúdez, quien destacó el reconocimiento del problema y el haber restituido los fondos para atender el problema desde la prevención, con las policías municipales -el eslabón más débil de la cadena-, las policías estatales y las federales. Dado que coincidieron en no politizar el tema de seguridad, las consideraciones parlamentarias del PRI y de MC, representadas por Alejandro Arias Ávila y Rodrigo González Zaragoza, respectivamente, ahondaron en los aspectos positivos de la reforma, confiando en que haya resultados favorables para los guanajuatenses y todos los mexicanos.

Las atribuciones que potencializan a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), de acuerdo al dictamen sobre esta reformas, son:
-Otorga atribuciones (o incorpora al sistema) de investigación en materia de delitos al ministerio público, la Guardia Nacional y policías de los tres niveles de gobierno. Esto implica compartir información y colaboración en la investigación.
-La participación en la investigación de los delitos coadyuvará al cumplimiento de las órdenes de aprehensión, bajo la coordinación y mando del Ministerio Público Federal.
-Constitucionalizan los fondos de ayuda federal: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública; y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones de la Ciudad de México.
-El ejercicio de los fondos serán ejercidos, vigilados y auditados a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

-Se eleva al rango constitucional del Secretariado Ejecutivo del SNSP, con competencia específica para emitir acuerdos, lineamientos y realizar acciones que homologuen estándares de actuación, coordinación y concurrencia eficiente de los tres órdenes de gobierno.
-Se fortalecen las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), que fungirá como ente articulador de las instituciones del SNSP, permitiendo que la investigación de los delitos se base en inteligencia, información, estrategia y análisis de datos, aprovechando los avances tecnológicos.
-Se fortalece la competencia de la SSPPC para que coordine y dirija la estrategia nacional en materia de seguridad pública. Será la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) en materia de seguridad pública y de liderar las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno, a través de sus corporaciones.

En este sentido, la reforma potencializa las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que asume el liderazgo y la directriz del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), no sólo para la vigilancia y control de los fondos federales destinados a la seguridad, sino que también establece las facultades del Secretariado Ejecutivo para emitir acuerdos y lineamientos, homologar estándares de actuación y demás aspectos que sienten las bases para la renovación y el fortalecimiento estratégico en materia de seguridad.
También se aprobó, en sentido positivo, las reformas para la protección y cuidado animal, que prohíbe el maltrato animales, tanto en la crianza como en el aprovechamiento para el consumo, se incluye la incorporación de esos temas en los planes y programas de estudios de la educación en México, entre otros aspectos. Además de Aldo Márquez participaron en la defensa: Ana María Esquivel Arrona y Luz Itzel Mendo González.

UNA MEDIDA ARBITRARIA FRENTE AL PODER

Sobre el dictamen de la Prisión Preventiva Oficiosa, elaborado en sentido negativo, se expuso que, a pesar de que esté el Constitución, no deja de ser una medida arbitraria, porque atenta contra la libertad, los derechos humanos y el estado de derecho; además, vila una determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a México hacer cambios a la prisión preventiva oficiosa, al considerar que vulnera los derechos de las personas.
Al respecto, Susana Bermúdez Cano, autora del dictamen, calificó “como una dictadura lo que se vive en el país, por tener un ejército sobre empoderado, una prisión automática, la inexistencia de órganos autónomos, el no contar con contrapesos en el Congreso, con la división de poderes desarticulada y por tener al Poder Judicial capturado”.

Por su parte, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor aclaró que la prisión preventiva oficiosa está debidamente contemplada, tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales; brinda tranquilidad a las víctimas, garantiza la protección de la vida, la salud y el patrimonio frente a riesgos procesales que están fuera del control de las autoridades.

La diputada Karol Jared González Márquez comentó que a pesar de que la prisión preventiva oficiosa se encuentre establecida en la Constitución, ello no garantizará que deje de ser una figura jurídica arbitraria, pues es contraria al debido proceso y violatoria de derechos humanos.
Se sumó la legisladora Rocío Cervantes Barba indicó que constituye el instrumento legal más violento que posee el Estado, debido a que este mecanismo dictado al iniciar el proceso penal supone una privación de libertad basada en un pronóstico, una probabilidad, y no en la certeza probatoria y la culpabilidad de la persona; esta medida debe ser la última alternativa para el aseguramiento del desarrollo y resultado del proceso; además, no se debe aplicar sin la ponderación de un juez, a petición justificada del Ministerio Público debidamente fundada, razonada y proporcional al delito y a las circunstancias que lo rodean.
Preocupa que la prisión preventiva siga viéndose como solución a los problemas que aquejan al país, porque, hasta hoy no hay pruebas de su efectividad ni de que contribuya a erradicar la inseguridad, dijo la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco.

DEBATEN SOBRE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

No menos controversial resultó el debate sobre la minuta federal, que propone reformas para la Simplificación Administrativa, con dictamen de este Congreso en sentido negativo, ya que la propuesta “vulnera la protección de los datos personales y el acceso a la información, no se tendrá una institución seria que mida la pobreza, habrá una falta de atención al consumidor, no se verán preciso de energía justos, no habrá una regulación imparcial en telecomunicaciones y no se tendrá una medición objetiva de la educación”, expuso el diputado Juan Carlos Romero Hicks, autor del dictamen, considerando que para tener una democracia fuerte se necesita una rendición de cuenta, proveer la estabilidad del desarrollo político, económico y social, tener un Poder Judicial independiente, organismos legislativos fuertes e independencias y una gobernanza con eficacia y resultados con participación ciudadana. La centralización no abona a tener contrapesos en el poder, se pierde la imparcialidad y con ello la transparencia, la seguridad jurídica, entre otras cosas que se deben enfocar más en cómo mejorar cada una de las instituciones que se quieren suprimir.

En contraparte, el coordinador de la banca de morena, David Martínez Mendizábal, sustentó su defensa en que ganaron con 60% de la votación, casi 36 millones de votos, y que no engañaron a nadie porque dijeron cómo iban a gobernar: “Es falso que desaparezca el derecho a la información y la forma de medir la pobreza; y subrayó que lo que estaba en pugna es un tipo de Estado que quieren construir”; además de señalarlos de no saber qué es justicia social.

Entraron al debate José Erandi Bermúdez Méndez, María Isabel Ortiz Mantilla, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Rodrigo González Zaragoza, para abundar en conceptos de democracia, pluralidad, contrapesos, gobernabilidad y participación ciudadana, fortalecidos por los órganos autónomos, contrario a la apuesta del control absoluto, retrocesos y erosión de equilibrios, de la Simplificación Administrativa. Termina con instituciones por las que luchó la izquierda.
Además, abundó Tiscareño Agoitia, la reforma contraviene estándares internacionales que son compromisos establecidos por México y, por tanto, forman parte del sistema jurídico del país; además debilita la competencia económica justa, la protección del bienestar de los consumidores y elimina los contrapesos que aseguraban la rendición de cuentas.