TURISMO DE NEGOCIOS, CONGRESOS Y REUNIONES, VOCACIÓN DE CELAYA

*Recuperar y promover otra expo proveeduría
*Termina ciclo escolar 2024-2025 este martes
*Cierre progresivo de acceso a la justicia

ANALIZARÁN PROPUESTAS DEL SECTOR

Por un buen tiempo, a muchos los celayenses se les olvidó que la verdadera vocación turística de la ciudad es el Turismo de Negocios; sin embargo, en la pasada reunión con representantes del sector y las autoridades estatales y municipales, se puso sobre la mesa la oportunidad, de acuerdo a la nuevas expectativas, de reactivar e impulsar este enfoque de la economía local, que se puede complementar con otros proyectos, tomando en cuenta que hay ciudades cercanas que tienen consolidadas otras actividades, como las culturales, enológicas, de aventura y de esparcimiento, como San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Apaseo el Grande y Salvatierra, entre otros.

Jorge Luis Gámez Campos.

A este respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya (CCEC), Jorge Luis Gámez Campos, reconoció que, efectivamente, en la reunión del viernes pasado, entre las autoridades del estado y el municipio con representantes del sector turístico, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, misma que presidió la secretaria de Turismo e Identidad, María Guadalupe Robles León, y el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sáncjez, se propuso rescatar la vocación turística de la ciudad, porque es la que mueve buena parte de la economía del sector, e incluirlo como parte importante de la agenda, de tal manera que se lleven a cabo mesas de trabajo para ahondar en el planteamiento y presentar propuestas más concretas.
En este sentido, también se planteó analizar la posibilidad de rescatar la expo Sapuraiya u organizar otro foro de negocios y de expo proveeduría, para fortalecer las cadenas productivas, ya que la zona metropolitana Laja-Bajío es una de las que tienen mayor número de empresas en el estado, principalmente manufacturas del sector automotriz, aeroespacial y agroindustrial, así como de servicios.

Guadalupe Robles León.

Desde esta perspectiva, recuperar la vocación de Celaya como centro de negocios, reuniones y convenciones, parece ser una opción más viable para reactivar la economía del sector, y en general de toda actividad económica en la región, la que se detuvo debido a la pandemia y a la inseguridad que caracterizó a la ciudad en años recientes. Sin embargo, parece que la estrategia de seguridad y paz de Guanajuato -CONFIA- y las acciones del municipio, han dado resultados positivos en la reducción de la incidencia delictiva y el fortalecimiento de la seguridad en el estado, a partir de que se fortalecieron las acciones de inteligencia, prevención y presencia fuerza, así como una mayor coordinación, entre autoridades estatales, federales y municipales.

SALEN DE VACACIONES 1.2 MILLONES DE ALUMNOS

Oficialmente, este martes 15 de julio, concluyen el ciclo escolar 2024-2025 más de 1.2 millones de estudiantes de educación básica, iniciando así el período vacacional, que concluirá el 31 de agosto, para iniciar el nuevo ciclo escolar 2025-2026, el uno de septiembre de 2025.
Junto con los estudiantes, también saldrán de vacaciones 55 mil 415 docentes, aunque éstos a partir del jueves 18 de julio, ya que los días 16 y 17 tendrán el taller interactivo de formación continua.
Para los padres de familia que quieran consultar y obtener las boletas las calificaciones y los certificados de sus hijos, la Secretaría de Educación de Guanajuato, tiene a su disposición la aplicación SEG Móvil y el portal de la página web: https://trayectoriaeducativa.seg.guanajuato.gob.mx/index.aspx

SALA SUPERIOR DEL TEPJF RETIENE IMPUGNACIÓN

Por si las irregularidades en la elección de ministros, magistrados y jueces, a cuenta de diputados y senadores de morena y sus aliados, así como del Instituto Nacional Electoral (INE), no fueran suficientes, ahora se suma la actuación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al retener, de manera indebida, un expediente que impugna la reciente designación de sus integrantes, a pesar de que la Constitución establece que dicha controversia debe ser resuelta exclusivamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo a señalamientos de organizaciones de la sociedad civil, que promovieron la impugnación, como: Poder Ciudadano, Proyecto Justicia Común, Laboratorio Electoral, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Electoralista, y Práctica: Laboratorio para la Democracia.

Para estas organizaciones, el cierre progresivo del acceso a la justicia electoral, debilitamiento de las garantías jurisdiccionales mínimas y desprotección de los derechos colectivos, que busca defender la ciudadanía, son una muestra más del patrón de regresión institucional que ha marcado la actuación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en este proceso, al retener, de manera indebida, el expediente que impugna la reciente designación de sus integrantes.
Se indica que el juicio de inconformidad en contra de los acuerdos INE/CG567/2025 e INE/CG568/2025, del Instituto Nacional Electoral (INE), con los que validaron los resultados de la elección extraordinaria de magistrados de la Sala Superior del TEPJF, fue una acción legal, interpuesta ante el INE en estricto apego a la ley, con fundamento en los artículos 50 y 53 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), que señalan claramente que estos casos deben ser remitidos directamente a la SCJN.

En este caso, se responsabiliza también al INE por contravenir el marco constitucional, al turnar el expediente a la propia Sala Superior del TEPJF y, en un acto sin justificación legal, el tribunal no sólo recibió el caso, sino que además lo asignó a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Desde entonces, el expediente ha sido retenido por el TEPJF sin que exista motivo legal para ello, incumpliendo de manera flagrante con la obligación de remitirlo a la Corte de forma inmediata.
La retención injustificada -dicen los quejosos- constituye una interferencia institucional indebida y un intento evidente de obstaculizar la revisión constitucional de una elección que involucra a los propios integrantes del tribunal, lo que pone en entredicho su imparcialidad y su compromiso con la legalidad democrática. (Información de la agencia DIFUNET).