TARIFAS DEL TRANSPORTE PUBLICO

TARIFAS DEL TRANSPORTE PUBLICO

Por Juan Miguel Ramírez Sánchez

La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a la alimentación, a la vivienda, pero también tiene derecho a la movilidad. El detalle es que muchas personas tienen que tomar hasta 4 camiones por día para realizar sus labores cotidianas, y un incremento a la tarifa del transporte público sería lastimar severamente sus bolsillos e ir en contra de su derecho a la movilidad.
La ciudadanía busca una mano amiga en los gobiernos municipales, y evidentemente ésta no es la forma de hacerlo: autorizar un incremento en el transporte público sería imprudente e insensible.
Los esfuerzos del Gobierno Federal para mantener los precios de los combustibles durante el transcurso de estos años y apoyar a los que menos tienen son evidentes, por lo mismo no es justificado el incremento del transporte en los municipios. Aumentar el costo de la tarifa en el transporte público, constituye una acción unilateral, que pareciera estar motivada por otros intereses y no por una mejora en un servicio que históricamente ha sido deficiente, indigno y peligroso.
Es bien sabido que las principales causas por las que los usuarios del transporte público guanajuatense se quejan son: inseguridad, unidades de transporte en mal estado, malos tratos, cobros indebidos por parte de los operadores, servicio deficiente e insuficiente, unidades que circulan con un número de pasajeros mayor al permitido, entre otras.
A cambio de incrementar las tarifas del transporte público, los dueños de las concesiones del transporte prometen mejorar el servicio, renovar e incrementar las unidades para que se cuente con un transporte de calidad. Pero en los municipios donde se le apoyó económicamente a los empresarios transportistas, ya sea con la autorización del aumento de tarifas o con subsidios estatales y/o municipales, para hacer lo que hoy prometen, nunca cumplieron.
Tenemos que ser una sociedad vigilante, objetiva y solidaria. Con la aprobación de las leyes de ingreso municipales, históricamente son meses donde los municipios aprovechan para tener platicas a espalda de la ciudadanía para tomar decisiones sobre las tarifas al transporte público.

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